Los contratos de Carepa y Necoclí que están en la mira de la Fiscalía

La investigación por presuntas irregularidades en contratos para la atención a la emergencia por la covid-19 dio un nuevo giro. La Contraloría de Antioquia le envió a la Fiscalía los expedientes de siete contratos, de igual número de municipios, en los que habría una presunta actuación ilegal.

El traslado fue la última actuación en el marco del seguimiento a los contratos celebrados en los municipios donde se declaró urgencia manifiesta, un mecanismo que simplifica algunas compras y adquisición de servicios cuando hay situaciones de riesgo.

Hasta la fecha se han auditado 307 contratos que suman más de $75.000 millones, según el ente territorial.

Elsa Yazmín González, contralora departamental, explicó que durante la contingencia se enviaron Unidades de Reacción Inmediata (URI) a 50 alcaldías, cuatro hospitales y cuatro entidades del departamento en los que se encontraron presuntas irregularidades que dieron pie a cinco traslados fiscales y 45 disciplinarios.

Los contratos remitidos para investigación por la Fiscalía, por presunta actuación delictiva, pertenecen a los municipios de Abejorral, La Ceja, Dabeiba, Necoclí, Carepa, Betulia y Valdivia.

Sobrecostos

El contrato que tiene enredado al alcalde de Abejorral, Julián Muñoz López, es el No. 100 de 2020, por $267,7 millones, que tenía como objeto suministrar víveres y elementos de bioseguridad.

Tal como lo publicó EL COLOMBIANO el pasado 7 de mayo, en ese contrato hay precios altos. La bolsa de leche entera, por ejemplo, se pagó a $8.854 cuando en la Central Mayorista, al por menor, cuesta $2.200. Al parecer, además de los sobrecostos en los insumos, habría una doble facturación en el transporte de los paquetes.

El alcalde Muñoz emitió un comunicado en mayo en el que destacó los logros de su administración en la atención de la emergencia y señaló que responderá los cuestionamientos técnicos ante los entes de control y no en medios de comunicación .

En el caso de La Ceja, la investigación versa sobre un contrato por $200 millones para el suministro de paquetes alimentarios, en el que también habría sobrecostos. La Contraloría aclaró que no hay incidencia fiscal porque el contrato no se ha pagado, pero que sí hay indicios que llevan a concluir que posiblemente hubo costos elevados en los paquetes e irregularidades en la empresa que fungió como intermediario para la logística.

En los estudios previos de dicho contrato se explica que el contratista proporcionaría 4.000 paquetes alimentarios, cada uno por $50.000 con productos como leche y chocolate en polvo, granos y pasta. En la lista de precios llama la atención la libra de lenteja a $3.480 y el aceite por 900 ml a $8.000. En la Central Mayorista esos productos se cotizan a $1.400 y $4.600, respectivamente.

El alcalde Nelson Carmona dijo el pasado 13 de junio que el contrato se firmó por 4.000 paquetes pero que solo se adquirieron 2.000 porque llegaron donaciones que suplieron la necesidad. El mandatario ordenó suspender el pago del contrato hasta que los entes de control den sus conceptos definitivos sobre los mismos.

En Necoclí se contrató la compra de 3.000 paquetes alimentarios, pero la administración municipal no logró demostrar que había esa cantidad de beneficiarios.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el alcalde local, Jaime López, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Cabe anotar que en ese municipio está en curso otra investigación por un contrato que aparece firmado para atender a población en situación de calle, pero que realmente se usó para cubrir los gastos de un grupo de migrantes que cumple la cuarentena en el coliseo.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que los procesos en investigación aún están en etapa de indagación, lo que quiere decir que ninguno de los alcaldes mencionados ha sido aún procesado.

“Aún estamos en la recolección de evidencia, con base en los elementos proporcionados por la Contraloría. En cada caso se deberá determinar, además, si la responsabilidad recae sobre los alcaldes o si hubo algún otro funcionario implicado”, dijeron desde el ente acusador.

Cabe recordar que hasta la fecha en Antioquia ningún funcionario ha sido capturado por irregularidades en los contratos de emergencia. La Contraloría General está investigando al alcalde de Medellín, Daniel Quintero por presuntas irregularidades en un contrato del PAE y recientemente la Personería de Medellín anunció que investigará otros 25 contratos locales.