La atención se centró en 186 niños y adolescentes.
Una comisión especial de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, llegó hasta el resguardo indígena Simbra para ofrecer atención a las 143 familias en condición de desplazamiento que llegaron a la zona luego de los enfrentamientos sostenidos entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley en zona rural del municipio de Tierralta, en la subregión del Alto Sinú.
Según el reporte entregado por las directivas de Icbf, la atención se centró en 186 niños, niñas y adolescentes a los que se les realizó la verificación de sus derechos, así como el tamizaje para llevar un control de talla y peso.
Adicionalmente, los técnicos del instituto gubernamental realizaron una inspección de salubridad a los cambuches donde se encuentra la población, los cuales no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para vivir.
El lugar también fue visitado por funcionarios de la Unidad de Víctimas y el enlace municipal de los desplazados de Tierralta. Se supo que durante esta primera acción de acercamiento se hizo entrega de 100 bolsas de bienestarina para contribuir al fortalecimiento nutricional de los menores de edad, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia que se encuentran en condición de desplazamiento.
Por su parte, la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, informó que “se está coordinando con la Alcaldía de Tierralta para realizar la entrega de alimentación para las familias en condición de desplazamiento, tal como lo establece la Ley de Víctimas y el protocolo en este tipo de casos”.
La mandataria departamental continuó diciendo que “se espera que la situación se estabilice pronto en ese punto de Tierralta. En la zona van a estar presentes las tropas de la Brigada XI del Ejército, en compañía del secretario del Interior de Tierralta y el director de Víctimas”.
Este nuevo caso de desplazamiento masivo fue denunciado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, que contabilizó un total de 143 familias, equivalentes a 589 personas, pertenecientes a cuatro comunidades indígenas y campesinas, quienes se desplazaron hacia el centro poblado de la comunidad de Simbra, perteneciente al Resguardo Indígena Embera Katío del Alto Sinú.
En medio de los enfrentamientos sostenidos entre el Ejército y un grupo al margen de la ley no especificado, Ocha aseguró que un número de 27 familias fueron las que resultaron con mayor afectación, debido a que el choque bélico se registró en cercanías a sus lugares de residencia.
De las 27 familias afectadas, 13 son indígenas y 14 son campesinas. El reciente caso de desplazamiento masivo en Tierralta se suma a los ocurridos en zona rural del municipio de Puerto Libertador, en la subregión del San Jorge, donde más de 2 mil personas permanecen en condición de hacinamiento en el corregimiento de Juan José, hasta donde llegaron luego de ser amenazados por hombres armados que les ordenaron abandonar el territorio.
