Las dos caras de Urabá: Desarrollo económico y crimen organizado

El Golfo de Urabá cuenta con 323 kilómetros de costa porosa, espesa y profunda dominados a su antojo por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia; por ahí se mueve contrabando, cocaína y migrantes, pero también maquinaria pesada que hoy le da forma al puerto de aguas profundas que tanto anhela la dirigencia antioqueña.

El mismo día que un grupo de campesinos reclamantes de tierra se reunían en un céntrico hotel de Apartadó, Urabá antioqueño, para compartir sus temores frente su seguridad por cuenta del dominio alcanzado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) en la región, a varios kilómetros de allí, en el vecino municipio de Carepa, dos policías eran atacados a mansalva por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El hecho, que tuvo lugar a eso de las 2 de la tarde en el populoso barrio San Marino del casco urbano, dejó un uniformado muerto y otro herido. Tan solo 24 horas antes, un puesto de Policía ubicado en inmediaciones del corregimiento Piedras Blancas, también de Carepa, había sido hostigado por desconocidos.

La verdad, no se trató de desconocidos. En Urabá, autoridades civiles y militares saben que los responsables de estos hechos no son otros que los ‘gaitanistas’, los mismos que el gobierno nacional decidió nombrar ‘Clan del Golfo’, pero que en la región simplemente llaman como los “paracos” y que hoy tienen aterrorizados a comerciantes, campesinos reclamantes, funcionarios y pobladores.

De acuerdo con el coronel Luis Eduardo Soler, comandante del Departamento de Policía Urabá, los recientes ataques contra sus hombres obedecen a retaliaciones de los miembros de esta organización criminal por cuenta de los éxitos operacionales de la Operación Agamenón. El más reciente, recuerda el Alto Oficial, tuvo lugar el pasado 3 de mayo en zona rural de Necoclí, cuando efectivos de la Policía sostuvieron un enfrentamiento armado con varios ‘gaitanistas’ en la vereda Los Guaduales. Allí dieron de baja a Ulder Cardona Rueda, alias ‘Pablito’, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 150 millones de pesos. En la acción también fueron abatidos tres de sus escoltas personales.

Alias ‘Pablito’ era considerado por los investigadores judiciales como uno de los más sanguinarios miembros de las Agc. Tenía bajo su responsabilidad las finanzas de las estructuras que delinquen en Córdoba y el Urabá antioqueño y era, después de alias ‘Otoniel y alias ‘Gavilán’, el hombre más importante de esta organización criminal en este rincón norte del país. Su historial registra que en septiembre de 2005 se desmovilizó junto a otros 1.135 paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento Tilodirán de Yopal, Casanare.

Sin duda un gran trofeo para los efectivos policiales, quienes, desde entonces, patrullan en caravanas de dos, tres y hasta cuatro motocicletas, todos portando gruesos chalecos antibala. Una imagen a la que terminarán acostumbrándose los pobladores del Urabá antioqueño, así como ya se acostumbraron a ver motocicletas de la Policía escoltando los vehículos repartidores de cerveza y gaseosa.

La decisión de acompañar estos vehículos se tomó luego que un mismo día de mediados de enero pasado, en distintos parajes fueran quemados tres automotores. El primero de ellos, un repartidor de gaseosas, incinerado en pleno centro de Carepa; los otros dos transportaban cerveza en la vía que de Mutatá conduce a Belén de Bajirá. Los hechos, tal como explicó el Departamento de Policía Urabá en su momento, obedecieron a represalias de los ‘gaitanistas’ por el no pago de extorsiones.

No es de ahora que la extorsión tiene azotados a los pobladores del Urabá. El fenómeno viene de hace varios años. En municipios como Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí, la extorsión ya registra niveles dramáticos. Comerciantes formales e informales y transportadores deben pagar; también los contratistas de obras públicas locales; tampoco se salvan quienes quieran explotar la riqueza maderera de la región y aquellos que pretendan ingresar contrabando o realizar cualquier otra actividad ilegal en el puerto, debe pagarle a los ‘gaitanistas’.

