Carlos Tuberquia Moreno, alias “Nicolás”, era el prestidigitador del Clan del Golfo. Su mente criminal manejaba los hilos del cartel del narcotráfico más poderoso del país, mientras su jefe Dairo Úsuga (“Otoniel”) se ocultaba de la persecución estatal en el monte.
Cuando los comandos de la Policía golpearon la puerta de su finca escondite, en el municipio antioqueño de San Rafael, todos entendieron que había llegado el fin de una era en la lucha contra esta organización.
“Nicolás” era el último miembro del estado mayor de esa jerarquía que quedaba. Una selecta cúpula de cinco patrones que estaba vigente desde 2013, y tenía el poder para regentar a una estructura de cuatro bloques divididos en 38 frentes, 3.800 hombres con redes en 20 departamentos y células en Panamá, Venezuela y España.
Tenían el bajo mundo a sus pies, pero el karma de la guerra les fue cobrando las cuentas uno por uno. El primero en morir en un operativo policial fue Jairo Durango (“Guagua”), en la localidad chocoana de Medio Baudó (23/3/16); luego falleció Roberto Vargas (“Gavilán”), en una acción similar en una ciénaga de Turbo (31/8/17); a la tumba los siguió Luis Padierna (“Inglaterra”), en otro enfrentamiento en la zona rural de Cúcuta (23/11/17); y el último en perecer a manos de la Fuerza Pública fue Aristides Mesa (“el Indio”), en Montelíbano, Córdoba (28/3/18).
La muerte de sus más cercanos alfiles derivó en la paulatina pérdida de control de “Otoniel” sobre las tropas y el territorio. En Bajo Cauca, el frente Virgilio Peralta se fragmentó, dando origen a la banda “los Caparrapos”, que ahora les disputa el negocio en Tarazá, Cáceres y Caucasia.
Otros frentes de batalla se abrieron en Guaviare, Nariño y el Norte antioqueño, contra las disidencias de las Farc.
Y la responsabilidad de lidiar con eso, además de la trepidante cacería de las fuerzas del orden, recaía en “Nicolás”, el sobreviviente del estado mayor. A sus 42 años y con una vasta experiencia en cuestiones de la mafia, presentía el final de ese camino: un balazo mortal. Por eso eligió rendirse aquella mañana del pasado 5 de agosto en San Rafael; y “Otoniel”, que lo quería como a un hijo, no se lo perdonó.
Para mantener al Clan del Golfo unido, “Otoniel” conformó un nuevo círculo de confianza, ascendiendo a los lugartenientes que sobresalieron en los últimos once años, por su carácter sanguinario, contactos de narcotráfico o su capacidad para el manejo de los hombres.
A diferencia de los anteriores comandantes del estado mayor, estos no lo acompañaron en sus días de lucha guerrillera en el Epl de los 90, ni están formados en la seudo doctrina del grupo (una perversión del pensamiento gaitanista), pero saben comerciar con cocaína y por sus venas fluye sangre paramilitar.
Fuentes de Inteligencia y de organismos judiciales, revelaron quiénes conforman el anillo de poder de “Otoniel”. El primero de la lista es Giovanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el principal coordinador de las rutas de tráfico marítimo de cocaína hacia Centroamérica, EE. UU. y Europa.
“Este hombre le ha arrebatado rutas a otros cabecillas del Clan, es guerrerista y le genera mucho dinero a la estructura”, indicó un investigador, pidiendo la reserva de identidad. Según datos de la Fiscalía, “Chiquito Malo” impuso un cobro a los narcos que usan las plataformas de embarque controladas por el cartel, quienes deben pagar $28 millones por cada kilo de cocaína enviado a un puerto europeo.
La Policía estuvo a punto de capturarlo el 21 de octubre de 2015 en la vereda Manuel Cuello, de Turbo. Estaba reunido en un campamento con “Inglaterra” y cuando incursionaron los comandos, sus escoltas protegieron el escape de los cabecillas con una lluvia de plomo. En el tiroteo hubo tres muertos y cuatro detenidos del anillo de seguridad.
