Urabá está bajo la lupa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) como zona estratégica para controlar y disminuir el contrabando de textiles y confecciones que llega a Medellín.
Santiago Rojas, director de la Dian, indicó a EL COLOMBIANO que hay preocupación porque Turbo está dentro de una zona económica especial (tienen incentivos similares al de las zonas francas) y por allí no debería estar llegando este tipo de mercancía, pero hay reportes del ingreso irregular de textiles y confecciones.
Así mismo, resaltó el trabajo que su despacho realiza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para combatir este fenómeno de la economía, concretamente con el ajuste en el decreto de aranceles y de control aduanero, así como con la lucha contra el lavado de activos, en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera.
¿Quiénes están detrás del contrabando por Urabá?
“Estamos investigando y estamos tomando medidas del control al respecto. Es cierto que el contrabando no se puede ver de manera aislada, hace parte de una estructura criminal vinculada al lavado de dinero y al narcotráfico. Por tanto, se deben atacar las estructuras criminales que actúan en la zona. Desde que entró la Ley Anticontrabando (julio de 2015) se han desarticulado 34 bandas criminales en el país. Van más de 300 capturados, quienes movían 2,1 billones de pesos en mercancía, principalmente textiles y confecciones” (ver Paréntesis).
¿Cuánto contrabando de textiles ingresa al país?
“Hay una discusión grande de cuál es el verdadero volumen del contrabando en Colombia, porque cuantificar la economía ilegal tiene problemas metodológicos. Lo que sí sabemos es que el de textiles es uno de los más grandes, porque es más fácil para lavar dinero, por el uso de una prenda de vestir. Es muy difícil cuantificar la mercancía que entra subfacturada a Colombia. No se tiene una cifra detallada al respecto”.
¿Qué acción se prevé para frenar este fenómeno?
“Vamos a redoblar los controles en la vía entre Medellín y Turbo. Además, estamos pendientes de reformar el decreto de aranceles para incluir la variable peso en la mercancía que ingresa al país. Esto afectará el contrabando técnico. Se trata de una tarea conjunta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de María Lorena Gutiérrez, quien lo anunciará próximamente”.
¿Y en inspección de locales comerciales?
“Continuaremos entrando a todos los centros comerciales y bodegas de mercancía de la ciudad y de las principales ciudades del país. No hay lugares vedados. Los locales en los que se encuentre contrabando pasarán a extinción de dominio. El propietario que arriende locales o bodegas con contrabando podrán perder la propiedad de ese bien”.
¿Cómo es el modus operandi de los ilegales?
“Identificamos dos modalidades, principalmente: la subfacturación (valor inferior al real del producto, tanto en precio como en peso). El otro mecanismo es la triangulación. En el primero, por ejemplo, ingresan camisas declaradas con 8 o 10 gramos de peso la unidad y esto no lo permitiremos más. En el segundo caso, declaran un producto como si viniera de un país con Tratado de Libre Comercio con Colombia, con el fin de no pagar arancel. Pero, realmente el producto es originario de un país asiático, con el que no se tiene ningún acuerdo”.
¿Y cómo atacarán este punto específico?
“Hemos investigado a 39 importadores que utilizan a Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador como supuestos países de origen, pero en realidad la mercancía viene de Asia. La Dian hace esfuerzos con Polfa para continuar trabajando de manera articulada, sumándonos con gremios. Pero, son los mismos consumidores quienes deben ser responsables para no comprar este tipo de mercancías a precios muy bajos y sin factura”.
¿Qué mensaje le envía a los empresarios que salieron a protestar este martes?
“Si son legales les facilitaremos la importación y exportación de mercancía, mejorando tiempo y productividad. Pero, al ilegal le caerá todo el peso de la Ley Anticontrabando, con penas de prisión hasta 30 años. Insisto en que son acciones que no dependen solo del Gobierno, los mismos consumidores también deben involucrarse en erradicar este fenómeno”
