Bananera investigada por nexos con paramilitares quiere construir una vía en un predio despojado en Turbo
Por Noticias UrabáEl crecimiento de la palma de aceite en el Urabá, a finales de los 90, se desarrolló casi a la par de la expansión paramilitar en esa región. Cientos de personas salieron desplazadas y abandonaron sus predios por cuenta del conflicto armado y el poder territorial que ejercían las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa historia se la sabe de memoria Vidal Vivas Granados, un sociólogo y víctima del conflicto armado quien asegura que, aunque varias tierras de herencia familiar que dejaron abandonadas están en trámites judiciales, denuncian que una de esas fincas, que está en proceso de restitución, está siendo ocupada de manera irregular por la Comercializadora Internacional Banacol.
El predio está ubicado en el corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo (Antioquia). La familia Granados, que tiene la titularidad de la tierra, asegura que están siendo víctimas de perturbación a la propiedad privada por parte de esa multinacional bananera. La disputa de tierras comenzó desde diciembre de 2021, cuando la empresa instaló una valla en el lote que dice “Propiedad Privada – Banacol” y cercó parte del área. Ese mismo año la familia se enteró que la empresa estaría negociando la construcción de una servidumbre de paso privada hacia la compañía Puerto Bahía Colombia de Urabá.
La empresa Comercializadora Internacional Banacol tiene, actualmente, la posesión del predio de la familia Granados. Esa tierra originalmente perteneció a Vidal Granados Calvo, quien falleció en 2019 y dejó como herencia a su familia seis predios en la vereda Nueva Colonia. Vidal Vivas, nieto de Vidal Granados, explicó que la finca en disputa “estuvo abandonada desde 2001 porque mi abuelo no pudo volver a la vereda, él decía que, si volvíamos, nos mataban los paramilitares. Esa tierra quedó abandonada y años después nos enteramos que Banacol reclamó ese predio por posesión”.
Desde entonces, llevan un largo historial de procesos, tutelas y querellas en las que piden que se respete la propiedad privada y el proceso de restitución de tierras que hay en curso y que iniciaron en abril del 2022. Sin embargo, hasta ahora ningún recurso ha surtido efecto. La primera querella la presentó la señora Lorenza Granados Córdoba, la madre de Vidal Vivas, una mujer de 66 años, quien aparece como titular de la tierra y radicó la primera queja ante la inspección de Policía del corregimiento Nueva Colonia en el municipio de Turbo el 9 de febrero de 2022. “Banacol está invadiendo un predio que es propiedad privada y que pertenece a mi familia”, dijo en el documento. Sin embargo, denuncia que la inspección no le dio respuesta y que el 18 de febrero de ese año interpuso una segunda querella, esta vez ante la oficina general de la Policía en el municipio. Ambas fueron negadas por, supuestamente, no tener competencia.
Otra de las irregularidades que denuncian es que, en abril de 2022, dos meses después de que la familia interpusiera las quejas ante la Policía, el predio fue declarado con protección jurídica por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) por el proceso que tiene en curso. Es decir, según la ley, en estos casos sobre la tierra hay una medida cautelar preventiva, a favor del solicitante, mientras se toma una decisión de fondo.
Edwin Novoa, un experto en temas de tierras y restitución dijo que, en un caso de estas características, cuando hay contextos de conflicto armado de por medio, “las reglas cambian porque los titulares de la tierra podrían haber abandonado la tierra o haber sido despojados. En esos casos, el campesino tendría derecho sobre su finca, por encima del poseedor”. Y explicó que, ante el juez, la empresa deberá probar por qué y cómo obtuvo la posesión del predio. “Aunque ambos tienen derecho sobre la tierra, cuando hay demandas de restitución se protegen los derechos del solicitante”, afirmó.
