Los niños del “baby boom” de las antiguas Farc hoy ya rondan entre los cuatro y los cinco años. Son los hijos de la paz nacidos en las entonces zonas veredales donde se concentraron los excombatientes tras la firma del Acuerdo en 2016.
Una decena de ellos corretean por San José de León, una vereda de Mutatá, en el Urabá antioqueño, en donde se instalaron sus padres hace cuatro años y que hoy se ha convertido en un poblado.
A San José de León se llega en una hora por la vía que baja desde Apartadó hacia Mutatá. Se pasa por Carepa y Chigorodó, y se desvía por un punto antes del río La Fortuna. El camino que lleva al caserío está perfectamente pavimentado y tiene otros tramos en placa huella. La vía la hicieron los exguerrilleros, y ellos mismos la mantienen transitable. Dicen que la disciplina con la que han asumido su compromiso en la reincorporación se la deben a Rubén Cano, o Manteco, emblemático jefe guerrillero que los comandó en las Farc en el frente 58 y ahora los lidera en la paz desde que se los trajo de Gallo, en Tierralta (Córdoba), hasta este rincón del Urabá.
Pero no es el único liderazgo. En la zona hay un puñado de mujeres que han empujado desde la base la reincorporación de los antiguos combatientes. En las filas de la guerrilla no ocuparon posiciones de poder, pero ya en la vida civil han sacado a relucir su alto nivel de dirigencia.
Lilia Tavera, conocida en la guerra como Adriana, interrumpe su trabajo en la panadería que tiene en su casa para atender al equipo de Colombia+20. Cuenta que, tras la firma de la paz, las mujeres exguerrilleras de este espacio decidieron conformar en 2018 el Comité de Mujer y Género, que hoy integran cerca de 20 mujeres y que ella preside. Desde allí gestionan proyectos productivos para ellas y otros en los que participan junto a los hombres.
El primero que lograron levantar fue la Casa de la Mujer. Aunque en principio fue pensada como un espacio de encuentro, decidieron aprovechar la infraestructura para ejecutar un proyecto de confección y lograron gestionar una decena de máquinas de coser. De la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lograron que el Sena les diera capacitaciones y formara a las mujeres.
Luz Alcira Ocampo, una de las seis mujeres que están de planta en el proyecto de confecciones, afirma que eventualmente consiguen contratos con alcaldías de municipios de la zona para fabricar, por ejemplo, uniformes deportivos para equipos de jóvenes que compiten en torneos públicos. La idea es que a futuro este proyecto pueda convertirse en una fuente real de ingresos para las mujeres del comité.
Aunque hay desesperanza por el estado de la implementación del Acuerdo, cinco años después de la firma, Luz Alcira prefiere mantenerse fiel a lo pactado y seguir insistiendo en la reincorporación. “A mí me parece que tejiendo aquí o construyendo ropa hago más que sentándome a decir ‘no, es que esto no va a funcionar’. Así el Gobierno no cumpla, toca pararse en la raya y cumplir. Poner de nuestra parte y mostrar que sí estamos cumpliendo”, dice sentada detrás de la máquina de coser que sigue aprendiendo a utilizar.
Para que las mujeres asistan a sus jornadas de trabajo en el proyecto de confecciones, o en otros emprendimientos que tienen en el espacio, gestionaron también con el PNUD un centro de cuidado para esos hijos e hijas que nacieron en el “baby boom” de 2017. En la mayoría de los casos recayó sobre ellas el cuidado de los hijos y no sobre los hombres, que se iban a trabajar en los proyectos productivos de la reincorporación. Justamente esa es la tendencia que quieren revertir en San José de León.
Además del proyecto de confecciones en la Casa de la Mujer, tienen en marcha un proyecto de cacao que sembraron hace poco y un restaurante que está en construcción para atender en el futuro a turistas, visitantes o funcionarios que lleguen a esta denominada Nueva Área de Reincorporación (NAR). Cinco años desde la firma de la paz todo parece estar iniciando hasta ahora. “Todo ha sido una lucha”, explica Adriana.
No muy lejos de allí, también en el Urabá, pero del lado chocoano, otro grupo avanza en su tránsito a la legalidad de la mano de la Asociación de Mujeres del Río Jiguamiandó (Asomujigua). Son 63 mujeres que habitan las 12 comunidades de la cuenca del Jiguamiandó y que en su mayoría fueron víctimas del desplazamiento masivo de 1997, cuando entraron al territorio las operaciones Génesis y Cacarica, la primera de la Brigada XVII del Ejército y la segunda de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Nueve de las 63 mujeres que integran Asomujigua son exguerrilleras que operaron en la zona y comparten el principal postulado de la Asociación: que las mujeres generen ingresos propios y dependan de sí mismas. No hubo un acto de perdón o resarcimiento desde las firmantes de la paz hacia la comunidad de la zona, antes de que entraran a ser parte de la Asociación. Lo que pasó, explica Noelia Paz, representante de la Asomujigua, es que entre talleres y capacitaciones se fue difuminando la línea entre exguerrilleras y las otras mujeres de la comunidad.
Eso lo dice también Luz Mary Rico, conocida en la guerra como Eliana, quien en un momento fue parte de Asomujigua. “Al final, nunca nos han mirado diferente”, sostiene.
La Asociación está por inaugurar el centro de cuidado con el que las apoyó el PNUD para el cuidado de los niños y niñas, y ellas puedan dedicarse de lleno al trabajo. En su caso, tienen un proyecto de artesanías y otro de plantas medicinales, en los que estas mujeres negras mantienen viva su ancestralidad. Por cuestiones de la pandemia habían quedado detenidos, pero se han ido organizando de nuevo para reactivarlos.
