Desde los años 90, los paramilitares empezaron a despojar tierras en el sur de Córdoba. Este municipio, que fue uno de los más afectados por este hecho, se ubica entre los más peligrosos para ser reclamante de tierras.
En Tierralta (Córdoba) recuerdan los años en los que el nombre de Salvatore Mancuso se mencionaba en conversaciones sobre tierras. No eran diálogos realmente, era el mismo Mancuso o sus mensajeros, como Álvaro Santana Cartagena, quienes iban a fincas para decirles a sus dueños que necesitaban la tierra, que esas fincas les gustaban, que les servían, y que,si no se las vendían, entonces igual iban a comprarlas más baratas o a invadirlas. A la gente le terminaron pagando el precio que ellos quisieron, entre $300.000 y un millón de pesos por hectárea. Por supuesto, sin derecho a protestar. Ellos estaban armados y era su ley la que valía.
Esta forma de despojo se repitió en Córdoba hasta el cansancio. En unos municipios, como Montería, fue Fidel Castaño y su fundación Funpazcor los que hicieron el despojo, y luego fue su hermano Carlos. Fue durante la década de los 90. Fidel Castaño hizo una falsa desmovilización y reforma agraria. Se les adjudicó tierras a los campesinos, pero no podían usufructuarlas y finalmente se les obligó a venderlas a precios irrisorios.
Así pasó en Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y otros municipios, especialmente del sur del departamento. A los paramilitares no les importó si la tierra era herencia familiar, si había sido entregada por el antiguo Incora a los campesinos o si había sido un negocio reciente. Todos tenían que salir.
Una vez “vendida” la finca, pasaba a manos de testaferros. En Tierralta, por ejemplo, varios predios fueron puestos a nombre de Aram Assías, quien a su vez las trasladó a Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero del departamento. De hecho, Osorio llegó a este último cargo por disposición de los paramilitares, y ahí fue cuando se compró la mayor cantidad de tierras a precios bajísimos. Assías fue asesinado en 2008, y Osorio Villadiego fue condenado a 19 años de prisión, en 2015, por despojo de tierras y otros delitos.
El retorno a estas no ha sido fácil. En Córdoba se presentaron y aceptaron, a corte de junio de 2019, 3.388 solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT). De estas, la mayoría, 3.077, están en despachos de jueces y magistrados. Solo 193 tienen una sentencia que les devuelva el territorio a sus dueños, y el resto están esperando por un fallo. Las 311 restantes están en trámites administrativos dentro de la URT. En total, se han restituido 10.213 hectáreas de tierra en los municipios de Valencia, Montería, Tierralta, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.
En Tierralta la situación no es distinta. Existen 472 solicitudes de restitución y hay 20 sentencias proferidas. 427 están en despachos de jueces y magistrados. Sin embargo, la dificultad de la restitución no es solo la lentitud con la que se profieren sentencias, sino también las presiones sobre los reclamantes e incluso sobre los jueces.
Con la situación actual del sur de Córdoba, todo esto se complica. En días pasados, varios líderes denunciaron que Tierralta estaba controlada por los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. También conocimos amenazas contra líderes de distintos sectores, entre esos, reclamantes de tierras que tuvieron que desplazarse del municipio.