“Desafortunadamente tenemos un alto subregistro en materia de extorsión, porque la gente no denuncia. La mejor manera de prevenir y atacar este delito es así, denunciando, con la colaboración de la ciudadanía. El 100 por ciento de los casos denunciados se resuelven positivamente. Pero la gente no lo hace”, explica el comandante de Policía Urabá con relación a un flagelo que crece día a día.

La mejor esquina de América

Los 323 kilómetros de extensión que posee todo el Golfo de Urabá acreditan a los antioqueños como el segundo departamento con más costa sobre el Mar Caribe después de La Guajira. Un privilegio geoestratégico que la dirigencia política y gremial del departamento y del país no ha podido sacarle todo el provecho que ha querido. Hasta ahora.

Luego de varias décadas de promesas fallidas, la Sociedad Puerto Antioquia, en cabeza del Grupo PIO SAS (Puertos-Inversiones-Obras), comenzó a materializar el sueño de un puerto de aguas profundas en el Urabá antioqueño con una inversión de 350 millones de dólares. Las obras iniciaron este año en el corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, y se espera que genere 1.800 empleos directos en la región.

No es la única gran obra de infraestructura que se ejecuta en estos tiempos en la considerada “mejor esquina de América”. Desde 2015 viene construyéndose tramos de doble calzada entre los municipio de Chigorodó-Carepa-Apartadó-El Tres, corregimiento de Turbo. Esto se suma a los inicios de obra de los proyectos viales Mar I, que contempla la construcción de doble calzada entre Dabeiba y Mutatá; y Mar II, que mejorará la conectividad entre Santafé de Antioquia y Mutatá gracias a la construcción de tramos de doble calzada y un túnel a la altura del sitio conocido como El Toyo.

Con ello, las 12 horas –y a veces más– que tomaba el viaje por tierra desde Medellín hasta Apartadó se reducirán en cinco, lo que equivale decir que la salida al mar se acortará sustancialmente, con las implicaciones que ello trae en términos de competitividad. “Quiere decir que será más barato sacar mercancías por el puerto de Turbo que por Barranquilla y Buenaventura y que Urabá estará bajo la lupa de todo el país”, afirma Camilo Calle, secretario de Gobierno de Carepa.

Según estimativos del funcionario, gracias a estos proyectos, sumado a la consolidación de la agroindustria del banano que hoy cuenta con 34.267 hectáreas sembradas con la fruta y en 2015 registró volúmenes de exportación de 68 millones de cajas, el Urabá antioqueño pasará de tener una población hoy cercana a los 650 mil habitantes a poco más de un millón en los próximos cuatro años.

Pero esta ola de progreso y desarrollo se da sin que la región haya resuelto los problemas que han marcado su historia, como la tenencia de la tierra, por ejemplo. Seis años después de la puesta en marcha de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la justicia ha logrado resolver unos 176 casos de un total de 890 presentados ante los tribunales de tierras. Dichas sentencias suman un total de 6.143 hectáreas entregadas a sus legítimos propietarios.

Para Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Territorial Urabá, la restitución avanza a buen ritmo y este podrá mejorar mucho más cuando tomen posesión de sus cargos los nueves jueces de tierras que fueron designados solo para Urabá. “Vamos a pasar a tener tres a cuatro jueces más. Eso sin duda ayudará a evacuar muchos casos”, aseveró el funcionario, quien además explicó que de 19.448 solicitudes radicadas a la fecha ante las diferentes oficinas de la URT en Antioquia, unas 7.109 corresponden solo a Urabá.

Sin embargo, a juicio de organizaciones como Forjando Futuros, que acompaña judicialmente a víctimas del despojo de tierras en el Urabá antioqueño, el balance que deja la restitución de tierras en Urabá es muy pobre pues lo devuelto a labriegos vía sentencia judicial solo representa el cuatro por ciento del total de tierras despojadas en toda la región: 150 mil hectáreas. Eso sin contar que la situación de seguridad de los campesinos reclamantes de tierras se torna cada vez más compleja, incluso para aquellos que han salido beneficiados con decisiones de los jueces de restitución.

