Dos meses han pasado desde que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, decidiera que de tres casetas de cobro de peajes del eje vial del Urabá antioqueño, pasarán a ser dos.
Esto luego de las manifestaciones violentas y alteraciones al orden público que tuvieron lugar a comienzos de este año y que dejaron dos peajes destruidos.
De esa manera, las casetas de cobro de Chaparral y Río Grande -en las que se cobraba en un solo sentido- serían fusionadas y en su lugar se ubicará un peaje (bidireccional) en El Tigre, inmediaciones de Chigorodó. Mientras que el de Cirilo no se trasladará y reanudará su cobro cuando vuelva a ser operativo.
Además, las tarifas diferenciales también fueron suprimidas. Es decir, tanto residentes como visitantes de la región pagarían el mismo rubro al transitar por los peajes.
EL COLOMBIANO consultó con la ANI sobre el avance de la reconstrucción y de dónde provendrían los recursos para adelantarla.
Ante esto, la agencia solo respondió que la suspensión del cobro del peaje “implica la necesidad de revisar el alcance del proyecto, en vista del desequilibrio económico que genera el no recaudo”.
Por ello, la entidad está considerando la posibilidad de desafectar el tramo comprendido entre El Tigre-Necoclí, para que se entregue al Invías, y esta se encargue de su operación y mantenimiento.
No obstante, el panorama sigue igual. Ni los peajes viejos han sido demolidos, ni el nuevo se ha comenzado a construir. Incluso, el de Chaparral, según reportan habitantes del sector, está siendo intervenido con mejoras.
Sergio Monsalve, líder social de la región, indicó que en ese punto personal contratista de la ANI, ha estado pintando y adecuando el equipamiento del peaje.
“Han intervenido los semáforos y la báscula, pero uno no sabe para qué, si se supone que eso se va a derribar para trasladarse al sector de El Tigre”, señaló Monsalve, quien aseguró además que la presencia de la agencia no se ha notado, ni tampoco la comunicación con la comunidad sobre los trabajos que ya se deberían estar realizando.
Monsalve contó que lo poco que saben es que la ANI entregaría la vía y la concesión del proyecto al Instituto Nacional de Vías, Invías, lo que llevaría a que los recursos generados sean para un fondo común y no inversión en proyectos de la región.
“Si llega a ese fondo, el dinero sólo se puede invertir en temas de vías. No solo la carretera, que no se ha terminado, queda sin doliente, sino que también se pierde un recurso para invertir en la zona de influencia”, anotó.
