Tras tres años de que la Corte Constitucional declarara al río Atrato como sujeto de derechos, este fin de semana se dio un paso importante en su conservación y recuperación: El Ministerio de Ambiente y los 14 guardianes oficializaron el plan de acción para su protección. En términos generales, este plan incluye medidas que permitan el restablecimiento del cauce, su descontaminación, la eliminación de los bancos de arena formados por las actividades mineras y la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal.
Es de recordar que en la Sentencia T622/16 la Corte ampara los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas, negras e indígenas, que habitan la cuenca del río.
“Los chocoanos nos han enseñado cómo transformar un conflicto en un ejercicio de participación e inclusión cultural. Este plan de acción es un ejemplo para el país. Esta es la tierra de la esperanza”, dijo el ministro, Ricardo Lozano.
De acuerdo con Lozano este fue un ejercicio colectivo con todas las comunidades. “El plan estará en ejecución hasta 2040 y sus compromisos más importantes tienen que ver con la restauración de su cuenca, la no presencia de sedimentos, frenar la deforestación, parar las actividades ilícitas como la abstracción de minerales y también recuperar la dignidad de su gente. La idea es plantear proyectos sostenibles de corto, mediano y largo plazo”.
Lozano subrayó que uno de los objetivos más importantes será un monitoreo de la calidad de los recursos naturales. “Este es el renacer del Pacífico. Chocó se convierte en un ejemplo porque pudimos dialogar. Por ahora, aprobamos 2.700 millones de pesos para el Cantón de Sao Pablo que está siendo afectado por la minería”.
El Ministerio reveló que los ejes sobre los cuales se construyó este documento son: la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio, el mejoramiento de la calidad ambiental, la producción sostenible, la gobernanza del territorio, y la gestión de información y del conocimiento.
En consecuencia, el Ministerio anunció que entre las tareas prioritarias, se adelantarán acciones relacionadas con el manejo de residuos sólidos y vertimientos, la educación, la participación ciudadana, el monitoreo, los negocios verdes, el pago por servicios ambientales y el ordenamiento ambiental de la cuenca.
Bernardino Mosquera, guardián del río Atrato, en conversación con los periodistas locales, indicó que este es un importante paso para el cumplimiento de la sentencia, aunque dijo que continúa la fase de seguimiento a la implementación.
“De ahora en adelante sigue el seguimiento a ese compromiso que pactamos entre el gobierno y las comunidades. Ese seguimiento es basado en toda la problemática que encontramos en la cuenca del Atrato”.
Agregó que lo que quieren de ahora en adelante es que les cumplan, “que el gobierno comience a implementar los proyectos que están allí y nosotros como miembros de las comunidades y guardianes hacerle seguimiento al mismo”.
El guardián Mosquera indicó que el asunto más complejo que trae el plan es resolver toda la problemática del río Quito debido a la contaminación que tiene por minería ilegal y por la falta de políticas públicas en el manejo ambiental.
En la elaboración de dicho documento participaron 26 municipios: Vigía del Fuerte, Murindó, Turbo, Urrao, Dabeiba, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Abriaquí, Uramita; todos de Antioquia. Y Riosucio, Bojayá, Quibdó, Carmen del Darién, Medio Atrato, Unguía, Lloró, El Carmen, Bagadó, Acandí, Rio Quito, Atrato, Cértegui, El Cantón Del San Pablo, Istmina, Unión Panamericana por Chocó.
