El 26 de febrero de 1990 fue asesinada en Medellín la entonces alcaldesa de Apartadó. Había sido elegida por la Unión Patriótica. En 2014, el caso fue declarado de lesa humanidad. Hoy se investiga la participación del DAS.
Hace 31 años, hacia las 5:15 de la mañana del lunes 26 de febrero de 1990, portando insignias del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un grupo de individuos hizo presencia en el apartamento en el que vivía la entonces alcaldesa de Apartadó (Antioquia), Diana Cardona Saldarriaga. Su costumbre habitual era pasar el fin de semana en Medellín y, a primera hora del lunes, regresar a Apartadó. Por eso no tuvo reparo en acompañar a los supuestos agentes del DAS que esa madrugada llegaron a su apartamento en el sector de Altamira, en Medellín.
Sin embargo, minutos después de que Diana Cardona abordara un vehículo Monza de color gris, con los supuestos escoltas, llegaron a su apartamento los verdaderos agentes del DAS. En ese momento quedó claro que había sido secuestrada. A pesar de que la alarma se extendió rápidamente entre sus familiares y copartidarios, pues Diana Cardona no abordó el avión que decoló del aeropuerto Olaya Herrera a las 6:20 de la mañana, no fue posible dar con su paradero. En contraste, el Monza gris fue encontrado abandonado en la autopista Sur y, en su interior, el cuerpo sin vida de la alcaldesa.
Apenas tenía 33 años, pero desde muy joven se había dedicado a la política activa. Con su condición de abogada de la Universidad de Antioquia, inicialmente fue asesora de la Contraloría departamental, pero con el tiempo se vinculó activamente a la región de Urabá, donde el naciente partido político de la Unión Patriótica echaba raíces. Por eso, fue primero personera del municipio de Turbo y en 1988 entró a ejercer como alcaldesa de Apartadó por la UP, en un momento crítico porque arreciaban las masacres del paramilitarismo contra sus bases sociales.
A pesar de que la violencia política era protagonista ese año con masacres como las de Mejor Esquina, Punta Coquitos, La Negra, Honduras, El Tomate o Segovia, que enlutaron a decenas de familias de la región de Urabá y las sabanas de Córdoba, para Diana Cardona Saldarriaga su opción de orientar los destinos de Apartadó se constituyó en una idónea oportunidad para desarrollar un mandato realmente popular. De hecho, una de sus principales misiones fue legalizar una zona de invasión conocida como el barrio Pardo Leal, con el fin de que sus habitantes fueran dueños de sus predios.
De manera adicional, Diana Cardona trabajó activamente para extender las redes de alcantarillado del municipio y ordenó la construcción de cinco parques infantiles como parte de un proceso para integrar a la comunidad con los bienes de uso público. En el momento en el que fue asesinada, lideraba la realización de el foro nacional “Urabá es Colombia en el siglo XXI”, encaminado a demostrar que esta promisoria región del norte de Antioquia era mucho más que la violencia política que sacudía a la región, y que su gente necesitaba ser vista como una base pacífica para el desarrollo.
El asesinato de Diana Cardona no resultó extraño, pues en aquella época la Unión Patriótica era el blanco semanal del paramilitarismo. Por eso, el primero en reaccionar fue el entonces candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, quien recordó que en apenas 57 días de 1990 ya eran 66 los miembros de esa colectividad asesinados. El sepelio de la alcaldesa de Apartadó se convirtió en una jornada de protesta de los trabajadores bananeros, acompañada de un entierro simbólico de la funcionaria y los consabidos anuncios oficiales de que el crimen no quedaría en la impunidad.
Y justamente, como era normal en esos tiempos, sucedió todo lo contrario. El caso no tuvo repercusiones judiciales y se fue quedando en el olvido, como la mayoría de los hechos de violencia de finales de los años 80. Tuvieron que transcurrir casi tres décadas para que la justicia adoptara una decisión consecuente con lo sucedido. En octubre de 2014, la Fiscalía General de la Nación admitió que el crimen de Diana Cardona Saldarriaga reúne las características de un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra. Por lo tanto, desde entonces, tiene carácter de imprescriptible.
Aunque sin la premura judicial que se espera de una decisión de estas dimensiones, el caso sigue sin mayores avances de fondo. En la actualidad, el caso lo lleva el abogado Juan Esteban Montoya, perteneciente a la organización Derechos con Dignidad, quien consultado por este diario observó que ha sido una lucha bastante larga y compleja, y que, como hecho notable, se está adelantando la judicialización de la persona que, en la época del asesinato de Diana Cardona, oficiaba como su jefe de escoltas. Se trata de John Alirio Parra, actualmente en etapa de juicio.
Según el abogado Montoya, la Fiscalía cuenta con todos los elementos probatorios que apuntan a su responsabilidad, pero Parra está libre por vencimiento de términos. Además, agregó Montoya, el jefe del DAS de Antioquia para la época, José María del Carmen Mancilla, aunque está vinculado mediante indagatoria, no está detenido por cuestión de edad, aunque sí tiene medidas restrictivas. El expediente fue conectado con el que se abrió con el crimen del diputado de la UP Gabriel Jaime Santamaría, asesinado en octubre de 1989. En ese caso también se indaga la conducta del DAS.
“El caso de Diana Cardona está en el Sistema Interamericano hace mucho tiempo. Ya pasó a la CIDH y en abril hay una audiencia en Costa Rica. Además, está pendiente un proceso en el contencioso administrativo y se espera una sentencia de primera instancia”, recalcó el abogado Juan Esteban Montoya, quien a pesar de los avances reclamó lo tardío de la justicia, pues además de la falta de verdad y reparación, la familia de la exalcaldesa de Apartadó ha tenido que seguir soportando estigmatizaciones. “Incluso, uno de sus hermanos, también de la UP, tuvo que dejar el país”.
Luz Elena Cardona, hermana de la exalcaldesa, recuerda que fue un proceso muy difícil y que, aunque no recibió amenazas, su familia siempre tuvo temor por investigar qué había sucedido. De hecho, desde que asesinaron a Héctor Abad en 1987, su hermano Álvaro ya estaba en la lista de los asesinatos pendientes. Después del crimen de Diana, abandonó el país. “Hoy tenemos claro que fue un asesinato con nombre propio: lo hicieron el Estado y los paramilitares. No hay nada que dudar. Ahora lo único que seguimos pidiendo es que exista justicia”.
“Diana Cardona era despampanante. A donde entraba llamaba la atención no solo por su físico, sino por su calidez humana. Era alta, morena, de cabello y ojos negros, no hay calificativos para describir su condición. Pero, sobre todo, era una mujer generosa, servicial, buena estudiante, mejor empleada y gran hermana”, agrega Luz Elena Cardona, quien puntualiza que la justicia “se tiene que poner las pilas algún día, porque siguen matando a líderes sociales, y mi hermana era una de ellos. No le prestaron atención, como sigue ahora, y la pregunta es: ¿a dónde va el país sin justicia?”.