La negociación para construir una vía en el predio
Lorenza Granados, la reclamante de la tierra, dice que lo que piden “es que esa protección temporal sea efectiva y nadie pueda apropiarse de la tierra hasta que no haya una decisión de un juez. Por eso hemos interpuesto acciones legales para que la empresa quite el letrero de propiedad privada y expliquen por qué quieren construir una vía allí”. Su reclamo no es menor: el 19 de agosto de 2020 se firmó un documento entre Banacol y la empresa Puerto Bahía Colombia de Urabá que pretendía fijar las condiciones de “avalúo, reconocimiento y promesa de construcción” de una servidumbre de paso y de tránsito (una vía privada).
Colombia+20 conoció el documento firmado entre Víctor Manuel Henríquez Restrepo, exgerente de Banacol y actual presidente de la Fundación GreenLand (la empresa de responsabilidad social de Banacol) y Andrés Felipe Bustos Isaza, representante legal segundo suplente de Puerto Bahía Colombia de Urabá. En ese contrato se especifica que Banacol tiene la posesión del predio hace más de 13 años y se comprometen a ampliar y adecuar una vía privada que existe en el predio despojado y “que sirve de acceso para entrar hacia el Puerto de Bahía Colombia”.
En el contrato, Banacol autoriza a la empresa Puerto Bahía Colombia “la iniciación de las obras de construcción que requiera la compañía” y establecen una cláusula en la que la empresa bananera se compromete a tomar “las medidas necesarias” para que la vía privada no sea utilizada por terceros ajenos al puerto. “La compañía tomará todas las prevenciones necesarias para verificar que esta servidumbre (vía) solo sea utilizada por el personal necesario para ejecutar los trabajos relacionados con las actividades portuarias”.
Los cuestionamientos de esta obra los hace Lorenza Granados, la heredera de la tierra que está titulada a nombre de su padre fallecido, Vidal Granados, quien se pregunta por qué la empresa Puerto Bahía Colombia hace negocios con los poseedores y no con los titulares del predio. De hecho, esa pregunta se la trasladaron a la compañía quienes, en marzo de 2022, se comprometieron a solicitar la exclusión de ese lote en la delimitación de la construcción de la vía.
Sin embargo, los cuestionamientos de la denuncia son reiterativos. “Si dijeron que no lo iban a utilizar (el predio lote), ¿por qué están utilizando en la actualidad la servidumbre y vía que construyeron allí?”, se pregunta Granados. Este diario intentó comunicarse con la empresa Banacol vía telefónica y a través de correos para conocer el estado actual del contrato y de la obra, pero hasta la publicación de este artículo, no se había obtenido respuesta.
Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras le dijo a El Espectador que “el caso se encuentra en inicio de estudio formal desde el 12 de abril de 2022. A la fecha, se han adelantado gestiones interinstitucionales para determinar si el predio se inscribe o no en el Registro de Tierras Abandonadas Forzosamente”.
Desde marzo de 2022, Lorenza Granados ha interpuesto dos acciones de tutela a través de las cuales busca que un juzgado le ordene a la inspección de policía desalojar a la empresa de la propiedad privada de su familia. Fue hasta noviembre del año pasado que el juzgado determinó que “la accionante no ha demostrado que los presuntos hechos, relacionados con la posesión del inmueble, afecten su esfera personal o menoscaben su integridad (…) esta podría haber sido tramitada mediante otro tipo de acciones judiciales o administrativas (diferentes a la tutela)”, se lee en el documento.
En esa decisión se cita también la respuesta que Banacol le hizo llegar al juzgado sobre su versión de los hechos. Al respecto, la multinacional mencionó que rechazan “todas las afirmaciones allí contenidas (en la denuncia) que resultan temerarias, calumniosas, injuriosas y sin fundamento alguno, que buscan menoscabar la dignidad, la reputación y buen nombre de la empresa que represento, cuya trayectoria de más de 40 años, da cuenta de su aporte significativo al desarrollo social de la zona de Urabá”. La familia Granados impugnó la decisión del juez y el 23 de enero pasado, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas, nuevamente, declaró su solicitud como improcedente.
