Desde que se anunció la desmovilización de las FARC, los habitantes de Urabá ya sabían que los territorios que por décadas ocupó esa guerrilla y que ni siquiera las AUC los logró sacar, serían ocupados por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Una premisa que se cumplió, pues esa banda criminal que para todos los habitantes de esos ocho municipios del norte de Antioquia no son más que nuevos paramilitares, hoy son el poder en toda la región.
Y eso es evidente para quienes viven o recorren esta rica región. Fuentes de inteligencia militar estiman que allí pueden tener más de 1.300 combatientes armados —muchos de ellos patrullan uniformados en las montañas— y el mismo número de colaboradores que se encargan de los negocios urbanos (extorsiones, vacunas, drogas), de llevar pequeños cargamentos de alucinógenos y de informar todo lo que ocurre a los mandos medios. Y aunque nadie sabe cuánta plata están haciendo, se puede hacer un cálculo: las 85 toneladas de cocaína que les han sido incautadas en los dos últimos años por la Operación Agamenón les hubieran dado unas ganancias de más de 3.000 millones de dólares.
Al recorrer Apartadó, Turbo y Carepa es común ver los carros repartidores de cerveza y gaseosa escoltados por policías, enfundados en chalecos antibalas, bien armados y con cascos que nunca se los quitan. Hasta hace varios meses, las FARC eran las que extorsionaban a los distribuidores de víveres, especialmente en medio de la carretera. Esto había quedado como un acuerdo tácito entre la guerrilla y la Bacrim: no se podía extorsionar por partida doble.
Sin embargo, una vez la guerrilla salió del panorama, el Clan ha tratado de hacerse con esas rentas. Decidió cobrarle a los carros distribuidores 2.000 pesos por caja vendida. Así las cosas, si todos los vehículos venden mil cajas al día, una cifra conservadora, significarían 2 millones de pesos diarios para las arcas ilegales. La presión es tan clara, que en varios corregimientos como Currulao y Nueva Colonia, de Turbo; o Río Grande de San José de Apartadó, de Apartadó, se han visto al borde del desabastecimiento porque los carros repartidores de bebidas tienen prohibido llegar hasta allí. Esto ha hecho que los habitantes contraten transporte público para que les hagan llegar lo necesario. Además, en el corregimiento de Belén de Bajirá, jurisdicción de Riosucio, Chocó, hace meses no se ve una gaseosa o una cerveza.
El coronel Luis Eduardo Soler Roldán, comandante de la Policía de Urabá, dice que los problemas con los carros repartidores empezaron en septiembre pasado, y que los extorsionistas intentaron primero intimidar a los repartidores de Bavaria. En febrero, lo hicieron con las demás empresas —Postobón y Coca Cola—, por lo que se asignaron patrullas para escoltarlos. Al parecer, se ha creído que en el tema hay una preferencia, por prestar el servicio a grandes empresas, pero Soler Roldán dice que es “necesario proteger todos los empleos directos e indirectos que se generan en la región”.
Desde septiembre se han capturado a 29 personas ligadas al Clan del Golfo, quienes han estado inmiscuidos en amenazas y extorsiones. Según el coronel, las intimidaciones han desaparecido, pero hay que continuar escoltando a los carros, pues es mejor no dar treguar en ningún momento.
Pero en el Urabá no sólo los carros repartidores están en la mira de estos delincuentes. Entre los comerciantes se dice que quien no pague la cuota no puede abrir su negocio o corre el riesgo de perder la vida. “Si uno no paga, luego no puede abrir el negocito porque le empiezan a llegar amenazas. Aquí todos pagamos, es así de simple”.
En un discurso aprendido entre muchos urabaenses, dicen que la Operación Agamenon, que comenzó el 2 de febrero de 2015 para dar con los cabecillas del Golfo, sobre todo alias Otoniel, se gasta 150 millones de pesos al día pero que ni la seguridad se ve ni mucho menos la inversión social, pese a que los 150 millones se van en un equipo de 1.200 policías, dos aviones plataforma, diez helicópteros Black Hawk y Bell. Claro que reconocen que la captura de más de 1.700 hombres que son o colaboran con el Clan y la incautación de 85 toneladas de cocaína muestran que al menos las autoridades están actuando contra esta organización.
Acoso a campesinos
Además, se habla en esta zona de Antioquia, que desde el año pasado suceden asesinatos selectivos de vendedores de droga que no tienen nada que ver con el Clan del Golfo y también de ladrones, lo que ha tenido una lectura de limpieza social. “Aquí no hay bandas criminales, lo que tenemos es paramilitares, las mismas autodefensas de siempre”, dice un comerciante.
