La JEP rastrea información sobre justicia militar en Urabá

En tres autos consultados por este diario, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del caso 04 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el cual se investigan las victimizaciones cometidas en la región del Urabá, pide información sobre el actuar de algunas unidades militares que sería relevante para el curso de la investigación.

El primero, con fecha del 17 de febrero, pide a los magistrados del caso 03 –conocido como el de ‘falsos positivos’– trasladar la información sobre hechos que hubieran sido cometidos, presuntamente, por miembros de la Brigada Móvil 11, en los territorios que se investigan.

La magistrada Henríquez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, pide a los magistrados Catalina Díaz, Óscar Parra y Alejandro Ramelli el traslado de la hoja de vida, videos, audios y transcripciones de versión voluntaria, las ampliaciones de estas y otras diligencias de uno de los comparecientes, retirado del Ejército, quien ha ayudado a esclarecer lo sucedido en Dabeiba.

Asimismo, pide toda la información de comparecientes que hubiesen pertenecido al batallón de Contraguerrilla n.º 79 y a la Brigada Móvil 11, y sobre las operaciones de estas unidades militares en los municipios de interés para el caso 04. “La información trasladada será incorporada a los cuadernos anexos de Fuerza Pública y Farc-EP del expediente de Urabá”, dice el auto.

Esta información es relevante porque Dabeiba es uno de los municipios priorizados en el caso 04, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 1.º de enero de 1986 y el 1.º de diciembre del 2016 en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (Antioquia), El Carmen del Darién, Riosucio, Ungía y Acandí (Chocó).

En otro auto, fechado el 2 de marzo, la magistrada Henríquez ordena a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP asignar un equipo de policía judicial que elabore un informe donde detalle los juzgados de instrucción penal militar, policial militar o policial que hayan conocido “las investigaciones de miembros de unidades militares” con jurisdicción en Urabá.

En el auto se recoge que información similar fue pedida desde octubre del 2018 a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, la cual respondió el 2 de noviembre de ese año con elementos generales, pero de forma “insuficiente como respuesta de fondo”. “La JEP continúa a la espera de la ejecución de los compromisos de la Justicia Penal Militar”, agrega.

Apenas días antes de esa solicitud, ya la magistrada Henríquez había pedido al Comando Estratégico de Transición del Ministerio de Defensa información similar. Además, le pidió establecer el nombre y ubicación de los despachos de Justicia Penal Militar que funcionaron en las instalaciones de la Jefatura Militar de Urabá entre 1986 y 1993, del Comando Operativo n.° 1 en los mismos años y de la Brigada XVII entre el 13 de diciembre de 1993 y el 2016.

También, aquellos despachos de la Justicia Penal Militar que funcionaron en lugares diferentes a esas instalaciones, pero dentro de la misma jurisdicción territorial. Finalmente, solicita los nombres y datos de los jueces penales militares frente a esos despachos.

La JEP ha avanzado en las diligencias de versión voluntaria con antiguos miembros de la Fuerza Pública y de las Farc, que fueron 24 hasta inicios de marzo. Los hallazgos “permiten renovar el interés del caso en la jurisdicción penal militar, además de elementos que mencionan y comprometen operadores judiciales adscritos a la justicia regional de orden público”, asegura.

Fuente: eltiempo