Habitantes de Belén de Bajirá no saben a cuál de los dos departamentos pertenecen
Por Noticias Urabá
Belén de Bajirá, un caserío ubicado en un rincón del Urabá, desde hace casi veinte años está inmerso en una disputa territorial inédita en el país: no termina de pertenecer a ningún departamento. Hay meses en los que pertenece a Antioquia, y otros en los que es parte de Chocó. La última decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo adjudicó a este último departamento, pero sus habitantes a veces se burlan de su situación y antes de irse a dormir se despiden así: “Hasta luego, vamos a ver mañana dónde amanecemos”.
Algunos dicen que la pelea territorial se debe a la riqueza en oro, cobre y coltán presente en el subsuelo del caserío. Otros, que a los extensos cultivos de palma de cera o a los grandes pastizales llenos de ganado cebú, propiedad en gran medida de terratenientes paisas. Solo hay una certeza: en medio de la disputa territorial, los esfuerzos de un puñado de candidatos al concejo y la alcaldía de Mutatá (Antioquia) están huérfanos.
Sucede que en menos de 34 días la Registraduría cambió dos veces la jurisdicción del censo electoral. Todo empezó en septiembre, cuando esa entidad ordenó que los votos del año pasado, que contaron por el departamento de Chocó, debían pasar a Antioquia. Sin embargo, la Procuraduría intervino en la decisión y advirtió que ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Congreso habían decidido que Belén de Bajirá pertenecía al municipio de Riosucio (Chocó). Eso volvió a cambiar el panorama completamente y la Registraduría se echó para atrás.
Ante estas decisiones pendulares se ha extendido el desánimo entre los candidatos, pues se calcula que el censo electoral asciende a siete mil personas, una cifra nada despreciable para aspirar a un cargo público. Henry Chaverra, líder de la comunidad chocoana, cree que en su penúltima decisión la Registraduría actuó lejos del derecho y de lo que dicta la ley dada la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para Chaverra, “aquí había candidato para la alcaldía de Mutatá; incluso hay directorios de partidos para ese municipio, y esta gente no sabe quién les va a responder por el dinero que pusieron para sus campañas. Yo catalogo esto como un caso único en el mundo, donde el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, no quiere tener una postura seria”.
En cambio, están felices los candidatos para el municipio de Riosucio, pues saben que sus esfuerzos pueden tener respaldo en las urnas. Además, les parece lógica la última decisión de la Registraduría, pues va en concordancia con las elecciones presidenciales del año pasado. Sin embargo, hay miedo de que se presenten desmanes en las votaciones. Dice Chaverra: “En el panorama hay tranquilidad, pero también zozobra por indicios de que algunos seguidores de Antioquia pretenden sabotear la contienda electoral del 27 de octubre”. Y es que ya ha sucedido antes que los diferentes bloques del caserío –los promotores del Chocó y los de Antioquia– se enfrentan en la calle en vez de zanjar sus diferencias por medio del diálogo.
Por su parte, Yaneth Córdoba, lideresa de la comunidad antioqueña, dice: “La gente aún no comprende la situación que estamos viviendo. No saben por quién votar, porque la población es mucho más antioqueña; nosotros ni siquiera reconocemos a los candidatos a la gobernación del Chocó o a la alcaldía de Riosucio. Siempre hemos pertenecido al Urabá antioqueño, que es lo que tenemos más cerca”.
Muchos líderes antioqueños creen que algunos políticos chocoanos han presionado a las autoridades judiciales de Bogotá para que Belén de Bajirá quede del lado de su departamento. Sin embargo, lo mismo dicen los líderes chocoanos de los políticos antioqueños: “Quieren que toda nuestra riqueza quede de ese lado, porque quieren una tránsito libre hacia el mar Pacífico”.
Al recorrer las calles de Belén de Bajirá aparecen las diferencias: las escuelas, los centros de salud y las iglesias se determinan por el departamento del que reciben aportes: Chocó y Antioquia. Ahora los habitantes temen represalias políticas y no quieren dejar de recibir el poco dinero público que hasta ahora les llega.
