Urabá - 3 febrero, 2017

Empresarios que financiaron a paramilitares en Urabá responderían por más de 7 mil víctimas

Por Noticias Urabá

Paramilitares en Urabá

La Fiscalía General de la Nación tiene un registro de 7.742 víctimas por el que podrían llegar a ser judicializados los empresarios bananeros que presuntamente financiaron a los paramilitares en la zona del Urabá antioqueño.

Así lo revela la resolución de la Fiscalía de Justicia Transicional de 125 páginas que declaró como un delito de lesa humanidad la financiación realizada por empresarios, ganaderos, industriales y otros terceros a los paramilitares, las Farc, el ELN y otros grupos armados ilegales.

Según la Fiscalía, estas víctimas producto de los delitos que se le atribuyen al frente paramilitar que comando Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, fueron cometidos “gracias al apoyo financiero voluntario y eficaz de empresarios bananeros de la región“.

La Fiscalía señaló que se trata de delitos cometidos por el frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas en inmediaciones de los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa (Antioquia).

Además de la declaración de alias ‘Pedro Bonito’, la Fiscalía también tiene como pruebas clave para este proceso los testimonios de otros exjefes paramilitares como son Hebert Velosa García, alias ‘HH’; Salvatore Mancuso; Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Minoleche’.

Carlos Villamil, jefe de la Unidad de Justicia Transicional, señaló que en relación con estos hechos la Fiscalía vinculará próximamente a por lo menos siete empresas bananeras.

Sin embargo, en la resolución de la Fiscalía se señala que “en total 194 empresas bananeras hicieron aportes a las Convivir Papagayo y/o a la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada del Urabá“.

La decisión agrega: “Entre éstas está la comercializadora Banadex, filial de Chiquita Brands, que realizó aportes entre los años 2001 y 2004 por (más de $1.600 millones) aunque según el indictmen de la justicia americana ascendieron a U$1,7 millones y su destino eran las AUC“.

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