Reclamantes: acorralados

Todo fue júbilo y esperanza entre las 106 familias reclamantes de la vereda Paquemás de Turbo el año en que la justicia no solo les reconoció su condición de víctimas de uno de los despojos más significativos cometidos en la región sino que además, les devolvía la tierra usurpada. No era para menos. Entre 2014 y 2015, los tribunales de tierras profirieron 22 sentencias mediante las cuales devolvían a sus legítimos dueños unos 37 predios de los 87 que actualmente se encuentran en disputa jurídica.

Se trata de fincas que primero fueron abandonas por los labriegos en el año 1995, quienes, huyendo de la ofensiva paramilitar liderada por Hebert Veloza García, alias ‘HH’, no les quedó otra opción más que el éxodo forzado. Luego vino el despojo: un funcionario público, valiéndose del miedo que imperaba en toda la región, obligó a los campesinos mediante engaños y amenazas a renunciar a sus títulos, que no eran más que resoluciones de adjudicación proferidas por el Incora- luego Incoder- en noviembre 1994.

Curiosamente, la tierra terminó en manos de poderosos terratenientes y ganaderos, quienes convirtieron las parcelas en imponentes sociedades ganaderas y que hoy, según los relatos de los reclamantes conocidos por VerdadAbierta.com, se oponen al proceso de restitución con furia e, incluso, desconociendo decisiones judiciales.

“Los casos son concretos: como las familias que han retornado aún tienen como vecino al opositor, entonces, el opositor les echa el ganado para que acaben con los proyectos productivos; les corren constantemente las cercas; les envenena los animales. ¿Y quién dice algo si allá la ley son los ‘paras’?”, relata un campesino de la zona, quien pidió el anonimato de su identidad.

Las preocupaciones no paran ahí. Según el labriego, varios líderes de los reclamantes de la vereda Paquemás han recibido amenazas de muerte en los últimos meses. Como la justicia no ha vuelto a pronunciarse sobre el resto de los predios reina total incertidumbre entre quienes retornaron a la vereda y aquellos que aún esperan recuperar lo que la guerra les arrebató.

“Aquí hay un problema serio: están explotando madera que da miedo. Los ‘paras’ son los que controlan ese negocio. Y como nadie puede decir nada, entonces lo que está en peligro son los proyectos productivos para las familias que ya retornaron porque cada rato se los tumban, se los envenenan, se los acaban”, añade la fuente.

A varios kilómetros de allí, en el corregimiento Macondo, de Turbo, la realidad no es muy diferente. Actualmente habitan unas 600 familias que decidieron regresar desde 2012 por su propia cuenta y riesgo a lo que consideran suyo. Y riesgo es lo que han padecido. Desde hace dos años para acá se intensificaron los ataques contra los retornados: les tumban sus ranchos, les envenenan animales y fuentes de agua o intimidan a mujeres y niños. (Ver: La disputa por la tierra en Macondo: una realidad que trasciende la ficción)

También están las llamadas amenazantes que diariamente reciben los líderes más visibles donde les advierten que pronto comenzará contra ellos un ‘plan pistola’. El asesinato de Porfirio Jaramillo, campesino que reclamaba tierras en la vereda Guacamayas de Macondo, ocurrido el pasado 28 de enero, hace temer que dicho plan será una realidad. A varios campesinos, reconocidos por su liderazgo no les ha quedado más remedio que abandonar la región. (Ver: Violencia contra reclamantes de tierras, rueda suelta en Urabá)

La situación es igual de complicada en territorios como el concejo comunitario La Larga-Tumaradó, en límites con el departamento del Chocó. Allí, voceros de las comunidades afro denuncian que los ‘gaitanistas’ patrullan el territorio con las mismas libertades que alguna vez lo hicieran los paramilitares al servicio de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ e imponen restricciones: nadie puede entrar a esa vasta zona sin que ellos se percaten y hay confinamiento de las comunidades.

