Financiación de bananeras a paramilitares en Urabá es declarada lesa humanidad

La Fiscalía General de la Nación declaró como delito de lesa humanidad la financiación de empresas bananeras a los grupos paramilitares entre los años 1996 y 2004, en la región del Urabá.

La decisión del ente acusador se toma luego de que la entidad estableciera que presuntamente varios empresarios, buscando seguridad, financiaron a las autodefensas.

Sin embargo Fiscalía aún no identifica qué empresarios habrían tenido vínculos con el frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, por lo que se declaró como un crimen de lesa humanidad para que el delito no prescriba.
El director de la Unidad de Justicia Transicional, Carlos Villamil, señaló que esta determinación se argumenta en las declaraciones que entregaron previamente varios jefes paramilitares, a la Fiscalía y a los tribunales.

“Esta providencia se emite en un caso de financiación voluntaria de terceros al grupo paramilitar conocido como Frente Arle Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, señaló el fiscal.

La decisión se adopta luego de la compulsa de copias que se hizo por parte de la entonces Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la versión libre rendida por el postulado Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, quien fuera el comandante del extinto frente de las Auc.
De acuerdo con la Fiscalía, en la versión libre Hasbún hace señalamientos directos y revela nombres de empresarios bananeros de la zona de Urabá que presuntamente financiaron el grupo paramilitar entre los años 1996 y 2004.

En el marco de la investigación, la Fiscalía indagó a varios excomandantes de las Auc, quienes ratificaron dicha versión, entre los interrogados está Hebert Veloza, alias ‘HH’.

“Se estableció que efectivamente con esos dineros aportados por aquellos bananeros que financiaron el grupo paramilitar, no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al margen de la ley en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos como los antes mencionados”, explicó Villamil.