Tras ser acreditadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 35.174 víctimas del conflicto armado en el Urabá pueden participar como intervinientes especiales en todas las etapas del proceso que adelanta esa justicia en el caso 04, sobre las victimizaciones sufridas en esa región del país, entre Antioquia y Chocó.
Esto convierte al caso de Urabá en uno de los más numerosos en términos de víctimas en la historia del país, superado solo por el del Pacífico nariñense (caso 02), donde más de 80.000 personas han sido acreditadas como víctimas, y el del norte del Cauca y el sur del Valle (caso 05), donde las acreditaciones superan a las 145 mil personas.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, que es la que adelanta los macro casos de la JEP, acreditó a los consejos comunitarios del Río Curbaradó, Los Manatíes, Puerto Girón y La Larga Tumaradó.
Se trata de acreditaciones colectivas, con base en el enfoque étnico que aplica la JEP en sus casos territoriales. En ese mismo caso ya han sido acreditadas 71 comunidades y 69 territorios indígenas Embera, Wounaan, Senu y Guna Dule.
Por lo tanto, las personas que hacen parte de esos consejos comunitarios tienen derecho a aportar pruebas, interponer recursos, presentar observaciones a las versiones de los comparecientes, así como recibir información del avance de las investigaciones.
El caso 04 investiga tanto crímenes cometidos por las Farc como por integrantes de la Fuerza Pública en relación o con ocasión del conflicto armado.
La JEP acreditó a estas comunidades tras considerar que se han visto afectadas por hechos como desaparición forzada, ‘falsos positivos’, homicidios, masacres, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones personales, tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, trabajos forzosos, allanamientos, amenazas a su vida, integridad y seguridad, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, así como a sus derechos culturales a la autonomía, la consulta previa, la integridad cultural y el territorio.
Con el Consejo Comunitario Los Manatíes fueron acreditadas 152 personas y con el de Puerto Girón otras 313. Por su parte, el de La Larga Tumaradó incluye a 48 comunidades y 5.803 personas.
Todas estas fueron afectadas por el acciones de por lo menos cinco frentes de las Farc, uno del EPL y acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, presuntamente en coordinación con unidades militares, en la lucha por el control de ese territorio, principalmente en el eje chocoano, que colinda con el Urabá antioqueño.
Estas dinámicas del conflicto además llevaron a despojos de tierras que siguen en litigio para que los campesinos y comunidades afro recuperen lo que les fue arrebatado.
En el caso 04 de la JEP han rendido versión 17 comparecientes de la Fuerza Pública. De hecho, como informó este diario, la magistrada relatora del caso, Nadiezhda Henríquez también busca información sobre la justicia penal militar en la región. Dentro de los militares de interés para este caso están Rito Alejo del Río y Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quienes estaban citados a versiones antes de que fueran suspendidos los términos por la pandemia de coronavirus.
Asimismo, otros 11 comparecientes de las antiguas Farc han rendido versiones en este caso, con la obligación de contribuir a esclarecer la verdad, aceptar responsabilidades y ofrecer garantías de reparación y no repetición a las víctimas.
