Unos 170 hogares comunitarios del ICBF habrían estado 8 días sin recibir los paquetes alimentarios.
La Procuraduría abrió investigación previa contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por posibles incumplimientos en la entrega del paquete alimentario a 2.210 niños y niñas del Urabá antioqueño.
Los presuntos hechos fueron denunciados por un medio de comunicación de la subregión donde se afirmó que “170 hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvieron 8 días sin recibir paquete alimentario” y que la asociación María Auxiliadora, operador a quien el ICBF entregó el contrato por $ 5.300 millones de pesos “no tiene con qué responder sus obligaciones y está buscando a quien cederle el contrato».
Dicha contrato cobija a menores ubicados en los municipios de Apartadó, Chigorodó, Vigía del Fuerte, Murindó, Mutatá y Carepa.
Según reportó la Procuradurpia, el medio de comunicación también informó que pese a esta situación, la directora regional del ICBF habría reconocido el incumplido del operador, pero haber manifestado que no es prudente la aceptación de la terminación, porque esto perjudicaría la atención.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó al ICBF está un informe detallado sobre la ejecución del contrato que, al parecer, suscribió con la Asociación María Auxiliadora.
