Masacre La Chinita: Han pasado 28 años desde que las Farc asesinaron a 37 personas en el barrio Obrero de Apartadó

Entrado 1994, la vida de Rufina González se centró en pagarle los estudios a sus hijos. No tenía de dónde sacar el dinero, vivía del día a día, pero como fuera tenía que ingeniárselas con el rebusque para conseguirlo. Ideas no le faltaron: rifas, trabajos de costura y bazares fueron apenas algunas de las opciones que manejó sin mucho éxito. Nunca perdió la fe.

Ella vivía en el antiguo barrio La Chinita de Apartadó, sus vecinos intentaban apoyarla como podían, pero los bolsillos no daban. La fecha para pagar las matrículas en las escuelas estaba cerca y la desesperación comenzó a asechar de a poco a Rufina y a su familia. Pero, casi como recurso de última hora, unos amigos le dijeron que organizara una fiesta entre la gente de la cuadra y así seguro conseguía los fondos que necesitaba.

La fecha elegida fue el 22 de enero de 1994. Para ese día todo el jolgorio se centró en los platos de sancocho, las cervezas, la música y en darle el empujoncito a doña Rufina, a quienes todos en La Chinita querían por su forma de ser cordial y acogedora. Al evento también asistieron personas de diferentes zonas de Apartadó que llevaron comida para vender y contribuciones económicas que le fueron entregadas a la familia. Los números para pagar las matrículas comenzaron a cuadrar, pero pasadas las horas, a la 1: 30a.m. del 23 de enero, todo sueño se esfumó.

Desde esa hora, por más de 45 minutos, un grupo de guerrilleros del frente 5 de las Farc entró a La Chinita e indiscriminadamente comenzaron a dispararle a los asistentes de la fiesta. No había objetivos militares específicos, pero las instrucciones de sus comandantes y de Elda Neyis Mosquera, conocida en la guerra como Karina (quien fuera por años cabeza del frente 47 de esa ex guerrilla), era acabar con cualquier persona que vieran del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad; y mejor si eran hombres.

Por eso no fue casualidad que de las 37 personas asesinadas en la masacre de La Chinita 36 fueran del género masculino y más de una tercera parte pertenecieran al partido surgido tras las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y el Ejército Popular de Liberación (Epl).

El dolor era inmensurable en Apartadó. El barrio La Chinita quedó en llamas y desplazado. Tan solo su nombre era sinónimo de guerra y resignificar sus espacios era prácticamente misión imposible.

La “muerte” de La Chinita fue el nacimiento del barrio Obrero, como se conoce desde la masacre de 1994. No solo cambió el nombre de esta zona de Apartadó, sino que a partir de la tragedia surgieron liderazgos que no permitieron que su gente desfalleciera luego de tantas muertes y con las uñas construyeron una comunidad robusta, resiliente y solidaria; igual o más que como lo fueron con doña Rufina y su sueño de ver a sus hijos salir adelante.

La historia de Rufina, su fiesta y la masacre de La Chinita la han contado una y mil veces los fundadores del ahora barrio Obrero en esa esquinita del Urabá antioqueño. Personas como doña Dulfaty Córdoba son memorias vivientes allí que relatan los dolores de esa comunidad sin revictimizar ni herir a sus perpetradores. Han buscado por décadas que se haga justicia y ahora, a puertas de las sanciones propias de la justicia transicional, la meta por cumplir es que de una vez por todas se esclarezcan todas las causas y responsables de lo que sucedió en las calles de La Chinita aquella madrugada de 1994.

Con las uñas y con respaldos jurídicos solidarios, desde el barrio Obrero han ganado batallas legales que en su momento parecían inverosímiles: desde enero de 2021 el caso de La Chinita logró llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; desde hace seis años los excombatientes de las Farc reconocen abiertamente a este hecho como uno de sus actos más horripilantes -cuando a mediados de la década de 1990 incluso llegaron a negar su responsabilidad-; y comandantes históricos de esa exguerrilla en el Urabá antioqueño, como Gregorio Castro o Jhoverman Sánchez han protagonizado audiencias de reconocimiento voluntario ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que además de reconocer culpa, instaron a que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir.

