En Bojayá el miedo y la zozobra acechan de nuevo a pobladores

Entre Vigía del Fuerte y Bojayá los únicos límites que existen son los geográficos y la principal diferencia es el apellido que reciben como departamento. El primero pertenece a Antioquia y el segundo, al Chocó. Vigía del Fuerte alberga en sus calles los comercios y misceláneas con más flujo de los dos municipios, mientras que en Bojayá el asunto es menos dinámico.

Sin embargo, son más las cosas que tienen en común y que hacen más estrecha la longitud entre las dos orillas del Atrato, que aquellas que los separan a una panga y 3.000 pesos de distancia. Los unen el acento, el color, la cultura y la idiosincrasia. En ambos, también la gente llora y se ríe.

Pero, los bojaseños cargan en sus hombros una historia de dolor más intensa. Tal vez es por eso que los vigieños afirman sentirse más tranquilos que ellos.

“Hay muchas personas que tienen miedo, pero es más que todo en Bojayá. Eso no quiere decir que uno no se atemorice porque uno piensa que lo que pase allá, aquí también nos afecta. Pero yo estoy tranquila, igual será como dicen por ahí que ojos que no ven, corazón que no siente y aquí no hemos visto ni sentido nada”, expresa, sentada afuera de su negocio, una comerciante de Vigía del Fuerte.

Es un síntoma generalizado. En las calles de Bojayá, en sus 11 corregimientos, el miedo y la zozobra se quedaron. De acuerdo con la sicóloga Daniela Tapias, más que por el peligro que puedan sentir, se trata de un reflejo del estrés postraumático por los hechos que vivieron a causa de la masacre de hace casi 18 años.

Hecho que se suma a la certeza de que actores armados ilegales los acechan de nuevo. En Bojayá han caminado por las calles, navegado por los afluentes y penetrado en las selvas. Por eso, la mayoría de los habitantes solo hablan bajo la seguridad que les ofrece la confidencialidad.

“Se sabe que están. Algunos han venido a comprar cositas, han venido entre 8 o 10”, dice un habitante de Lomas de Bojayá mientras mueve su cabeza en un gesto de negación. “Vienen de civil y que yo sepa, compran sus vainas y se van”, agrega.

El habitante afirma, sin embargo, que llevan unas tres semanas sintiéndose más tranquilos. “Aquí no ha pasado nada, para qué le voy a decir que sí. Con el Ejército más presente la situación es diferente. Es que, los únicos que tienen, digamos, facultad para tener uniforme y esas armas es la fuerza pública y el resto que las tengan es que son delincuentes”, afirma.

Pero la incertidumbre sigue rondando y sus calles se están quedando solas. “Vea, hoy no más se fueron 11 familias de aquí. O sea, algunas lo hacen por seguridad (…) Lo que soy yo, me voy con los últimos que se vayan”, expresa con vehemencia. Es un campesino de 57 años y todos ellos los ha vivido en Bojayá.

Vienen de civil y que yo sepa, compran sus vainas y se van

Lo mismo dice el alcalde del municipio, Edilfredo Machado: “Este es el momento en que en la comunidad de Opogadó contamos con 11 personas, ya los demás se nos desplazaron al municipio de Vigía y al Urabá”.

En lo que coinciden autoridades y habitantes de Bojayá es en que lo que más necesitan es la intervención integral por parte del Estado, pues las visitas de los gobernantes no han sido, precisamente, lo que les ha hecho falta.

“Es mentira decir que el Estado no ha hecho nada, porque sí lo ha hecho, más por remordimiento que por otra cosa (…) Por la guerra, porque todo el mundo nos miró y por lo que pasó se le reclama. (…) Pero está para que lo vea el país y el mundo y ya. Una cosa es la presencia y otra cosa es la intervención”, manifiesta un habitante de Bellavista.

Bellavista es la nueva cabecera, construida luego del triste episodio de la guerra que marcó a Bojayá y dividió para siempre su historia el 2 de mayo de 2002. Ese día por la mañana, las Farc lanzaron una tercera pipeta contra los que se refugiaban en el tempo del pueblo.

