Urabá - 5 diciembre, 2022

La olla podrida de corrupción que estalló por los nexos de políticos de Urabá con el Clan del Golfo

Por Noticias Urabá

La olla podrida de corrupción que estalló en días recientes por los nexos de políticos de Urabá y el Eje Cafetero con el Clan del Golfo, podría no tener fondo, especialmente en Antioquia, donde más funcionarios públicos han sido judicializados por estas conexiones criminales.

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía destaparon en las últimas dos semanas una red de lavado de activos y testaferrato coordinada por John Zapata Garzón (“Messi”) y su hermano William Guillermo (“Yemo”), al servicio del cartel narcotraficante más poderoso de Colombia.

La organización tenía la capacidad de blanquear ingresos ilegales hasta por $50.000 millones anuales, por medio de empresas, propiedad raíz, inversiones en el mercado de futbolistas y artistas, contratos estatales, obras civiles y vehículos de alta gama. En el último mes le han embargado al grupo nueve empresas, 50 bienes, 26 cuentas bancarias, 11 vehículos de lujo, 991 semovientes bovinos y equinos, valorados en $222.000 millones.

El jefe de la organización, alias “Messi”, está preso desde 2021, pagando una condena de 11 años por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pasa sus días en la cárcel La Picota, de Bogotá, esperando su extradición a EE.UU.

A la fecha han sido capturadas 20 personas de su círculo de testaferros, incluyendo a sus hermanos William, Tatiana y Natalia Zapata Garzón; a su esposa Johana Olarte Montes y a su tío Luis Zapata Parra.

El escándalo estuvo por cuenta de la imputación de cargos a cuatro servidores públicos que al parecer recibieron plata para campañas políticas o sobornos para asignar contratos a empresas de “Messi” en Urabá y el Eje Cafetero.

Los judicializados son Jaime López Pacheco, exalcalde de Necoclí; Ovidio Ardila Rodas, exmandatario de Carepa; Alex Lozano Lozano, exsecretario de Planeación de Carepa; y Darío Ospina Marín, exasesor de la Gobernación de Quindío. Todos ellos ocuparon sus cargos entre 2016 y 2019.

La lista de corrupción

Los nexos de estos funcionarios con el Clan del Golfo hacen parte de una extensa lista de corrupción con tentáculos en alcaldías, concejos municipales y la Fuerza Pública, especialmente en Antioquia.

En 2015 fue detenido el alcalde de Buriticá, Carlos Varela Ramírez, y al año siguiente su secretario de Gobierno, Diego Guzmán Pereira.

Por estas relaciones también fue judicializada en 2016 la abogada Marla Peña Moreno, exsecretaria de Gobierno (2008) y expersonera de Necoclí (2012). Era la esposa de un coordinador del cartel, Orlando Osorio Martínez (“Saúl”), y en su computador se escribían los panfletos con los que la organización amenazaba a la comunidad.

El Inspector de Policía de Santa Fe de Antioquia, Juan Samuel Zapata, cayó en una redada contra la banda en 2017. De acuerdo con la Policía, les filtraba a los sicarios los números de placa de los carros en los que se movilizaban los agentes de la Sijín, entre otros datos peligrosos.

En 2018 fue capturado el vicepresidente del Concejo de Tarazá, Mario Eliécer Sierra Correa, por concierto para delinquir. También lo señalaron de filtrar información confidencial al frente Julio Vargas del Clan, que delinque en el Bajo Cauca, y de hacer parte de su brazo político.

Ese mismo año fue encarcelado el alcalde de Cáceres, José Berrío Berrío, por nexos con ese mismo frente.

En 2019 la capturada fue Deiby Noble Berrío (“la Duenda”), candidata a la Asamblea de Antioquia por el partido Mais. Según el reporte de la Fiscalía, era presunta integrante del frente Central Urabá del Clan y “encargada de manejar dinero producto de la extorsión a un grupo de campesinos que invadió varios lotes en las veredas Las Garzas y Monte Verde, de Turbo”.

Esta lista implica que cada año hay un escándalo de corrupción por nexos de políticos con el Clan. Fuentes judiciales indicaron que esto es solo la punta del iceberg, pues hay más investigaciones en curso contra funcionarios sospechosos de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Occidente y Suroeste de Antioquia, sin contar los otros 20 departamentos en los que el cartel extiende sus raíces.

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