El Ejército Nacional prepara la instalación de un nuevo comando que tendrá sede en Urabá

Las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.) han confirmado la activación de un nuevo Comando Conjunto (Ccon) en respuesta a las complicaciones de orden público en Antioquia y Chocó.

El objetivo de este nuevo comando será el de combatir la minería ilegal y el narcotráfico en estos dos departamentos del país

El general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, reveló que este comando estará basado en Carepa, en el Urabá Antioqueño, y su principal tarea será proteger la región occidental del país.

Según el general Giraldo, “allí está alterado el orden público y la intención es, a través de este comando conjunto, llevar a cabo operaciones militares, acciones integrales y unificadas del Estado. La solución es integral y no solo a través del Ejército”.

Este comando contará con integrantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, cuya cantidad dependerá de las operaciones que se planifiquen. Este será el quinto comando activado en el país, uniéndose a los ubicados en Caquetá, Valle del Cauca, Amazonas y Caribe.

El anuncio de este nuevo plan se produce en un momento en que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha instado al Ejército a mejorar los resultados en la incautación de drogas.

Además, se enfrentan desafíos relacionados con casos de confinamiento y desplazamiento debido a disputas entre grupos como el ELN, Clan del Golfo y disidencias.

Con la activación de este Comando Conjunto, las Fuerzas Militares esperan fortalecer su presencia y capacidad de respuesta en Antioquia y Chocó, y abordar de manera integral las problemáticas de orden público en la región occidental de Colombia.

9.000 personas en riesgo de hambruna por la guerra entre ELN y Clan del Golfo, en Chocó
Cerca de nueve mil personas en Chocó están confinadas debido a la crisis humanitaria derivada de los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales. El ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) se disputan el control territorial en la subregión San Juan mediante hostigamientos a civiles y declaratorias de paros armados.

En municipios como Sipí la situación es crítica: según el alcalde del municipio, la población que allí reside está secuestrada. La gran mayoría de las 500 personas que viven en la cabecera municipal tuvieron que irse desplazadas sin que haya hasta el momento un mecanismo que les permita el retorno.

En la zona rural viven otras cuatro mil, todas ellas sitiadas por los fuertes y constantes combates entre el Clan del Golfo y esa guerrilla que inició un paro armado (el quinto del año en ese municipio) el 5 de julio. Esto no solo desencadenó el confinamiento, sino también la hambruna, pues ambas estructuras ilegales impidieron el paso de alimentos en los corredores terrestres y fluviales a pesar de que hay ocho puntos de control instalados por la fuerza pública.

Sipí, Istmina, Nóvita y Medio y Litoral de San Juan son las regiones del sur de Chocó afectadas por las restricciones al ingreso de alimentos. De acuerdo con monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, hay por lo menos nueve mil personas que entraron en situación de hambruna debido a que la comida que hay en esas zonas alcanza solamente para tres días.

Para Seguey Palacios, personero de Sipí, si no se mejoran las condiciones de seguridad, los hostigamientos de los dos actores ilegales van a continuar; además, expresó en diálogo con Noticias Caracol que las medidas hasta ahora tomadas para contener la situación son “pañitos de agua tibia”.