El Urabá es una región ubicada en el noroccidente colombiano, integrada por municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, de la que poco se habla. Aunque ha sido una zona de interés prioritario para el despojo de los campesinos, la explotación de la tierra y enclave por parte de la oligarquía colombiana, así como de la misma empresa gringa que en años anteriores se llamó Chiquita Brands.
La historia de Urabá sigue siendo un misterio para el conjunto de la sociedad colombiana.
Su vida está marcada por el paramilitarismo, porque fue esta región una de las que lo vio nacer. Allí se crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), proyecto piloto de Carlos Castaño quien consolidaría mas adelante las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Allí las ACCU pagadas por empresas transnacionales como la Chiquita Brands, al tiempo que militares, ganaderos y terratenientes, iniciaron un largo proceso de despojo de tierras a campesinos y combatieron a la Insurgencia de las FARC, ELN Y EPL con el fin de consolidar el proyecto neoliberal.
Los pobladores de Urabá tuvieron que vivir desde los años 80’s el recrudecimiento del conflicto armado por la decisión del Estado Colombiano de fomentar a través de las doctrinas estadounidense e israelí la consolidación de una fuerza militar especializada en proteger los intereses extranjeros y la financiación de ejércitos de mercenarios en el territorio nacional, quienes pasaron por encima de la vida de los pobladores de la región.
Por el accionar encabezado por los hermanos Castaño, sus pobladores tuvieron que vivir masacres como la de La Mejor Esquina (Córdoba- 1988) que dejó 27 muertos, la Masacre de Punta Coquitos (Antioquia-1988) que dejó 26 muertos, la masacre de Pueblo Bello (Antioquia- 1990) que tuvo 43 muertos y el resto del horror paramilitar que queda por documentar. Con la excusa de acabar la base social de la Insurgencia, acabaron con las comunidades campesinas, sembraron el miedo e impidieron la organización social, siendo funcionales a los intereses de la oligarquía.
Hoy en día, la situación del Urabá no se distancia mucho de ese momento. La pobreza de la región contrasta con la riqueza material de sus empresarios, comerciantes y terratenientes. El olvido y el abandono estatal de la población contrasta con su potencialidad económica para la que el gobierno nacional tiene ambiciosos planes. La continuidad del proyecto paramilitar contrasta con el anuncio apresurado del fin del conflicto armado por parte del gobierno nacional.
Las empresas de comunicación señalan que el Clan del Golfo se ha apoderado de la región, pero ocultan que ese poderío además de histórico ha sido auspiciado por el Estado Colombiano en cuyo nombre además se escudan otras bandas paramilitares.
La realidad desmiente que se trate de simples bandas criminales que controlan pequeños territorios, se trata de organizaciones bien estructurada, que articulan distintos municipios, con intereses comunes de control territorial, que sigue enfrentándose a la insurgencia asesinando, desapareciendo y desplazando la población .
Los paramilitares han sido en los años recientes, responsables de los asesinatos de líderes sociales, el despojo reciente de tierras del Urabá y el desplazamiento de cientos de colombianos.
Entre tanto, el gobierno se ha comprometido a combatirlos de manera decidida, sin embargo no reconoce el papel del Estado en su conformación ni su convivencia con ellas, pues son parte de su estructura terrorista y su estrategia, y ahora las disimula con el nombre de BACRIM.
El paramilitarismo está mas vivo que nunca. Según el analista político Ariel Ávila, el Clan del Golfo cuenta con una estructura jerárquica de 5 mandos descentralizados en todo el territorio del Urabá, muchos de ellos antiguos paramilitares, quienes a su vez coordinan su accionar criminal con otros paramilitares a lo largo y ancho del país. Se encarga no únicamente del negocio del narcotráfico sino del control de las actividades sociales y productivas del territorio y bajo el mote de Autodefensas Gaitanistas, se asesina a los líderes sociales de la región.
Al Estado hace rato se le salió el paramilitarismo de las manos al ser incapaz de controlarlo y de reconocer su responsabilidad en la creación del aparato mas cruel y sanguinario de la guerra que vivimos.
No ha existido ni en el proceso de Justicia y Paz ni en la actualidad la mínima intención del Estado y sus paramilitares de decir la verdad al Urabá y al resto del país, menos hoy cuando los militares implicados en su accionar conjunto adquieren especiales prerrogativas frente a la justicia.
Los pobladores de Urabá cansados de esta historia de terror, deben fortalecer la organización social y exigirle al Estado la eliminación del paramilitarismo.
Ese es el primer gesto de voluntad política que el gobierno de Juan Manuel Santos debe tener con todas las víctimas del conflicto, para que las regiones mas apartadas del país vean la paz realmente posible.
