Familias que utilizan los servicios públicos tendrán que asumir el costo de los medidores inteligentes que serán instalados

Digital, moderno, preciso. Esas serían algunas de las ventajas de los medidores inteligentes que serán instalados en los hogares colombianos, cuyo costo ahora deberá ser asumido por las familias que utilizan los servicios públicos, debido a una sentencia que emitió la Corte Constitucional, con la cual tumbó un artículo legislativo que había sido aprobado para que las empresas comercializadoras tuvieran que costear el cambio del contador.

La argumentación de la Corte es que “la norma es evidentemente desproporcionada porque vulnera el criterio de recuperación de costos por parte de las empresas, lo que llevará a que sean los usuarios los que paguen, y no solo por la adquisición e instalación, sino por el mantenimiento y la reparación de los medidores inteligentes”.

Varios costos

Para tratar de establecer de cuánto será el golpe para los hogares, hay que traer al presente la información con la que fue sustentada la propuesta del parlamentario Carlos Chacón, quien fue el autor de la norma que ahora tumba el Alto Tribunal.

Los cálculos que llevó en su momento el legislador, que además fueron hechos con precios de 2020 (antes de que la inflación se disparara y la guerra en Ucrania encareciera muchos insumos), inician con 86.000 pesos, si se trata de un aparato monofásico. Pero a medida que va aumentando el voltaje (a bifásico y trifásico) la cuenta puede subir hasta 420.000 pesos.

A ello hay que agregarle los costos en los que tendrán que incurrir las familias por revisión de los aparatos, en donde el rango de gastos va de 49.000 a 109.000 pesos según la categoría.

Calibración, instalación, sellado y hasta la ubicación geográfica del lugar en el que habite la familia harían parte de los gastos de los usuarios, según la sustentación del parlamentario, quien estimó que los hogares podrían llegar a pagar hasta 1.037.204 pesos por cambio de medidor. Y eso, sin incluir el IVA.

Tienen ventajas
Pero también es clave poner en el debate alrededor de la decisión de la Corte Constitucional, de tumbar la medida que prohibía el cobro de los medidores inteligentes a los usuarios, que estos aparatos prometen ser ‘la revolución’.

En el mercado los hay con todos los juguetes. Los que facilitan la lectura remota del consumo; los que pueden ayudar al usuario a controlar sus consumos, por interrumpir el suministro del servicio de manera remota; reconexión automática luego de un corte del servicio por no pago, para mencionar solo unas ventajas. En el caso del gas, las tecnologías disponibles permiten hasta detectar fugas desde la distancia.

Según el gremio de servicios púbicos, Andesco, que fue el que demandó la norma legislativa, en el caso del servicio de energía, el número de medidores inteligentes cobijará a 5,2 millones de personas, es decir, el 36 % de usuarios. Pero también los habrá para el servicio de gas natural y de energía, con la meta de llegar a una cobertura de 75 % de usuarios con estos equipos, en menos de una década (a 2030).

Reclamo del legislador
En concepto de Carlos Chacón, “si son mas de 14,8 millones de contadores, estaríamos hablando de alrededor de 11,1 millones de nuevos contadores inteligentes instalados hasta 2030″. Con ello, el recaudo sería de 15,9 billones de pesos por parte de las empresas comercializadoras, “solo por el medidor sin incluir los costos adicionales (mano de obra, calibración, sellado)”, advierte el congresista, tras hacerle un llamado sobre el tema a los candidatos a la presidencia por el nuevo gasto que tendrán que hacer los hogares en un momento crítico de la economía familiar, debido a los altos precios de todo.