El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, se entregó a la Policía

Nueve meses después de que la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos por sus nexos con el paramilitarismo, el político antioqueño se entregó ante las autoridades este martes en la estación de Policía del municipio de El Retiro, ubicado en el nororiente antioqueño. El también excongresista de 74 años cumplió con la orden que emitió el juzgado 28 de ejecución de penas de Bogotá.

El expediente de Ramos que cumplió caso 10 años en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema culminó el pasado 1 de octubre con una condena de casi ocho años de prisión por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007. El documento que reveló El Espectador daba cuenta de las actuaciones ilegales del político antioqueño con los hermanos Castaño, líderes de las extintas AUC.

El apoyo de los subversivos se materializó con la financiación que asumieron en las campañas políticas para que Ramos llegara a ocupar una curul en el Congreso. El político fue condenado con una votación de dos a favor y uno en contra porque se probó que “se asoció con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.

El fallo de 100 páginas consignó que Ramos recibió apoyo del Bloque Metro, del Bloque Centauros y de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Para el alto tribunal está claro que el político recibió dinero no solo para posicionarse en el Congreso con una curul a través de votos, sino también con inyección económica a sus campañas. El pacto, según el fallo firmado por el magistrado Ariel Torres, era que Ramos, a cambio de los apoyos financieros trataba de hacer pasar al grupo ilegal como inadvertido ante la fuerza pública.

Además de eso, que Ramos los terminaría beneficiando en el proyecto de Ley de Justicia y Paz que se tramitaba en el Congreso para cuando llegó al legislativo. La normativa fue la puerta que se abrió para que los paramilitares pudieran ser juzgados con beneficios a cambio de verdad en la justicia transicional, situación similar a la que ocurre actualmente con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las extintas Farc.

Ramos no fue el único político de la época que resultó salpicado por los dineros de los paramilitares. Para la época, recibir dádivas del paramilitarismo era el pan de cada día, y ante sus aliados, eso no era una actuación ilegal. No obstante, las autoridades judiciales le pusieron la lupa al caso y llegaron a condenar a más de 50 congresistas salpicados por dineros de la mafia.