Guerra e injusticia en reciclamiento sin fin: Comunidad de Paz San José de Apartadó

El manifiesto de retorno a la guerra de un grupo de ex combatientes de las FARC-EP que se habían identificado con el llamado “Acuerdo de Paz” firmado en La Habana, Cartagena y Bogotá a finales de 2016, constituye un anuncio de recrudecimiento del conflicto armado en nuestro territorio. Desde la desmovilización de varios frentes de las FARC-EP que operaban en nuestra región, el territorio fue cayendo totalmente bajo control de los grupos paramilitares que han gozado desde hace varias décadas del apoyo de la fuerza pública y demás instituciones del Estado, así lo nieguen persistentemente queriendo tapar el sol con las manos. Ahora se nos anuncia una nueva presencia de la insurgencia armada que seguramente traerá nuevos ríos de sangre a nuestras veredas, pues seguramente tratarán de atacar militarmente al paramilitarismo enseñoreado de la región y a las empresas transnacionales que destruyen el medio ambiente y roban los recursos naturales.

Ante el retorno de la guerra nuestra Comunidad reafirma su marginación total del uso de las armas y de cualquier colaboración directa o indirecta con actores armados. Estamos convencidos de que las armas no solucionan los conflictos sino que los incentivan mucho más y destruyen progresivamente las bases de construcción de democracia, de convivencia y de vida elementalmente humana.

Ante los hechos y los discursos que insisten en relegitimar la guerra nos preguntamos a quién le asiste la razón. Lo medios masivos de información señalan como único culpable al grupo de ex combatientes de las FARC-EP que se han retirado del proceso de incorporación al Statu quo. Por su parte, el Gobierno califica con los peores términos a dichos ex combatientes y se niega a escuchar y a tener en cuenta las razones de su disidencia, descargando contra ellos una furia bélica irracional que pasa por encima de numerosos principios de derecho internacional.

Nos asiste la convicción de que nada de esto contribuye a construir paz. Creemos que el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 no tocó realmente las raíces de la violencia centenaria que padecemos, ni en el aspecto de mecanismos de concentración de la propiedad de la tierra, ni el en aspecto de ausencia de democracia, ni en el aspecto de acceso a una mínima satisfacción de las necesidades de la población, ni en el aspecto de la corrupción invasiva de los poderes, ni en el aspecto de la carencia de justicia, ni en el aspecto de la podredumbre moral del aparato judicial y administrativo del Estado.

A quienes entregaron las armas se les forzó a ceñirse a unas instituciones degeneradas y a un gobierno liderado por el peor de los caudillos que haya estado en el control del Estado en las últimas décadas arrasando todos sus principios éticos y jurídicos. Por añadidura el Gobierno desconoció hasta los más sencillos compromisos sustentados en el “Acuerdo de Paz” y ha tolerado con total pasividad cómplice una masacre permanente de excombatientes y un baño de sangre sin tregua de líderes y lideresas sociales por parte de grupos que no disimulan, explícita o implícitamente, su aplauso al modelo de gobierno imperante.

Lamentamos profundamente que el llamado “Acuerdo de Paz” no haya servido para desmontar prácticas que atormentan desde hace muchas décadas a las mayorías de base de nuestra nación: el paramilitarismo; la corrupción; el anticomunismo que ha producido millones de víctimas de sangre; el clientelismo y la dependencia, tanto militar como económica, de potencias extranjeras opresoras.

La respuesta del gobierno a las insurgencias antiguas y recicladas lo único que produce son muertes, sangre, sufrimientos y destrucción. Tiene una incapacidad radical para reconocer sus errores y sus crímenes y una voluntad morbosa de hundirse cada vez más en el pantano de su injusticia y de su pasión por los derramamientos de sangre. Ahora quiere hundirnos en una nueva guerra que sólo lleva al caos, a la catástrofe, a la reactivación sin fin de los odios y a la desesperación.

Además de expresar nuestro rechazo rotundo a la nueva incentivación de la guerra, dejamos constancia ante el país y el mundo de nuevos hechos que afectan a nuestra zona:

El viernes 23 de agosto de 2019, hacia las 9:00 horas, se escucharon fuertes disparos de armas largas y explosiones de bombas en el sitio conocido como El Barro de la vereda Mulatos Medios de San José de Apartadó. Allí se había comprobado una fuerte presencia de paramilitares camuflados y con armas largas. A poca distancia se encontraba un grupo de militares. Todo muestra que el tiroteo, que pudo ser entre unos y otros, no tuvo ninguna consecuencia ni estuvo acompañado de ninguna persecución, lo que algunos interpretaron como un signo de saludo mutuo o un juego de simulación.

El lunes 2 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz destacó una comisión de solidaridad para acompañar a la familia del joven Weber Andrés Arias, asesinado el 18 de agosto, la cual tuvo que desplazarse y sacar sus pertenencias de la vereda La Cristalina, a causa de persistentes amenazas de los paramilitares. En el recorrido para sacar las pertenencias de dicha familia, fue posible comprobar la persistente presencia en la zona de paramilitares como el conocido como “Alfredo”.

