En Turbo, Contraloría investiga responsabilidad fiscal

La Contraloría General anunció durante su rendición de cuentas en Antioquia, que adelanta múltiples procesos de responsabilidad fiscal en el departamento, en casos que ascienden a la suma de $78.950 millones. El daño patrimonial de mayor cuantía, según la Contraloría, se registró en Medellín, por 55.000 millones de pesos, en un contrato de aseguramiento que suscribió el Municipio con las EPS Cafesalud, Caprecom y Emdisalud.

Érika Navarrete, gerente departamental de la Contraloría General de la Nación, explicó que en este caso, «la Contraloría ha logrado recuperar $30.000 millones y esperamos que antes de terminar el periodo se haya logrado restablecer el resto del dinero».

Este es uno de los siete casos de Responsabilidad Fiscal que el ente de control reveló en la rendición de cuentas para Antioquia.

Se ha logrado recuperar $30.000 millones y esperamos que antes de terminar el periodo se haya logrado restablecer el resto del dinero

El objeto contractual era la prestación de servicios de salud de los usuarios del régimen subsidiado. Pese a que el contrato fue liquidado, 10 instituciones prestadoras de salud reportaron carteras vencidas por el no pago de los servicios.

Según informó la Contraloría, como presuntos responsables fiscales están vinculados a este proceso María del Pilar Pastor, exsecretaria de Salud; Juan Esteban Vélez, exdirector de Caprecom, entidad contratista y administradora de los recursos; al igual que los representantes de Emdisalud y Cafesalud, también en calidad de contratistas y administradores de los recursos.

Turbo, uno de los municipios más implicado

En Turbo (Urabá antioqueño) se investiga porqué la administración municipal reconoció y pagó 4.336 millones de pesos con recursos del Ministerio de Educación, por cobertura educativa de 4.072 alumnos, sin haberse prestado el servicio.

En ese caso, fueron vinculados al proceso como presuntos responsables, la Alcaldesa Sandra María Puerta y el secretario de Educación, Bayron Ernesto Trebol.

También en ese municipio, se abrió un proceso de Responsabilidad Fiscal por $7.930 millones por la suscripción de un contrato para la prestación de servicios de salud a usuarios del régimen subsidiado. Dicho contrato aparece liquidado, pero hubo pago de las cuentas vencidas a la IPS Hospital Francisco Valderrama por dichos servicios.

Siguiendo en el Urabá, a la corporación Autónoma Corpourabá se le detectó un hallazgo fiscal por casi $2.700 millones de pesos «relacionados con presuntas irregularidades en pagos y transferencias de recursos de la Coporación a cuentas bancarias de empleados, contratistas y familiares de empleados».

En Tarazá (Norte), el Municipio pagó 4.000 millones de pesos para construir un acueducto, pero las obras están inconclusas y abandonadas.