Inician investigación por infiltraciones criminales en protestas de Urabá

Menos de 16 horas duró el cese de actividades pacífico que declararon en el Urabá antioqueño el pasado miércoles como protesta contra la ubicación actual de tres peajes entre los municipios del Eje Bananero (Carepa, Chigorodó, Necoclí, Apartadó y Turbo).

Los desórdenes, que obligaron a los organizadores a levantar el paro cívico el mismo día que empezó, continuaron este jueves y causaron serios problemas de orden público. En toda la región se desplegó un dispositivo de unos 1.800 hombres de la Fuerza Pública para evitar que los desmanes registrados causen alguna tragedia.

Vías bloqueadas, llantas quemadas y disturbios se presentaron desde el miércoles en la noche, cuando un hombre falleció y otro resultó herido en una de las manifestaciones en Currulao (Turbo).

Una de las vías principales de Chigorodó amaneció bloqueada este jueves, lo que obstaculizó el tránsito de personas que llegaban desde Medellín y municipios vecinos. Durante la tarde, la Fuerza Pública trabajó para limpiar los escombros y normalizar la movilidad.

En Carepa también hubo bloqueos, según el coronel Luis Soler, comandante del Departamento de Policía de Antioquia.

El Ejército, la Policía, las administraciones municipales y la secretaría de Gobierno del departamento se reunieron en un consejo extraordinario de seguridad, para determinar si detrás de los desmanes estarían integrantes del ‘Clan del golfo’ u otra organización delincuencial.

Preocupa presencia de menores de edad

Las autoridades expresaron su preocupación por la presencia de menores de edad en las protestas y los disturbios. Según Soler, las primeras informaciones indican que al parecer les estaban dando dinero a adolescentes para que ocasionaran daños.

Entre tanto, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, indicó que algunos padres de familia estaban acudiendo con sus hijos menores de edad a participar en las vías de hecho en Chigorodó.

La funcionaria también dijo que el pasado miércoles en la noche, algunos jóvenes entre los 16 y los 21 años se quisieron tomar la vía y empezaron a tirar piedras.

“Alrededor de las 4 a. m. se activó el sistema en el ICBF para que asuman la representación legal de los menores y se da la aprehensión de tres de ellos”, explicó, y añadió que ya se empezaron procesos de restablecimiento de derechos a los niños y adolescentes.

De acuerdo con César Estrada, vocero del Comité de Transportadores, los organizadores del cese de actividades reiteraron su rechazo a las vías de hecho y las acciones violentas que se presentaron.

Sin embargo, esperan que el Gobierno Nacional atienda su propuesta de trasladar los peajes hacia las afueras de la subregión y no dentro de los municipios, lo cual fue declarado inviable por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Comerciantes, conductores y habitantes mantienen su postura de rechazo a la ubicación actual de las casetas, con el argumento de que los cobros afectan a los lugareños que deben desplazarse entre uno y otro municipio para trabajar, estudiar, acceder a salud y realizar otras actividades. Aunque la ANI estableció tarifas preferenciales para ellos, consideran que estas cubrirían a muy pocas personas.

El consejo de seguridad definió realizar un sobrevuelo en la zona y adelantar conversaciones con las personas que tienen obstruida la vía.