La captura de “Chiquito Malo” es también una prioridad de la justicia estadounidense, que en junio de 2015 solicitó su extradición.
El siguiente en la cúpula es Nelson Darío Hurtado Simanca (“Marihuano”), quien peleó junto a “Otoniel” en el bloque Centauros de las Auc, del cual se desmovilizó en 2005.
Es el comandante del bloque Central Urabá del Clan del Golfo, a cargo de unos 700 militantes en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y San Pedro de Urabá.
Con él ascendió su mano derecha, Wilmer Antonio Quiroz (“Siopas”), un antiguo guerrillero que en 2008 desertó del frente 58 de las Farc. Hoy lidera el frente Zuley Guerra, con injerencia en los municipios de Moñitos, San Pelayo, Puerto Escondido y San Bernardo del Viento (Córdoba).
“Marihuano” y “Siopas” estarían involucrados, según fuentes judiciales, en el ataque que dejó ocho policías muertos el pasado 11 de abril en San Pedro de Urabá, cuando una bomba fue detonada al paso de su camioneta.
Otro hombre de la entraña de “Otoniel” es Neil Antonio Acosta Manga (“Cole”), cabecilla del frente Occidente, al mando de 600 delincuentes que azotan 15 municipios del noroccidente de Antioquia.
“Cole” es el encargado de dirigir una violenta incursión del Clan en Ituango y Briceño, donde pelean con las disidencias del frente 36 de las Farc, provocando homicidios y desplazamientos forzados desde finales de 2017.
Este gabinete mafioso lo complementan Eber Enrique Monterrosa Ramos (“Furia”), jefe del bloque Pacífico Jairo Durango, con influencia en el corredor costero de Chocó hasta Nariño; y José Emilson Córdoba (“Negro Perea”), líder del frente Efrén Vargas, que delinque en Unguía, Acandí y la frontera con Panamá.
Este último, según informes de Inteligencia, es el miembro más resistido de la cúpula. No estaba de acuerdo con los acercamientos entre el Clan y el Gobierno para acordar el sometimiento de la estructura, y además fue acusado por otros integrantes de no reportar todas las ganancias del narcotráfico en su zona.
En consecuencia, “Otoniel” lo puso bajo órdenes de “Furia”, para sofocar cualquier sospecha de rebelión. Esto significa que no todo es armonía en la madriguera del Clan del Golfo.
En septiembre de 2017 se hicieron públicos los acercamientos entre el grupo armado y la Casa de Nariño, por parte de “Otoniel” y el entonces presidente Juan M. Santos.
El Gobierno aprobó la Ley 1908 de 2018 para reglamentar las condiciones de sujeción a la justicia de ese tipo de organizaciones, pero a la fecha no se ha concretado nada.
“Nicolás” coordinaba las gestiones del Clan, pero cuando cayó al calabozo fue desautorizado por “Otoniel”. Ahora no representa a nadie, está por su propia cuenta y muchos dentro de la banda lo ven como un traidor.
Periodistas indagaron con delegados de las partes para saber en qué estado quedaron los avances. La conclusión es: “congelados”.
La Fiscalía ya tenía un inventario de los miembros del Clan identificados y los abogados del grupo ilegal habían elaborado el borrador de las cartas de sujeción a la ley para más de 3.000 personas.
Desde la perspectiva del ente acusador, no todos los frentes de la facción están decididos a dejar las armas. Y los delegados del cartel no han recibido instrucciones concretas de la nueva cúpula.
Buscamos la postura del gobierno del presidente Iván Duque, pero las solicitudes elevadas a la Presidencia y los ministerios de Justicia y Defensa no han sido respondidas. Entretanto, en el terreno sigue la lucha contra la gente de “Otoniel”, con la Operación Agamenón.
Agentes policiales que participan en ese esfuerzo desde 2015 creen que varios de los cabecillas solo están interesados en acumular dinero para una eventual “jubilación”, si se da el desarme. Otros, en cambio, subieron al trono para continuar la saga de plata, plomo y sangre sobre las tierras que pisa el Clan.