La visión de los reclamantes es que la “cosa tiende a empeorar”. La justicia hace ‘oídos sordos’ a sus denuncias y las amenazas, ataques y homicidios siguen sin esclarecerse. Los opositores a la Ley de Víctimas han intensificado su campaña de desprestigio contra la URT y los reclamantes, y las diatribas ya comenzaron a calar entre los políticos locales mientras que en la profundidad de la sabana urabaense, aumentan las denuncias sobre atropellos cometidos por capataces de fincas, quienes hacen de las suyas aupados en el creciente control ‘gaitanista’.

“Los ‘gaitanistas’ tienen gente diseminada en todas las entradas de corregimientos y veredas a los que les dicen ‘puntos’. Ellos vigilan quién entra y quién sale. “Pasa que a veces ingresa la Policía a la vereda a pasar revista de cómo estamos. Y más se demoran en salir ellos que llegar los tales ‘puntos’ a preguntar qué hablamos con los policías. Así es el control por acá”, cuenta un campesino reclamante de Guacamayas.

“Ofensiva con resultados para mostrar”

“No son paramilitares”, responde sin titubear el comandante del Departamento de Policía Urabá, coronel Luis Eduardo Soler, cuando se le pregunta qué son las Autodefensas Gaitanitas de Colombia (Agc) o ‘Clan del Golfo’, cómo los llaman en esa institución. Para este oficial, se trata de una organización criminal que recicló combatientes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el narcotráfico, la delincuencia que ya existía en la zona y hasta de las propias Farc y que hoy intenta mostrar un poderío armado con un pseudo discurso político, “quizás esperando en algún momento presionar una negociación con el gobierno”.

“Su principal actividad es el narcotráfico. Y cuenta para ello con una costa de más de 300 kilómetros que, por más que queramos, es difícil de controlar. Por ahí se mueve de todo”, explica el coronel Soler, quien asegura que la expansión de la extorsión y el ataque indiscriminado a uniformados “lo que muestra es el desespero de esta gente; ellos están sintiendo la presión, que los tenemos acorralados y que ya no se pueden mover como antes”.

Lo anterior, según el Coronel, es consecuencia de la controvertida Operación Agamenón, un gigantesco operativo policial mediante el cual se busca la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla de los ‘gaitanistas’, y la desarticulación de la organización. Las cifras más importantes que arroja hasta ahora son la incautación de más de 85 toneladas de cocaína listas para exportar y la captura de 1.300 integrantes de esta organización, incluidos varios cabecillas locales y mandos medios.

Con todo y ello, la pregunta que se formulan en Urabá hoy es: ¿por qué no logran la captura de ‘Otoniel’, pese a tanto despliegue policial y, por el contrario, parecen cada vez más fuertes? En algo coinciden los análisis de las autoridades civiles y de Policía con relación a los ‘gaitanistas’: se han convertido en un empleador más en la región y han logrado construir unas sólidas redes de apoyo gracias a dos cosas: ganarse el apoyo de las comunidades y reclutar principalmente a familiares.

“En muchas partes los ven como unos ‘Robin Hood’. Le ayudan a la señora para que lleve el hijo al médico; si una familia no tiene mercado pues le compran. Contratan mototaxistas, con eso se ganan el apoyo de la gente. Súmele a eso que, es cierto, buena parte de ellos son familia, no por nada los llamaban el ‘Clan Úsuga”, relata un funcionario de la Alcaldía de Carepa, quien muestra su preocupación por un fenómeno que viene creciendo en los municipios del Urabá antioqueño y que está directamente relacionada con esta organización criminal: el microtráfico.

“Se nos ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas, se nos está convirtiendo en un problema de salud pública”, cuenta el funcionario. Y no solo eso. El fenómeno del pandillerismo crece como espuma en los barrios marginales de Carepa, Turbo y Apartadó con sus sabidas consecuencias: aumento de riñas con armas blancas y de flagelos como el raponeo. “A estos pelados los envician, luego los ponen a vender droga y si lo ven que prueba finura, pues lo van metiendo a la organización”, añade la fuente.

Así está Urabá hoy: una región que muestra hoy dos caras completamente contradictorias. De un lado se está convirtiendo en uno de los polos de desarrollo mercantiles, financieros e inmobiliarios más importante del país; y de otro, el crimen organizado se consolida y le muestra sus colmillos a la institucionalidad.