La organización, manejada por Otoniel, es una mezcla de grupo paramilitar y cartel de Medellín que controla la coca y planes como el plan pistola contra la Policía.
Mucho se ha especulado con el que ahora se conoce como Clan del Golfo. Que son neoparamiitares, que son una estructura criminal que solo renta del narcotráfico y que por lo mismo actúa bajo las lógicas de los cárteles de la droga y que se han convertido en una organización político-militar con unos ideales claros, con los que pretenden sentarse a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos. Toda una complejidad que termina haciendo más difícil contrarrestar el accionar de los liderados por alias Otoniel.
El Clan del Golfo nació en 2007 luego de la desmovilización, en 2005, de las estructuras paramilitares agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La organización armada, que en principio fue creada por Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, adoptó para esos años el nombre de Héroes de Castaño, haciendo apología con este al apellido de los hermanos Castaño Gil. Un nombre simbólico que apela a un imaginario paramilitar, pero que al fin de cuentas no se dedicó exclusivamente al combate insurgente sino a la exportación de cocaína a los Estados Unidos y a Europa.
A diferencia de los Hermanos Castaño Gil, los hermanos Úsuga han sido objeto de titulares de prensa por la gran cantidad de cocaína exportada y por el monopolio del tráfico de drogas en los centros urbanos. Con esto no se está queriendo decir que los Castaño no fueran narcotraficantes o que a los Úsuga no les interesa el estatus político, sino que Carlos fue conocido por los colombianos y al mismo tiempo Vicente, por sus constantes y retóricos discursos en contra de las guerrillas y de la izquierda en general. A diferencia de lo hecho por Otoniel, que ha llegado a establecer pactos comerciales en algunas regiones con las FARC y el ELN.
Según las autoridades, el Clan del Golfo domina el 60 % del narcotráfico en Colombia, logrando exportar anualmente 92 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa; tienen presencia en 17 de los 32 departamentos y han reclutado más de 3.000 personas. Una organización que ha pasado del plano regional al nacional.
Entonces, ¿es el Clan del Golfo una organización paramilitar o una estructura dedicada exclusivamente al narcotráfico? En realidad contiene de todo un poco. Un hibrido que hereda prácticas de las AUC y del Cártel de Medellín, como los planes pistola que ha ejecutado en contra de la fuerza pública, por ejemplo.
Ahora bien, para entender el fenómeno paramilitar habría que comprender la ocupación del territorio y la acumulación de capital, aspectos que comparten las AUC y el Clan del Golfo.
El accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia, sirvió a terratenientes y a empresarios agrícolas para aumentar sus fronteras de producción. Regiones como el Urabá antioqueño, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca tuvieron un desarrollo al mejor estilo de la lógica de acumulación de capital, con sus grandes brechas sociales y como beneficiarios del proyecto paramilitar una escasa minoría local. En Puerto Berrío, Antioquia, por ejemplo, se edificaron grandes construcciones inmobiliarias y se desarrolló el sector financiero con la instalación de cinco bancos. Lo mismo sucedió en Caucasia, en Apartadó y en Carepa, mientras las periferias de estos municipios se empobrecían y servían de fortín para el reclutamiento de los grupos al margen de la ley.
No obstante, la novedad que trae consigo el Clan del Golfo en estos territorios es la importancia del tráfico de drogas en los cascos urbanos, diferencia sustancial con la época de los Castaño y los Mancuso, con sus reconocidas limpiezas sociales y amenazas a los consumidores de sustancias porque, supuestamente, «estaban dañando los pueblos». Diferencia que se entiende si analizamos las prioridades de los unos y los otros. Para las AUC, el fin último de la organización era el combate frontal contra las guerrillas y la desarticulación de cualquier ideología que simpatizara con la izquierda, mientras que para los del Golfo, el fin último es el enriquecimiento de la organización para poder tener el monopolio total del comercio de droga en el país.
Sin embargo esto no quiere decir que el Clan del Golfo no haga las veces de paramilitares en Colombia. Recordemos las masacres emprendidas por esta organización en las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, o el asesinato selectivo de líderes sociales en el Urabá antioqueño y chocoano. Acciones heredadas de las AUC y de sus imaginarios en contra de la organización social como cercana al proceso de transformación de las regiones. Paramilitares cuando les conviene y cuando se ponen en riesgo sus intereses.
Recordemos las declaraciones del máximo jefe del Clan del Golfo, en las que aseguraba tener en su bolsillo por lo menos a siete de los alcaldes del Urabá, lo cual se relaciona con los casi 600 funcionarios públicos capturados por la Fiscalía por tener nexos con esta organización criminal. Asimismo, es importante tener en cuenta ese nombre al que ellos mismos han apelado para recibir un reconocimiento político de su organización: Autodefensas Gatanistas de Colombia (AGC).
Nombre que no ha querido reconocer el presidente Santos para negarles una negociación política de entrega de armas y de desmonte de la organización criminal. Aspecto también problemático porque al no darse un reconocimiento por parte del Estado de la existencia del paramilitarismo en Colombia, se estaría incumpliendo uno de los puntos pactados en La Habana con las FARC: el desmonte del paramilitarismo en Colombia.
La debilidad institucional para combatir al Clan del Golfo también tiene que ver con esto por la complejidad para caracterizar, e inclusive nombrar dicha organización. El asunto debería de tratarse más por lo local que por lo nacional. En algunas regiones sí son paramilitares y en otras no. En algunas portan camuflados y armamento de largo alcance y en otras tercerizan las rentas criminales y la inteligencia comercial con bandas locales. En muchos de los territorios del país, el Clan del Golfo ejecuta alianzas con sectores de la fuerza pública y con políticos locales y en otros los pone como objetivos militares.
Así las cosas, el desmonte del paramilitarismo en Colombia es un asunto que hay que mirar con lupa en las regiones. De esa misma forma es que se debe tratar y combatir al Clan del Golfo. Estos no actúan igual en Urabá que en Nariño, por ejemplo. En la ruralidad se presentan como AGC y en el plano urbano como un Cartel de la droga con todos sus matices.
Si el Presidente Santos quiere garantizar una paz estable y duradera, es necesaria una intervención urgente en esta estructura criminal, neoparamilitar y narcotraficante. Una intervención que vaya en lo económico, lo logístico y lo político. Esto último traducido en el reconocimiento de la existencia del paramilitarismo en las regiones.
Vía Las2orillas
