Gloria Cuartas se declarará víctima ante la JEP y presentará informe sobre Urabá

La Fiscalía llamó recientemente a juicio a funcionarios de la multinacional bananera Chiquita Brands por su aparente financiación a grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. Pidió, además, investigar a Álvaro Uribe Vélez y a otros exgobernadores de Antioquia por su presunta omisión del caso y su relación con las Convivir. Y justo cuando esto pasa, Gloria Cuartas, quien ha investigado ese y otros casos que involucran a terceros en el conflicto de la región, se prepara para presentar ante la Comisión de la Verdad y ante la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— un informe que recoge su versión de cómo ocurrieron los hechos.

Su intención es aportar a que se esclarezca la verdad pero, sobre todo, consiste en hacer un ejercicio catártico basado en su experiencia con la administración pública y denunciar, una vez más, lo que ha denunciado durante 23 años. Ahora, por fin, su testimonio podría ayudar en la toma de decisiones.

Gloria Cuartas vivió de cerca la matanza de más de 1.200 personas cuando fue alcaldesa de Apartadó, entre 1995 y 1997. Denunció en 2008 lo que para ella fue una decisión estructurada de eliminar todo el movimiento social en el Urabá y ha explicado, también, cómo las masacres paramilitares contribuyeron con este objetivo. Dice que aún recuerda ver los cadáveres mal enterrados y que su despacho de la Alcaldía se convirtió en una sala de velación pública.

También se ha enfrentado a personajes poderosos. Le reclamó ética al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, cuando éste creó una Convivir llamada Asociación Papagayo (1996) que, según ella, vinculaba a jóvenes y los convertía en máquinas criminales. Del entonces comandante de la Brigada 17 del Ejército para 1997, el general Rito Alejo del Río (condenado por la muerte del líder chocoano Marino López Mena, y hoy en libertad tras acogerse a la JEP), dijo que degollaba cabezas y que, en una oportunidad, decapitó a un niño en su presencia.

En respuesta, ambos la han acusado de guerrillera. Del Río, incluso, la tildó de loca. En 2005, el entonces representante a la Cámara Jaime Ernesto Canal, aseguró que la exalcaldesa tenía vínculos directos con las Farc. Para 2011, el expresidente publicó en su cuenta de Twitter dos trinos: “Gloria Cuartas: ¿Tuvo apoyo de grupos terroristas en elección para alcaldía de Apartadó en 1994?” y “Pregunta: ¿Grupos terroristas apoyaron elección de Gloria Cuartas a alcaldía de Apartadó en 1994?”.

Cuartas asegura que por las denuncias del Ejército, le han abierto investigaciones en la Fiscalía que por ahora no han prosperado. “Si yo operé con el V Frente de las Farc, como lo dijeron alguna vez, que abran nuevamente la investigación para comprobarlo. Si existe una línea permanente de acusación en contra del uribismo ante la JEP, le digo a Uribe que estamos a tiempo y que él presente pruebas también”.

Para ella, haber competido con Luis Alfredo Ramos, Pedro Juan Moreno y otras personas a las que cataloga como“élite paisa”, la desterró de la política. En sus palabras, haber tomado distancia de la política tradicional antioqueña, encabezada por Uribe Vélez, produjo tenerlo como enemigo y no como un contradictor político.

A pesar de esto, Cuartas ha conseguido mantenerse en la política nacional. Además de alcaldesa de Apartadó, ha sido candidata al Senado en tres ocasiones y tuvo una palomita de mayo a julio de 2010, en reemplazo del senador del Polo Jesús Antonio Bernal Amorocho. Es trabajadora social y defensora de derechos humanos, lo que le mereció en 2008 el Premio Nantes, un reconocimiento de categoría mundial. Fue, además, consultora e investigadora para la UNESCO desde 1998 hasta 2004.

Es por todo esto que en los próximos días se declarará como víctima ante la JEP. No lo hizo antes, dice, porque no ha buscando una reparación del Estado y porque manifiesta con esto una postura ideológica. “Soy víctima del crimen de odio, que también hace daño. Nunca acepté protección del Estado y entiendo que el mío pueda ser un caso excepcional. No todas las víctimas de este país están en la base de datos de la Ley de víctimas”, explica.

