El COVID-19 ha favorecido el control paramilitar en San José de Apartadó

Una grave denuncia hace la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia. En su última constancia describen cómo la pandemia es sólo uno de sus problemas y hay otros temores y riesgos a las que están expuestos y que se han agudizado en la etapa del confinamiento nacional. Adicionalmente, responsabilizan al Estado colombiano de todas las afectaciones que puedan tener y han tenido, y señalan diferentes inconsistencias que demostrarían el actuar conjunto entre paramilitares y fuerza pública.

La Comunidad de Paz denuncia que el dominio paramilitar en la región es una vieja “costumbre”, pero se ha acrecentado en los últimos meses y además se ha vuelto más explícito. Si bien la pandemia no ha ocasionado ningún muerto en Apartadó ni en los pueblos vecinos, tampoco hay registro de contagiados “sí se ha convertido en una ocasión adicional para que los paramilitares, que han gozado de todo el respaldo y la protección del Estado y de gran parte de la capa social dirigente, asuman un poder más explícito, un autoritarismo más arrogante y un dominio y control territorial más apabullante, ejerciendo de hecho la autoridad que le correspondería a instituciones del Estado”.

Así mismo el obispo del municipio, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín declaró que “no percibe ninguna voluntad de parte del Gobierno Nacional de controlar o reprimir las estructuras paramilitares, particularmente las llamadas AGC o “Clan del Golfo” (según la denominación que le da el Gobierno), a pesar de ser esta fuerza el principal agente de violencia en la región”.

Esto se evidencia en que paramilitares encapuchados y dotados con armas largas han recorrido libremente los caseríos amenazando a los pobladores, además se dice que el 23 de abril “el paramilitar conocido como alias ‘El Burro’, había subido al paraje conocido como Chontalito esa misma semana, para encontrarse con el paramilitar alias ‘Pablo’, con el fin de coordinar estrategias de control de la zona de la vereda Mulatos y zonas aledañas, aprovechando la situación de Cuarentena que se ha impuesto a toda la población nacional”.

Otro hecho de suma gravedad en el que estaría involucrada la fuerza pública, ocurrió el 4 de mayo en San José, en cuanto “un grupo de policía contraguerrilla que se encontraba en el búnker de la Policía, bajó y supuestamente logró incautar varias armas de fuego, dejando libres a los portadores de las mismas que son paramilitares. Después del incidente, algunos policías sugirieron organizar un partido de fútbol entre policías y civiles, algo abiertamente violatorio de las normas de la cuarentena; se les oyó decir que por ellos no habría problema, pero preguntaban qué opinarían “los manes del radio”, o sea la estructura paramilitar. Nueva evidencia de coordinación y connivencia entre ambas estructuras”.

El 12 de mayo fue asesinado el joven de 19 años Rafael Antonio Guerra López, esto ocurrió en el sector de Caño Seco, de la vereda Alto Bonito de San José de Apartadó. Se percibe “como causa de la ejecución, alguna desobediencia a órdenes de sus victimarios paramilitares. (…) Al parecer, en este caso, los paramilitares prohibieron incluso todo ritual funerario. Ninguna autoridad judicial ni administrativa hizo presencia o realizó diligencia alguna sobre el caso”.

Adicionalmente, declaran los voceros de la comunidad de paz que la emergencia ha sido un alivio para el Gobierno, mencionando que “sí percibe que la drasticidad de las medidas ha favorecido de manera evidente e intensa la contención de la protesta social que venía incrementándose fuertemente desde noviembre de 2019; el ocultamiento de fenómenos como la fuerte baja de popularidad del Presidente Duque y el creciente rechazo de su política nacional; el incumplimiento de los Acuerdos de Paz; el asesinato sistemático e intensivo de líderes y lideresas sociales y de desmovilizados de la guerra, así como el silenciamiento de las gravísimas denuncias de fraude electoral, de corrupción a los más altos niveles del Estado, de políticas mortíferas como el extractivismo y demás formas de destrucción generalizada del medio ambiente, el desorbitado gasto militar y de seguridad de altos funcionarios, los espionajes a una extensa gama de personas y la injerencia de gobiernos criminales en la conducción de la política interna y a la vez de injerencia de Colombia en las decisiones soberanas de otros Estados, en violación de numerosos tratados internacionales. Los medios masivos de comunicación han contribuido intensamente a estas desviaciones y ocultamientos, silenciando todos estos gravísimos problemas bajo el terror del contagio de un virus biológico, sin que les importe para nada el contagio de virus que destruyen la ética y los parámetros más humanos de convivencia y de dignidad colectiva”.

La comunidad exige garantías reales por parte del Estado, que incluye compromiso con la paz del país y una atención eficaz a sus solicitudes. La comunidad acude una y otra vez sin obtener respuestas y el terror paramilitar sigue teniendo el control de una región que ha sido fuerte y cruelmente azotada por una guerra que pone a la población en la mitad de la confrontación.