Es de recordar que a Weber Andrés lo asesinaron los paramilitares luego de advertirle en repetidas ocasiones que tenía que someterse a sus órdenes, a lo cual él se negó rotundamente, por lo cual finalmente acabaron con su vida. Luego se ensañaron en amenazas contra su familia por haber denunciado los hechos.

Ya la denuncia se ha convertido en un “delito”, pues la misma Brigada XVII del Ejército ya no soporta que nuestra Comunidad se comunique con la sociedad civil para contarle lo que está sufriendo y por ello a través de una Acción de Tutela, aceptada absurdamente por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, obligaron a nuestra Comunidad a retirar de la red las constancias y a autoamordazarse, lo que nuestra Comunidad se ha negado a acatar.

El miércoles 4 de septiembre de 2019, un Fiscal de Apartadó, acompañado de fuerza pública y al parecer hasta de la Cruz Roja Internacional, convocó en las instalaciones del Colegio Bartolomé Cataño del corregimiento de San José de Apartadó, a varias juntas comunales y pobladores del corregimiento a una reunión. Hizo una consulta pública sobre la ejecución del joven Weber Andrés Arias Garzón a la cual nos referimos en nuestra última constancia pública, perpetrada el 18 de agosto de 2019 entre las veredas La Cristalina y la Linda de San José de Apartadó. Varios de los participantes negaron la presencia de elementos paramilitares en la zona y atribuyeron a “desconocidos” el crimen de Weber Andrés. Negaron particularmente cualquier presencia de paramilitares en La Cristalina y se refirieron a la madre de la víctima y a nuestra Comunidad de Paz como culpables “por boconas”, de que el hecho se hubiera denunciado y conocido. Policías y militares se dedicaron a recoger firmas de todos los presentes y nos preguntamos cuál será el destino de esas firmas.

Si este procedimiento de fiscalía constituye una investigación del crimen, cualquiera percibe que es absolutamente irregular, pues da la impresión de que quiere hacer descansar en una supuesta opinión pública a todas luces manipulada e intimidada, de una población amordazada o hundida en la complicidad con el paramilitarismo, un veredicto que exonera al paramilitarismo de su responsabilidad en el crimen, afirmando su “inexistencia”.

En dicha reunión era evidente la presencia de numerosos paramilitares y a nuestra Comunidad le preocupa profundamente que algunas juntas de acción comunal le cubran las espaldas a dichos paramilitares, en cuya organización se está coordinando la ejecución de miembros de nuestra Comunidad de Paz y de campesinos de nuestro entorno.

No sabemos si esta es la antesala del archivo de un proceso que apenas se inicia, pero lo cierto es que está siguiendo el mismo camino de numerosos procesos que en el sistema judicial no son investigados como se debe y cuya impunidad se ampara en una estrategia mediática llena de mordazas, manipulaciones e intimidaciones. Esto nos recuerda los procedimientos que han sido rutinarios en la llamada “justicia” militar, donde se le pregunta al victimario si fue el culpable del crimen y ante la lógica negativa de éste, queda absuelto inmediatamente y el proceso archivado o precluído.

El viernes 6 de septiembre de 2019 en horas del día llegaron informaciones a nuestra Comunidad sobre nuevas amenazas a miembros del Consejo Interno de la Comunidad, entre ellos a nuestro Representante Legal, Germán Graciano Posso, amenazas que se fundan en el malestar creado entre los paramilitares y militares por las constancias que nuestra Comunidad deja ante el país y el mundo sobre los hechos que nos afectan.

Esto preocupa profundamente a nuestra Comunidad y hacemos responsable al Gobierno Nacional de cualquier hecho grave que pueda suceder a los miembros de nuestra Comunidad. Los diversos gobiernos se han negado a controlar a sus subalternos de la fuerza pública en la zona, prueba de esto fue el plan que denunciamos el 22 de diciembre de 2017, plan criminal que, a pesar de haber sido denunciado con anterioridad, fue ejecutado el 29 de diciembre del mismo año.

En medio de anuncios preocupantes de un reciclamiento de la guerra, los actores armados que siempre han permanecido en nuestra zona, nos acosan más y más, siempre anunciando nuestro exterminio y sin que ninguna institución se ocupe de nuestra protección. Todos nuestros clamores ante los jefes de Estado, incluyendo el que elevamos ante el actual Presidente Duque al cumplirse un año de su gobierno, la única respuesta que reciben es el silencio absoluto, silencio de complicidad.

Nuevamente agradecemos a todas las personas y comunidades que en el país y en el mundo sostienen nuestra resistencia con un respaldo moral y cuya presencia espiritual sentimos siempre reforzada en los momentos duros que vivimos.