En Murindó los habitantes padecen hambre mientras esperan la reubicación del pueblo

Pese a que desde 2018 una ordenanza ordenó reubicar a ese municipio, la tarea está estancada por varios frentes.

Luego de más de tres décadas de promesas, la reubicación de Murindó, uno de los territorios más pobres del Urabá antioqueño, continúa enredada en planes que no salen del papel.

Pese a ser un proyecto crucial para resolver el aislamiento de ese municipio con el resto del departamento y evitar las constantes inundaciones ocasionadas por los ríos Murindó y Atrato, el traslado de ese casco urbano está atascado por varios frentes.

Durante un debate de control político realizado en la Asamblea Departamental a finales de abril pasado, el alcalde de Murindó, Oswaldo Quejada Ledezma, denunció que la situación ha avanzado a tal punto que los habitantes de esa localidad están aguantando hambre por cuenta de la ausencia de tierras para cultivar.

“El río dejó de correr por su lecho, está regado por todas partes, como una trenza ¿Qué genera eso? Que el mismo río nos dejó sin en donde sembrar el pancoger”, alertó el mandatario, señalando que, además de las permanentes inundaciones, el municipio ni siquiera tiene una vía de acceso y la única forma de entrar y salir es por vía fluvial o por helicóptero, este último un privilegio que solo pueden darse algunos funcionarios públicos.

Además de ese problema, Quejada añadió que el municipio también sería el único del departamento que no tiene red de acueducto ni alcantarillado, un problema que se ha traducido en la imposibilidad para adelantar proyectos de vivienda nueva que ayuden a suplir las precarias condiciones de los habitantes.

“Nuestro municipio es uno de los más abandonados del departamento y el país. La situación es difícil”, reprochó el alcalde.

Aunque en su intervención, el alcalde de Murindó señaló sentirse respaldado tanto por la Gobernación de Antioquia, como por el Gobierno Nacional, que acordaron financiar el traslado en un 30% – 70% respectivamente, durante el desarrollo de ese debate varios corporados que le hacen seguimiento al proceso cuestionaron los rezagos de ambos entes para concretar la reubicación.

Bajo esa perspectiva, Andrés Fernando Mesa Valencia, diputado que citó aquel debate de control político, planteó que, pese a que la reubicación maneja un plazo aproximado de 12 años, los últimos tres años se habrían perdido.

Según sostuvo, a los retratos en la construcción de la vía de acceso, se suma que todavía hay dudas sobre el terreno en el que se construiría el nuevo casco urbano, así como recursos faltantes en el fondo con el que se financiará esa tarea.

“Evidenciamos que no ha habido ningún avance significativo, más allá de la constitución de un comité departamental para la reubicación, que se conformó en septiembre de 2022. Hay un plan de acción a 12 años, pero ese plan ya ha perdido dos o tres años”, expresó el corporado.

“Hoy la comunidad de Murindó sigue sufriendo las inundaciones y la imposibilidad de inversión, porque no se puede invertir en un hospital porque va a ser reubicado, no se puede invertir en una escuela porque va a ser reubicada. Además, las inversiones PDET no superan los $4.000 millones”, añadió Mesa Valencia.

Además de esos problemas, Valencia sostuvo que una de las principales luces de esperanza para que el proyecto se desatascara estaba en que el mismo fuera incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, cosa que no ocurrió a comienzos de este mes.

Para conocer su versión sobre el problema, este diario consultó con la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Antioquia, que a través de un documento de prensa argumentó que para que el traslado se concrete aún faltan subsanarse requisitos técnicos y jurídicos.

En dicho documento, firmado por la secretaria de Planeación Claudia García Loboguerrero, esa dependencia señaló que uno de los principales obstáculos para el traslado consiste en la selección del lote más apropiado para la reubicación, que tuvo que ser cambiado en 2019, tras un estudio adelantado por la Universidad Nacional.

Según precisó Planeación, el problema central consiste en que en la ordenanza y el decreto departamental de 2018 en el que se ordenó el traslado fue incluido un terreno ubicado en un sector conocido como Los Playones, pero luego la Universidad Nacional consideró que había otro terreno que representaría menos costos.

“Para finales de 2019 este estudio recomendó un nuevo lote que no era el seleccionado ni en la Ordenanza ni en el Plan de Acción, que, si bien podría disminuir los costos del traslado, implicaba iniciar desde cero los estudios técnicos, los procesos de concertación social, trabajo con la corporación ambiental y la revisión del EOT, un proceso que había llevado 7 años. Sin embargo, la principal preocupación de este nuevo lote son sus condiciones de riesgo, desfavorables respecto del lote originalmente elegido”, explicó García Loboguerrero.

Con base en esos riesgos, Planeación señaló que se decidió seguir avanzando en el traslado para el primer predio, una decisión que fue aprobada por el gobierno municipal a través de una ordenanza emitida el año pasado.

Pese a insistir en que para reubicar el pueblo hay varios procesos en curso en alianza con la Nación, la Gobernación señaló que la reubicación sigue siendo un proyecto de gran envergadura y a largo plazo, que implicará un esfuerzo institucional y presupuestal sin precedentes.

Finalmente, el alcalde Quejada Ledezma recordó que su municipio espera no quedarse solo en un problema que ya acumula rezagos desde 1992.