170 hogares comunitarios del Icbf estuvieron 8 días sin recibir paquete alimentario. Operador solo respondería por el contrato hasta el viernes.
Sin desayuno, almuerzo ni refrigerio estuvieron desde hace más de una semana 2.210 niñas y niños de 0 a 5 años beneficiarios del programa de hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Urabá.
La razón es que la Asociación María Auxiliadora, el operador a quien el Icbf le entregó el contrato por $5.300 millones en noviembre del año pasado no tiene con qué responder sus obligaciones y está buscando a quien cederle el contrato pero aún no lo ha encontrado.
La Asociación María Auxiliadora debía asegurar hasta el 31 de octubre de este año la alimentación de 936 niños en Apartadó, 845 en Chigorodó, 286 en Vigía del Fuerte, 65 en Murindó, 52 en Mutatá y 26 en Carepa. Todos estos niños y niñas están al cuidado de 170 madres comunitarias que hace poco más de un mes tuvieron que salir a paro por atrasos en sus pagos.
La entrega de alimentos se suspendió sin previo aviso el lunes de la semana pasada y apenas se ha retomado entre ayer y hoy porque el contratista no tiene cómo comprar la comida. Según dos madres comunitarias de la zona, solo recibieron comida que les alcanza hasta el viernes de esta semana pero luego no saben qué va a pasar con la atención de los niños ni con sus salarios. “Yo no voy sino hasta el viernes y a partir de ahí ya quedan en manos del Icbf”, dijo en una llamada con las madres un representante del contratista.
Pese a esto, Isabel Cristina Patiño, directora regional del Icbf en Antioquia, reconoce que si bien el operador ha incumplido con el contrato y ha manifestado querer terminarlo, no es prudente aceptar esta terminación porque “por asuntos administrativos y jurídicos sería perjudicial para la atención de los niños y de las madres comunitarias”. De manera que el Icbf todavía no tiene un plan B para después de este viernes cuando el operador no vuelva a mandar comida.
Dudas en la adjudicación
Ni las madres comunitarias más experimentadas ni otros operadores de este tipo de programas en la región se explican cómo fue que la Asociación María Auxiliadora se ganó ese contrato sin tener ninguna experiencia en el departamento. De acuerdo con la invitación del proceso publicada por el Icbf, en la que participaron cinco organizaciones, la experiencia en el territorio daba 45 de los 100 puntos de calificación para seleccionar el operador. Otros 45 puntos los daba la trayectoria y las sanciones, y los 10 puntos restantes el talento humano adicional que la empresa le ofreciera al programa.
Al revisar la experiencia de la Asociación en el Secop apenas aparecen tres contratos anteriores a diciembre del 2022 (cuando se ganó el actual que está incumpliendo), y todos son de Sincelejo con la seccional del Icbf en Sucre. Además, todos esos contratos eran por cuantías mucho menores que la del convenio de Urabá.
Sobre esto, el Icbf responde que el proceso de selección del operador se hace a través de una plataforma y que es un sistema y no una persona de la seccional regional quien acredita las capacidades y experiencias de quienes participan en el proceso.
Consultamos a otros operadores expertos en este tipo de programas a los que incluso les han ofrecido recibir este contrato en los últimos días y explican que la razón por la cual ningún contratista se anima a tomarlo es porque el dinero que paga el Icbf por cada niño no alcanza para cubrir los gastos logísticos de llevar la comida hasta veredas recónditas a donde muchas veces solo se puede llegar en bote.
Respecto a la calidad de la comida que han recibido los niños desde que empezó el contrato, las madres dicen que reciben alimentos de “mala calidad y poca cantidad”. “Es la minuta del hambre”, dicen.
