La región de Urabá ha sido sometida a una tensión imprudente que ya ha causado costos tan graves como la pérdida de una vida humana, los daños materiales, el distanciamiento de la zona con las autoridades departamentales y nacionales, así como impactos negativos sobre las exportaciones de banano y plátano, pilares del desarrollo de la subregión y de Antioquia. Tales resultados demuestran, lamentablemente, lo equivocada de la alternativa de confrontación que algunos sectores escogieron para enfocar su descontento con los peajes para la construcción de la Transversal de las Américas.
La estrategia de movilizaciones, politización de la protesta y presión contra el Gobierno, pero también contra todas las actividades de la región, es el resultado de tres equívocos por los que son igualmente responsables los promotores del movimiento regional y el Gobierno Nacional, aquí a través de la ANI. El más errado es el de creer, y exigir, que esta clase de proyectos de infraestructura se tengan que construir sin exigir contraprestaciones a los usuarios. Uno común es el de creer que la movilización social debe hacerse con confrontaciones con tinte populista que presionan a la contraparte. A estas posturas, el Gobierno responde con una intransigencia que resulta poco creíble dada su preferencia por negociar bajo presión, incluso bajo amenaza.
El proceso de construcción de peajes en la región de Urabá, destinados a financiar la construcción y operación de la Transversal de las Américas, se ha desarrollado entre tensiones pero también con procesos de concertación, que en el pasado dejaron resultados tan valiosos como los de cambio de lugares de construcción, para no afectar zonas urbanas; cobros diferenciales para habitantes y vehículos matriculados en los municipios urabaenses, y desarrollo de proyectos para beneficio de la región.
Los antecedentes en este proyecto demuestran, entonces, que los voceros regionales, incluyendo a este movimiento pero también a los alcaldes, los gremios económicos y los sindicatos, tienen capacidad de negociar con el Estado para encontrar puntos de acuerdo que garanticen los recursos que permitan financiar un proyecto necesario para el progreso de Urabá y la economía del país, pero también para definir el cobro de peajes sensatos para las condiciones de la región, así como desarrollos complementarios que atiendan urgencias de la zona.
Ahora que circunstancias lamentables han impuesto el levantamiento del paro cívico que se había convocado desde el pasado martes, confiamos en que, con el arbitraje de la Gobernación de Antioquia, las autoridades nacionales y los personeros de la región de Urabá consigan acuerdos duraderos, incluyendo mecanismos de verificación permanente, que garanticen la terminación y operación de la Transversal de las Américas.