“La Chinita fue quizás el punto de terror más alto que tuvieron las Farc cuando quisimos ganar el control del Urabá. Sabíamos que quien tuviera el mando de Apartadó podría contar con facilidad con el resto de los municipios”, dijo Sánchez en una audiencia en 2019.

Sin embargo, entre los sobrevivientes y familiares de los asesinados en esa masacre queda un sinsabor latente con la justicia colombiana. Algunos voceros de víctimas de La Chinita creen que no ha habido la suficiente rigurosidad frente a los procesos judiciales que rodean a esa matanza.

Una salida ancestral
“Todo ha sido tan escandaloso que hasta el Consejo de Estado sancionó al Estado por crear falsos positivos judiciales, cuando todos supimos quiénes habían perpetrado esto. Ya por fin se están escuchando voces locales, incluso de justicias ancestrales en otros casos del conflicto colombiano y creemos que es hora de que acá se haga lo mismo. Seguro con eso habrá más verdades y menos vueltas”, dijeron colectivos desde Apartadó.

A lo que se refieren específicamente es al caso colectivo de Francisco Calvo Sánchez, Luis Ruiz Arango, Yomar Hernández Pineda, Elizabeth López Tobón, Gonzalo Peláez Castañeda, Luis Sánchez Echavarría, Franklin Rivas de Diego, Alberto Villada Trujillo, Gustavo Manuel Arcia y Alcira Rosa Quiroz Hinestroza, quienes pagaron 11 años de prisión al ser acusados de tener relación con la masacre de La Chinita.

El Consejo de Estado demostró su inocencia y posteriormente condenó al Estado y a la Fiscalía General de la Nación por esa injusticia. Posteriormente, ese caso entró en competencia de la JEP, pero sin ser esto aún una garantía plena de los mecanismos de verdad y reparación que las víctimas buscan.

De hecho, Alberto Villada, uno de los judicializados dentro de los “falsos positivos judiciales” de La Chinita dijo en su momento que la mejor forma de repararlos a ellos y a quienes perdieron a sus seres queridos es abriendo el panorama de la JEP para que sean escuchadas versiones más locales que los accesos a los que puede llegar la justicia transicional.

“En los colectivos sociales del barrio Obrero que buscan verdad para nuestros muertos hemos hablado de la necesidad de entender a la justicia como algo menos central. La JEP nos ha acompañado, han traído responsables del frente 5 para darnos la cara, pero han omitido otros aspectos de escucha. Aquí hay consejos comunitarios cercanos a nosotros que tal vez sepan cosas relevantes y que pueden impartir versiones y, por qué no, sancionar. Ya vimos que en el caso de norte del Cauca le abrieron el tribunal a una justicia ancestral afro, aquí también eso tiene cabida”, narró.

Sobre este tema, distintos colectivos de víctimas ya tuvieron contacto con la JEP para contemplar la posibilidad de escuchar a tribunales locales e informales. De hecho, aprovecharon series de declaraciones libres, agendadas por la JEP el pasado 17 de junio (en Mutatá); el 14 y 15 de julio de 2022 (en Dabeiba), el 3 de agosto y se prepararán para próximas diligencias como la que se llevará a cabo el viernes 9 de septiembre en Carmen del Darién -lugar de nacimiento de algunas víctimas fatales-, en la que la Sala de Reconocimiento del tribunal transitorio escucharía testimonios más a profundidad del accionar y conductas en la guerra de los frentes 5, 34, 57 y 58 de las Farc.

En el macrocaso 04 (del Urabá antioqueño y chocoano) hay 36.000 víctimas acreditadas y todas quieren ser escuchadas. Para La Chinita solo piden menos estigmatización y más acciones concretas. “Nos mataron bananeros humildes y de paso a nosotros en vida. Queremos que nos abran más puertas y que nos escuchen desde todas las orillas; desde las justicias locales para rendir versiones. No queremos ni una gota de sangre más ni un día más de impunidad”, dijo Dulfaty Córdoba, matrona del barrio Obrero.