El entramado paramilitar en el Urabá
El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia confirmó que varios directivos de Banacol y Banadex están siendo investigados por “presuntamente financiar grupos ilegales en la región del Urabá”, en el marco del proceso que adelantan contra la multinacional Chiquita Brands. Aunque Banacol desde 2011 ha negado su relación con la bananera estadounidense, es la misma Fiscalía la que determinó que esta fue una empresa “filial” de la bananera condenada por financiar paramilitares.
Por parte de Banacol, el investigado es Víctor Manuel Henríquez Velásquez, el exgerente general. El proceso judicial contra él y otros empresarios más está en etapa de juzgamiento y el delito que le imputaron fue concierto para delinquir agravado. Este diario pudo conocer que las próximas audiencias se realizarán, justamente, el 24 y 31 de marzo; así como el 13, 21, 28 de abril y los días 5, 12, 19 y 26 de mayo de este año. El juez que lleva el caso confirmó que incluirá la denuncia de la familia Granados en el expediente.
El nombre de Banacol comenzó a sonar en el país cuando, en 2007, empresarios de la multinacional Chiquita Brands International se declararon culpables por haber hecho pagos por más de 1,7 millones de dólares a los paramilitares de las Auc. Desde entonces, se conoció a través de la Fiscalía y de un informe de la OEA, que Chiquita Brands operaba en el Urabá a través de las empresas filiales Banadex y Banacol.
Esas versiones han sido confirmadas por los mismos exparamilitares como Ever Veloza García, conocido en la guerra como “HH”, quien confirmó en versiones libres ante la justicia en 2013 que “los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniba, Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron”.
Uno de los antecedentes clave para entender el caso es el origen del despojo del que fue víctima Vidal Granados Calvo en 2001, cuando en esta zona operaban paramilitares. En la época, Granados era un cultivador de banano y ya había empezado el boom de la palma de aceite en la región. “En febrero de ese año la empresa Banacol le dice a mi abuelo que tienen la intención de comprarle el plátano que él produzca de sus fincas. En ese momento él tenía unos créditos hipotecarios y por esa época apareció un palmicultor que le ofreció pagar parte de la deuda”, explicó Vidal Vivas.
El palmicultor al que se refiere Vivas es Héctor Duque Echeverry, exrepresentante de la Promotora Palmera de Curvaradó y condenado en 2013 por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y ocupación de tierras de especial importancia ecológica, en una zona en Riosucio, Chocó. Esa empresa tenía como socia a María Isabel Correa, la exesposa del paramilitar Raúl Emilio Hasbún (conocido como “Pedro Bonito”) y, según la Fiscalía, pretendían participar en el proyecto de palma africana en el Chocó que lideraba Vicente Castaño.
Según el relato de la familia, que para la época eran productores de banano en la región, el señor Vidal Granados “fue obligado a pagar una deuda de las fincas con tierra y no con dinero”, según explica su nieto. Es justamente con ese relato y con otros documentos que soportan la denuncia, que la familia buscó acreditarse en la JEP como víctimas en el caso 04, que investiga la situación territorial en la región del Urabá.
“Mi abuelo tenía muchas deudas en 2006 y 2007 porque con la oleada paramilitar, hubo que abandonar muchas veces las tierras con los cultivos. Uno de los modus operandi de los despojadores era aprovecharse de eso para comprar o acaparar tierras”, relata Granados.
Por casos cometidos bajo esa modalidad es que la JEP investiga a Duque Echeverry como tercero civil. Y aunque en seis años el exempresario no ha aportado verdad a las víctimas, el tribunal de paz se negó a expulsarlo en 2022, luego de que él mismo hiciera la solicitud para salir de esa justicia. Por ahora, la familia Granados sigue esperando a ser reconocida como víctima de despojo mientras esperan que la justicia proteja sus derechos sobre la tierra que les pertenece.
