Sacar de las cárceles a 1.400 presos con condenas inferiores a cuatro años de prisión es la nueva apuesta que la Gobernación de Antioquia quiere implementar para descongestionar las cárceles del departamento.
Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, explicó que este proyecto llamado Justicia Restaurativa, fue aprobado por las autoridades departamentales y está a la espera de un visto bueno de la Procuraduría para implementarse, dado que ya entró en vigencia la Ley de Garantías (que limita la contratación pública).
“Estas personas serían distribuidas en Medellín, Santa Fe de Antioquia y Apartadó para trabajos comunitarios. Estarían vigilados a nivel satelital con un brazalete, y cumplirían la pena y redimirían con trabajo, pedirían perdón a las víctimas y resarcirían a la sociedad con trabajo comunitario”, dijo la funcionaria.
Los cupos que dejarían esos presos serían entonces ocupados por otros con condenas mayores, agregó.
Hoy en Antioquia hay 9.976 presos y de ellos 43,7 % (unos 4.359) tienen condenas inferiores a cinco años, según el Inpec. El índice de hacinamiento es del 89 % y las prisiones con mayor sobreocupación son la de Andes (hacinamiento del 340 %), (Apartadó (250 %), Caucasia (214 %) y Santa Bárbara (206 %).
Los presos beneficiados con esta medida seguirían bajo la custodia del Inpec, que se encargaría de proveerles vigilancia, alimentación y hospedaje. Para esto último, aclaró Ramírez, se determinaría si van a centros de detención de menor seguridad, casas especiales u hoteles autorizados por el Inpec.
“Incluso el gobernador ha ofrecido esos contenedores o vagones que son solo para dormir, y ellos podrían pasar la noche ahí. Ya le informamos del proyecto a la nueva ministra de Justicia, que le gustó mucho, y se le envió una carta a la Procuraduría, y esperamos que respondan”, agregó.
Proyecto desconocido
Martha Lucía Feho, directora para Antioquia del Inpec, aseguró que el tema es “una idea” que se está analizando y por eso declinó hacer más comentarios sobre el proyecto.
El personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, aseguró que tampoco tiene conocimiento de la iniciativa y aclaró que, en casos como este, es necesaria la aprobación del Gobierno Nacional. “Los presos deben cumplir penas como lo manda la ley. Cualquier situación que modifique esas penas, deben estar aprobadas por el Congreso y el presidente”, dijo.
La Rama Judicial, por su parte, tampoco se pronunció sobre el tema que, consideran, es competencia del Inpec.
El abogado penalista Sebastián Naranjo, explicó que el proyecto, en principio, solo requeriría aval del Inpec que es la entidad encargada de la ejecución de penas. “La ley permite algunas formas de redención de penas”, indicó.
El alcalde de Apartadó, Eliécer Arteaga, dijo que aún no conoce del proyecto pero lo consideró pertinente para dar solución a un gran problema de su municipio. “Acá tenemos muchos presos que no son de alta peligrosidad y podrían estar en esas haciendas que les quitan a los narcotraficantes desarrollando proyectos productivos”, declaró.
Para el caso de Medellín, la secretaria Ramírez dijo que ya había entablado contacto con el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, para vincular a los presos a trabajos con Emvarias.
Ramírez no precisó si cuentan con aval nacional para el proyecto, aunque sí dijo que “está aprobado y estamos a la espera de la Procuraduría para ejecutarlo”.
Plan nacional
El pasado 2 de agosto en la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de los reclusos, a través de la creación de fábricas o colonias agrícolas para que los presos puedan desarrollar proyectos productivos.
Eliécer Salazar, ponente del proyecto y representante por Cesar, aseguró que esta iniciativa busca humanizar el proceso de reclusión brindando oportunidades de empleo y aprendizaje al tiempo que se cumplen las penas. Este plan va en línea con la estrategia de humanización carcelaria propuesta por el presidente Iván Duque en enero de este año.
