Cabuya, el coronel (r) saldría de la JEP por faltar a la verdad sobre los falsos positivos

El coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya ha estado en la cuerda floja de la Jurisdicción Especial para la Paz en dos ocasiones por no reconocer su responsabilidad en los falsos positivos del Batallón Vargas, en el Meta.

Primero fue la misma JEP quien amenazó con expulsarlo si no cumplía con sus aportes a la verdad, y ahora son sus víctimas las que piden que se expulsado y que pierda los beneficios que otorga esa justicia transicional.

En cualquiera de los casos, la petición siempre ha sido la misma: “Que admita que sabía de los falsos positivos y diga quién dio orden. Que nombre a los superiores y a los subalternos que le ayudaron y que cumpla con peticiones puntuales de verdad”, argumenta uno de los colectivos de víctimas.

Pero el nombre de Cabuya no suena en los tribunales de la Jurisdicción Especial como cualquier otro. El coronel (r) fue salpicado por el exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en una de sus declaraciones ante la JEP.

En sus versiones voluntarias en abril de ese año, Otoniel aseguró que Cabuya “tenía vínculos” con el exparamilitar Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, y que, a través de él, “se coordinaban operaciones conjuntas entre los grupos al margen de la Ley y el Ejército”.

Un largo expediente

Cabuya llegó a la JEP tras ser capturado en Estados Unidos y deportado a Colombia. EL COLOMBIANO publicó el artículo “Coronel (r) le dijo a la JEP que pidió falsos positivos de paramilitares, no de campesinos”, el pasado 3 de marzo de 2022, en el que afirmó que el coronel (r) huyó una vez conoció su orden de captura; pese a eso, información actualizada verifica que Cabuya ya estaba en EE.UU. desde 2005, fecha en la que, según él, viajó por motivos personales cuando no tenía líos con la justicia.

En 2011, la Fiscalía emitió la orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción agravado.

Según la decisión, “Cabuya de León, para esa época comandante del Batallón de Infantería 21 Pantano de Vargas con asiento en Granada (Meta), fue visto supuestamente por otros oficiales de esa unidad militar desplazándose en vehículos con integrantes del citado grupo armado ilegal”.

Incluso la Fiscalía tiene una declaración de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, en la que confiesa que el coronel (r) le exigía 100 millones de pesos mensuales cuando él era responsable de las finanzas del Bloque Centauros.

A partir de esa orden de captura, Cabuya se mantuvo prófugo de la justicia hasta ser buscado con circular roja de la Interpol. El 28 de febrero de 2017 fue capturado por la justicia estadounidense en Dallas, Texas.

La captura fue tan contundente, que la entonces directora de la Oficina de Detención y Deportación, Simona Flores, aseveró que “aquellos que intenten evadir las consecuencias de las atrocidades que cometieron en el extranjero al esconderse en EE. UU. no tendrán refugio seguro aquí”.

Tras ser deportado y llevado a la cárcel en Colombia, Cabuya se sometió el 24 de septiembre de 2018 a la JEP como agente del Estado.

Así lo dicta la sentencia TP-SA 151 de 2020 en poder de EL COLOMBIANO, que registra que a esa justicia especial llegó con 28 procesos en contra por homicidio. Todos ellos reseñados en la a Fiscalía 72 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, de Bogotá; y uno por el delito de concierto para delinquir en la Fiscalía 124 Especializada de Derechos Humanos, de Villavicencio, Meta.

Como compareciente, el coronel (r) había preferido guardar silencio. Sin embargo, y en un intento por no ser expulsado de la JEP, terminó por reconocer que sí ordenó falsos positivos, pero no de campesinos sino de paramilitares.

Según él, cuando necesitaba empezar a mostrar más resultados “o bajas en combate”, contactaba a otro hombre al que le decía, explícitamente, “que no podían tocar campesinos para estos resultados, a lo que él manifestaba que no me preocupara, que eran muchachos que no tenían una buena conducta en las AUC”, dijo el coronel (r) a la JEP.

Por ahora, la Jurisdicción evalúa la petición de las víctimas de que sea expulsado por su falta de reconocimiento de varios de los delitos. Si la JEP falla a favor de ese recurso, Cabuya sería devuelto a la justicia ordinaria y perdería los beneficios de la JEP.

Mientras tanto, los magistrados del caso 03 que estudia los falsos positivos, seguirán indagando en la responsabilidad de Cabuya, quien presuntamente, habría cometido “homicidios en persona protegida como resultado de alianzas entre miembros de las Fuerzas Militares con el Bloque Centauros”.

Estos últimos entregaban las víctimas, vivas o muertas, a los miembros de la Fuerza Pública, quienes posteriormente los presentaban como muertes en combate, aseveró la JEP