La comunidad campesina de San José de Apartadó ha trabajado por varios años por mantenerse alejada de la guerra

A menos de 12 kilómetros de Apartadó, Urabá antioqueño, se encuentra el corregimiento San José de Apartadó, domicilio de la Comunidad de Paz que lleva el nombre de su terruño y que hace 25 años nació en medio de una violencia desgarradora.

Esta colectividad se declaró neutral el 23 marzo de 1997, un Domingo de Ramos, después de dolorosas y crueles violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1995 y 1996.

Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó en aquella época, recuerda cómo los dos primeros años de su mandato fueron los de mayor crueldad hacia la población civil. Muchos jóvenes, especialmente de San José, le reclamaron las muertes de sus familiares.

Rememora, por ejemplo, el asesinato de Bartolomé Cataño, fundador del corregimiento, líder comunitario y concejal por la Unión Patriótica, ultimado el 16 de agosto de 1996. “Además el asesinato de 17 compañeros de la Alcaldía y el asesinato, para la época, de 100 campesinos de San José de Apartadó. Los otros corregimientos no tenían tanto impacto en muertes porque toda la muerte se concentró en San José de Apartadó”, cuenta Cuartas.

Y es que el corregimiento está ubicado en un lugar privilegiado. Tiene cercanía con la Serranía de Abibe, el Nudo de Paramillo y el departamento de Córdoba. Todo un corredor ideal para cualquier interés.

Fue en medio de este contexto cuando un grupo de jóvenes decidió crear la Comunidad de Paz. Se inicia con unos 1.200 campesinos desplazados que llegaron al centro poblado.

“Cuando llegan todas las veredas desplazadas por la masacre del 96, que matan a todos los líderes de la Unión Patriótica y de la Cooperativa Balsamar, San José queda totalmente vacío, desolado, y allí llegan estas 1.200 personas y prácticamente deciden quedarse porque era una decisión entre la vida y la muerte”, narra Germán Graciano, representante legal de la Comunidad.

Su decisión de neutralidad fue incentivada por el entonces obispo de Apartadó, monseñor Isaías Duarte Cancino. Fue él quien contactó al padre jesuita Javier Giraldo, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para que los acompañara. Desde ese momento no se ha alejado de ellos.

Durante estos 25 años el padre Giraldo se ha encargado de documentar los más de 300 asesinatos, las graves violaciones de los derechos humanos y al DIH, así como la estigmatización y persecución que han vivido sus integrantes. Los han señalado de apoyar a la guerrilla, afirmación que desmiente con firmeza: “El que entraba a la Comunidad era porque decidía no colaborar en ningún aspecto con ningún actor armado”.

Agrega que “han sido 25 años muy luchados, que los caracterizamos como un proceso de resistencia. Yo que he seguido estos años muy de cerca, me parece una resistencia heroica”.

Durante ellos ha podido entender, desde su rol de líder, por qué se ha querido acabar con esta colectividad. Asegura que el malestar está en su modelo de resistencia, de comunidad. “Lo que quieren es que esto no se reproduzca. Ese gen, ese modelito de comunidad, no se reproduzca”.

Esto lo sustenta a través de lo que llama “métodos de extermino” donde están, por ejemplo, el físico, enfocado en el asesinato de sus miembros; biológico, no dejar ingresar alimentos por la única vía de acceso; social, exclusión de todos los proyectos realizados con el presupuesto del municipio.

Este modelo, la mayoría de su tiempo, se ha desarrollado en una finca llamada la Holandita. Allí decidieron apostarle a una subsistencia soberana y autónoma a través del cacao, plátano, frijol, yuca, maíz y caña, y no depender de las ayudas gubernamentales.

Durante los años la Comunidad ha tenido que enfrentar situaciones dolorosas como el asesinato de Luis Eduardo Guerra y Alfonso Bolívar Tuberquia, el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y la Resbalosa junto a sus familias. Por esta masacre varios militares y paramilitares han sido condenados.

“En estos 25 años, en la actualidad, sigue siendo todo muy difícil, nada cambia, lo que cambian son las estrategias. Lo más difícil ha sido la pérdida de la familia, de los líderes, de mucha gente que fundó la Comunidad”, recalca Graciano.

A ello se le suma el reclutamiento de jóvenes por parte de paramilitares que los llevan a la vereda la Cristalina para entrenarlos, denuncia la exalcaldesa.

El asedio de los ilegales también ha tocado los pobladores vecinos de la Comunidad de Paz, a quienes obligan a cumplir sus normas y cultivar lo que ellos quieren, cuenta el padre Javier.

Desde finales del 2000 la CIDH ha emitido una serie de resoluciones con medidas provisionales para proteger a los miembros de la Comunidad de Paz.