La expansión del Clan es evidente, incluso para los habitantes del corregimiento San José de Apartadó, una comunidad de campesinos que después de varias masacres le hicieron frente a las AUC en los años 90 y principio de siglo. Ahora, ven cómo las AGC los arrinconan. Según el Comité de Derechos Humanos, que ellos mismos han gestado, se ven más de cincuenta hombres patrullando las mismas montañas que antes frecuentaba el quinto frente de las FARC.
Algunos campesinos han recibido ofertas de hasta un millón y medio de pesos para coger el fusil y unirse a las filas de la banda criminal. Se sabe que la pobreza a veces pone a dudar, pero en el Urabá conoce el precio de la violencia. Sin embargo hasta ahí no llegan las propuestas, pues también ofrecen créditos para la siembra de cultivos ilícitos que se pueden pagar en módicas cuotas y con partes de la producción posterior. “Que si antes algunos campesinos les vendían la coca a las FARC que ahora se la vendan a ellos, y quieren hacerlo a las malas pues están prohibiendo que se acepte la sustitución de cultivos”.
Al parecer ya hay campesinos que han aceptado los tratos con el Clan, pues en las veredas Rodoxali y La Esperanza, donde han llegado familias enteras procedentes de Córdoba, la estructura ilegal ha entregado casas para que vivan algunos de sus colaboradores. Así, esta Bacrim ha ido demostrando su poder, pero también han ido esparciendo el miedo, pues hace unas cuantas semanas, se denunció la violación de una adolescente a la vereda La Hoz, luego la madre de la menor desmintió el hecho, pues fue intimidada por los armados.
La preocupación es que El Clan del Golfo intimide de manera más fuerte a los campesinos para que accedan a sus ofertas, lo que ya fue advertido por el comandante del quinto frente de las FARC, alias Darlinson, en una entrevista con el periódico La Chiva de Urabá, al decir que temía porque la presencia “paramilitar” era evidente en la zona.
Estos problemas de seguridad no sólo le atañen a las bandas criminales. Se ha vuelto harto preocupante para las autoridades locales el fenómeno de pandillas que se enfrentan a machete y cuchillo en los barrios de Apartadó y Turbo, en este último municipio ya armadas con pistolas y revólveres y al servicio del Clan para la venta de drogas.
Barrios como El Obrero, cuentan con hasta diez pandillas, cada una conformada por máximo 20 muchachitos que no sobrepasan los 19 años y que han hecho de la calle su forma de sobrevivir. Para Yordano Tabares Cortes, líder de la Oficina de Juventud y Jóvenes de Apartadó, este sí representa un reto para la administración, pues no hay una política pública de juventud y los grupos armados se pueden aprovechar de la situación vulnerable de muchos y ofrecerles plata para cargarlos con un arma y darles la administración de una olla de vicio.
Se calcula que más de 300 jóvenes en Apartadó y Turbo hacen parte de las temidas pandillas que atracan a diestra y siniestra y hacen valer su ley de fronteras invisibles a punta de machete. Entre algunos habitantes se creía que esta nueva violencia había explotado porque las FARC ya no controlaban los barrios, aunque Yordano Tabares y la misma Policía descartan esa hipótesis de tajo.
Lo que sí es cierto, y así lo confirma Ciro Abadía, representante de la Asociación de Víctimas de Antioquia (ASOVIMA), que tiene su sede en el segundo piso de una casa del barrio Obrero, es que estos muchachos son el frutos de guerras pasadas, pues los barrios donde más hacen presencia son los mismos que fundaron guerrillas ya desmovilizadas y luego refundaron las AUC. “Son muchachos que nacieron en la pobreza y ahora estamos tratando de ayudarles, porque se pueden perder definitivamente”.
Ciro busca presupuesto en todas partes y les ayuda a los jóvenes para que se concentren en actividades culturales y productivas. Entre ellos están Doggy, un bailarín que en las mañanas se dedica a la construcción y ha sacado a varios jovencitos de pandillas; y también está Epifanio, que tiene una barbería que hace unos años él atendía y ahora lo hace con otros cinco muchachos, algunos de ellos e xpandilleros. Ellos siguen reclamando más que pie de fuerza militar —y mencionan los 150 millones de pesos diarios que se gasta el Estado en Agamenón— y más una mano de ayuda para salir de una situación tan difícil.