Entregará además un informe llamado ‘Geografías de la guerra y territorios de resistencia: el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó’, su tesis de maestría en Geografía. Una de las grandes preocupaciones que explora en este análisis académico tiene que ver, justamente, con la figura local de los poderes político y económico como parte fundamental en la consolidación de las violencias en el Urabá.

“Sólo queremos oír sobre el paramilitarismo, las Farc u otras guerrillas —asegura Cuartas—, no qué intereses económicos se han consolidado y qué conocimiento tiene el poder local sobre esto. Creo que los alcaldes, por ejemplo, no pueden pasar en la historia de Colombia como marginales a las realidades de la JEP”.

Por la experiencia personal de haber vivido en el Urabá de 1991 a 1998, propone analizar la consolidación de un proceso de “descampesinización”en esa región, refiriéndose a la desaparición, despojo, destierro y exilio de los hombres de campo, incluidos los indígenas. Esto en manos de todos aquellos que hicieron parte de ese conglomerado de decisiones estatales.

Cuartas también habla sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP). “En la medida en que la Unión Patriótica avanzaba se intensificó no solamente el exterminio físico y de las organizaciones sindicales; también la utilización de las alcaldías locales para garantizar la imposición de un modelo criminal”.

El volumen de asesinatos sistemáticos a miembros de la UP, bajo el pretexto de tener nexos con las Farc o ser un brazo de la guerrilla, no solo en el Urabá sino en todo el país, fue catalogado por la Fiscalía en 2011 como un crimen de lesa humanidad y explicado como una consecuencia de la alianza criminal entre las altas esferas del poder, el sector económico y los paramilitares.

Aunque la defensora de derechos humanos reconoce el peso de sus declaraciones, sabe por experiencia propia del peligro que representa un poder local único y débil. Esto favoreció, según ella, el fortalecimiento de una estrategia para profundizar la eliminación de la UP y también la tensión política que se vivió con el movimiento Esperanza, Paz y Libertad (EPL).

“No solo era una rivalidad de controles de poder, detrás estaba una decisión. ¿Cómo ejerció la presencia y cuál fue el papel del Estado en la protección de la vida? ¿O contribuyó el Estado con sus distintas expresiones a vaciar la vida de sentido? Porque el tema no es solamente quién disparó, sino también a quién le favoreció ese disparo: o sea, geográficamente, mirar la transformación del Urabá y ver hoy más de 19 megaproyectos, deja una pregunta: ¿a quién le sirvió la guerra?”

Su palabra ante la JEP, dice, servirá para aclarar por qué los modelos de desarrollo están colmados de desplazamiento, violación, desestructuración del movimiento sindical y destrucción de modelos alternativos económicos para las comunidades. Igualmente, para esclarecer el porqué de que a lo alternativo, como dice, le dé tanta dificultad tener un lugar frente al modelo hegemónico.

Hoy ningún partido asume su representación. Supo desde hace 20 años que no tendría ninguna bandera más que su testimonio. De las trece alcaldías con que contaba la Región del Urabá en 1997, tan sólo una, la del municipio de Apartadó, estaba a cargo de una mujer: Cuartas.

A veces es más fácil la muerte, asegura. “Uribe, José Obdulio Gaviria y su grupo, y lo digo así con todas las letras, ha desarrollado durante los últimos 23 años una estrategia sistemática de descalificación y de daño político en mi contra. Es como una muerte en vida: una muerte laboral, política, social. Me convertí en una mujer incómoda, a quien fue mejor marginar y silenciar. Y sientes que te han quitado tu dignidad y tienes la capacidad de mirar al público y decirle: necesito que el caso se investigue porque es atroz, criminal. Así me siento yo. Vas envejeciendo y sintiendo que te violaron tu intimidad biológica, intelectual y tu intimidad como ser humano”.

Esta mujer no representa a la Unión Patriótica ni al Partido Comunista, tampoco a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ni a las víctimas de la violencia del Urabá. Sin embargo, haber sido testigo de los crímenes y haberlos denunciado le ha hecho pagar un precio muy alto.

“Cuando una mujer ha sido testigo y ha visto cómo se criminaliza el poder político y económico, cómo se destruyen las comunidades campesinas, y sigue viva, entonces es sospechosa. En Colombia —concluye— ser testigo es sinónimo de sospecha”.

Fuente: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/gloria-cuartas/