Era una confrontación con los paramilitares. Esa pipeta estalló al atravesar el techo de la iglesia e impactar en el altar. La explosión causó entre 74 y 119 muertos y alrededor 98 heridos, un porcentaje significativo de ellos menores de edad y todos ellos civiles no combatientes.

Hoy, Bellavista es un pueblo donde confluyen mestizos, negros e indígenas y allí se construyó una réplica de la iglesia destruida por la tragedia.

El muro al costado de la iglesia fue pintado recientemente por los niños con colores pasteles, corazones, nubes y flores con caras dibujadas, todas sonrientes. Las imágenes están acompañadas por frases en las que la palabra paz es el común denominador.

Las alarmas en Bojayá se reactivaron el último día de 2019. Según denuncias de pobladores y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, llegaron a la población integrantes de un grupo armado ilegal que provocó el confinamiento de los habitantes en Pogue, corregimiento del municipio. Según sus cifras, hablaban de 300 hombres que atemorizaron a la población.

Sin embargo, desde abril de 2019 la Defensoría del Pueblo había advertido de riesgos por enfrentamientos entre grupos armados, confinamiento por la siembra de minas antipersonales, reclutamiento forzado de menores, entre otros, en varias zonas de Chocó, en comunidades como Villa Hermosa, Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, Mesopotamia, Boca de Opogadó y Pogue.

El calvario de Bojayá es, sin duda, su ubicación estratégica en el plano geográfico. Su importancia para los ilegales radica en que se convierte en una salida para el océano Pacífico, ya que es el municipio bisagra entre el centro y el norte del departamento.
Con la salida de las Farc del territorio, el Eln y el ‘Clan del Golfo’ (autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc) emprendieron planes de expansión en la zona y se han estado disputando el control del territorio y de esas rentas ilícitas desde entonces.

“Es un territorio de economías ilícitas que utilizan grupos armados organizados para narcotráfico y extracción irregular de yacimientos mineros”, dice el mayor general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.

El destino de esas rentas es la salida hacia Venezuela, el mar Caribe o el Chocó y cuando llegan a Antioquia tienen dos rutas, una hasta el golfo de Urabá, a través de Acandí y Unguía, y otra a Bahía Solano.

Los problemas van más allá de la seguridad

Luego de las alertas hechas por la población civil y la Red de Participación Cívica, el Ejército Nacional reforzó sus tropas. En el norte del Chocó hay dos batallones. Esas dos unidades cuentan con más de 1.500 hombres en ese sector. En Bojayá, en una operación militar dedicada a neutralizar las intenciones del Eln y del ‘Clan del Golfo’, desde hace más de tres meses hay una operación con 300 hombres.

De acuerdo con la Séptima División del Ejército han registrado 90 capturas y 17 sometidos a la justicia por parte del ‘Clan del Golfo’, mientras que del Eln han sido 40 los capturados y 37 los que se han presentado voluntariamente.

Sin embargo, los problemas de los bojaseños van más allá de los asuntos de seguridad. “La fuerza pública hace presencia en las comunidades, pero eso no significa que los problemas estén resueltos. En Opogadó, por ejemplo, el Ejército llegó y aún así la gente se vino. ¿Pero por qué? Porque no tienen energía, vivienda y ni proyectos productivos. La fuerza pública sí es importante y necesaria, pero debe ir acompañada de lo social”, dijo el alcalde de Bojayá, Edilfredo Machado.

El reto, precisamente, radica en pasar de un control militar de los territorios a uno institucional. En ese sentido, el presidente Iván Duque llegó el pasado sábado 11 de enero a la zona y se comprometió con la comunidad a mejorar las ofertas estatales: “Sabemos que por muchos años ha habido abandono en muchas de estas comunidades, sabemos que son necesidades que se han incubado a lo largo de las décadas, pero aquí venimos a decirles que hay un gobierno y hay un presidente que los quiere y que va a trabajar por su progreso”.

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