Una denuncia indicaría que el Clan del Golfo tendría en la mira a varios jueces y fiscales
Por Noticias UrabáSigue la crisis de seguridad en Antioquia por la arremetida que asumieron las organizaciones delincuenciales en contra del Estado. A la lista de víctimas se sumaron los integrantes de la rama judicial que operan fuera del Valle de Aburrá: al parecer, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró amenazas y lo mismo identificaron las alcaldías.
La primera alerta fue emitida por la policía judicial en el municipio de Rionegro. En una carta firmada por el coordinador local de esa unidad de la Fiscalía, Héctor Manuel Vélez Correa, enumeró los riesgos que tendrían los funcionarios porque el Clan del Golfo los habría declarado blancos del plan pistola. En consecuencia, pidió extender las medidas de protección.
El documento tenía como receptora a la coordinadora del palacio de justicia de este pueblo; sin embargo, se filtró en las redes sociales, por lo que alteró la preocupación de los habitantes, dado que no se tenía conocimiento de la operación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en esta zona del oriente antioqueño. Ante el escenario, los funcionarios de la rama judicial se blindaron.
“Esta unidad ha obtenido información [de] que en Rionegro y otros municipios están haciendo presencia integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo, quienes tienen como objetivo principal, por el llamado plan pistola, atentar no solo contra integrantes de las fuerzas armadas, sino contra servidores públicos”, se lee en la carta del ente de acusación.
Supuestamente, los ilegales estarían usando a campaneros para hacerles seguimiento luego de identificarlos en los inmuebles oficiales. A juicio del investigador, el riesgo estaría activo, no solo en las oficinas, sino en medio de los recorridos. Este escenario se repite en otras poblaciones del Urabá, en donde trasladaron las actividades judiciales a la virtualidad hasta la próxima semana.
No obstante, en un consejo de seguridad que se celebró en Rionegro, las autoridades concluyeron que, hasta el momento, no existe una noticia criminal ni información formal que corrobore la situación que advirtió el CTI. Así las cosas, la Alcaldía le pidió a la Fiscalía aclarar la comunicación sobre la presencia del grupo criminal y las amenazas a la fuerza pública.
El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia rechazó las intimidaciones de las que ha sido objeto: “No es aceptable, desde ningún punto de vista, que los diversos estamentos de la administración de justicia sean objeto de hostigamientos en el ejercicio de su función, lo que va en desmedro de la colectividad. Rodeamos y respaldamos a los servidores judiciales en su labor”.
Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, los sindicalistas reiteraron que la justicia debe ser independiente, regida por la Constitución Política. Es decir, la operación no debe tener interferencias de ningún tipo y mucho menos la de presiones inescrupulosas que emiten los supuestos miembros del Clan del Golfo, cuyos propósitos son desconocidos por la rama judicial.
“Se exhorta a las instituciones legalmente constituidas para que se garantice la seguridad de todos los servidores judiciales, además que tengan la plena garantía de que podrán seguir ejerciendo su labor sin intromisiones de ningún tipo”, concluyeron los funcionarios públicos que tienen a cargo buena parte de los expedientes que vinculan a las AGC con un centenar de delitos.
Esta información se conoció en medio del interés que ha expresado tener el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales por entrar en un proceso de paz que prometió impulsar el presidente Gustavo Petro en medio de su campaña política. En un documento conocido por SEMANA, prometen acogerse a un proyecto donde transiten de la ilegalidad a la vida civil, y el Gobierno está dispuesto a negociar.
