Estado indemnizará a víctimas de masacre en San José de Apartadó

La masacre en San José de Apartadó, cometida en 2005, es uno de los hechos de violencia contra esta comunidad, que perdió a decenas de sus miembros por la violencia en Urabá.

Pasó una década desde que uniformados del Ejército y paramilitares torturaran, asesinaran y descuartizaran a siete personas en el corregimiento San José de Apartadó, hasta que el Ministerio de Defensa reconociera la responsabilidad por los hechos. La entidad y la Brigada XVII deberán ofrecer disculpas públicas a los familiares de las víctimas y a la sociedad por la masacre, y pagar indemnizaciones que llegan a los 3.800 millones de pesos.

Para la época de la masacre, ocurrida el 21 de febrero de 2005, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, rechazó la responsabilidad del Ejército y señaló a la Comunidad de Paz —figura que adoptó la población para manifestarse neutral en el conflicto— de ser auxiliadora de la guerrilla de las Farc.

Colprensa conoció en exclusiva el acuerdo de conciliación, aprobado por el Consejo de Estado, entre el Ministerio de Defensa y la defensa de las víctimas, adelantada por la firma Javier Villegas Abogados S.A. En el documento se reconoce responsabilidad por la muerte de siete personas y el pacto de indemnizaciones para sus grupos familiares por perjuicio a la vida, perjuicios morales, perjuicios materiales, daño moral y lucro cesante.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, indicó que no hay duda de que el Ministerio debe responder por la masacre “a título de falla en el servicio, por cuanto miembros del Ejército Nacional, en un claro desconocimiento de sus deberes legales y constitucionales, omitieron tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.Uniformados de la Brigada XVII y paramilitares que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Berna”, irrumpieron en la vereda Mulatos y asesinaron al líder la comunidad Luis Eduardo Guerra, su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años y su compañera Beyaniera Areiza. Luego mataron en la vereda La Resbalosa, del municipio de Tierralta, Córdoba; a Alfonso Bolívar Tuberquia, a sus hijos Natalia y Santiago (de cinco y dos años), a su esposa Sandra Milena Muñoz, y a Alejandro Pérez, un trabajador de la finca. Algunos de los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y otros dejados a la intemperie.

La Corte Constitucional ordenó en 2012 al Ministerio del Interior que se hiciera una retractación oficial, aunque el acto no fue bien recibido por la comunidad. También en ese momento el expresidente Uribe insistió en que las Farc habían utilizado a integrantes de la Comunidad de Paz.

El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación en octubre de 2012, en sentencia que fue apelada por el Ministerio de Defensa. No obstante, la defensa de las víctimas y el Ministerio terminaron por conciliar.

3.800millones de pesos pagará el Estado en indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Aunque hace 10 años el entonces presidente Álvaro Uribe negó la participación del Ejército en la masacre, el Ministerio de Defensa llegó a un acuerdo para indemnizar a las familias de las víctimas.