Una de las críticas de las Farc a fallos recientes de la Corte Constitucional sobre la implementación de los acuerdos de paz, tiene que ver con la decisión de los magistrados de quitar la comparecencia obligatoria de civiles o terceros no combatientes, ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Ante este panorama, la justicia ordinaria ha seguido adelante con los casos que entre otros, vinculan a empresarios colombianos y extranjeros con la financiación de grupos paramilitares; de allí la importancia de la acusación a 14 personas, bananeros y representantes de la controvertida firma estadounidense Chiquita Brands, por haber presuntamente financiado a esos grupos ilegales particularmente en el Urabá antioqueño.
La fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que redactó el extenso documento de más de 400 páginas, decidió declarar los crímenes cometidos por esa alianza entre un grupo de bananeros y las autodefensas como delitos de lesa humanidad, para evitar que no puedan ser investigados.
Adicionalmente, pide investigar a los directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como «alcaldes, gobernadores y demás funcionarios de la rama ejecutiva para los años 1997 a 2004 respecto de su conducta oficial por acción o por omisión en la conformación, vigilancia y control de las Convivir».
Esta petición abre la puerta a una nueva investigación al expresidente y senador Álvaro Uribe, quien fuera gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 y quien fue uno de los principales defensores de las Cooperativas de Seguridad Privada Convivir, muchas de las cuales perdieron el norte y fueron el germen de grupos paramilitares.
La reacción del expresidente Uribe en Twitter no se hizo esperar, dijo entre otras cosas que él no era competente para vigilar las Convivir pero que a pesar de ello, procedió en dos casos a cancelarles la personería jurídica, niega que haya habido omisión y dijo: «las apoyé porque creo en la necesaria cooperación ciudadana con la Fuerza Pública».
Por su parte, las víctimas de masacres, torturas, homicidios y otros delitos en la zona del Urabá, piden que la justicia vaya hasta el fondo del asunto y esclarezca los verdaderos alcances de la colaboración entre políticos, empresarios y otros sectores con las autodefensas.
