A la JEP el ex comandante del Ejército Eduardo Zapateiro por la masacre el Aracatazo en Chigorodó

El polémico excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro será llamado a declarar ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por orden de la Procuraduría General de la Nación. La comparecencia del polémico excomandante tiene que ver con la masacre El Aracatazo, que tuvo lugar en 1995 en el municipio antioqueño de Chigorodó.

Sin embargo, Zapateiro no será el único funcionario de las Fuerzas Militares que declare ante el tribunal de paz, en relación con la masacre que dejó 18 civiles muertos en el Urabá antioqueño mientras departían en una discoteca que lleva el nombre del crimen que le ha dado la vuelta al país desde el siglo pasado.

“Llamar al general Gr. (r) Eduardo Zapateiro Altamiranda, para que en calidad de testigo y en consideración para el periodo que se investiga de la ocurrencia de la masacre “El Aracatazo”, señala la Procuraduría en un fallo que conoció la emisora W Radio.

En el texto, además, se asegura que el polémico general retirado deberá testificar ante la JEP porque, para el momento de los hechos, era el comandante de la brigada del Ejército en Córdoba, que tendría relación con el temible crimen que sembró el terror en ese territorio.

Así mismo, Zapateiro dirigía al batallón Voltígeros, que tenía un pelotón presidido por Nofar Fabián Mota, a quien sindican de estar en la discoteca cuando hombres armados arribaron al lugar de los hechos para ultimar a las víctimas. Por ello, este y otros subalternos de Zapateiro también comparecerán ante los magistrados de la JEP.

La testificación del pasado jefe del Ejército Nacional de Colombia fue solicitada por el procurador Alonso Pío Fernández, que le pidió a los directivos del tribunal de paz que no solo interroguen a Zapateiro por los citados sucesos, sino también por la constante violencia que azotó al lugar de los hechos en años anteriores y que tendrían presunta relación el mencionado batallón.

“Muy especialmente por la posición de garante predicable como miembros de la fuerza pública, quienes para este caso tenían no solo el deber constitucional de protección de la vida, sino el deber jurídico de evitar el resultado típico de homicidios múltiples cometidos por los paramilitares”, aseguró el procurador Fernández.

Otros exmilitares y expolicías también comparecerán ante la JEP. Sus nombres son: el cabo (r) Jhon Fredy Moncada; el comandante López Baudillo; Juan Carlos Arbeláez, de las Fuerzas Especiales; algunos oficiales de la policía, entre otros.

De acuerdo con los registros, se sabe que la masacre en suelo antioqueño estuvo a cargo de paramilitares que irrumpieron en medio de la noche y se hicieron conocer como “exterminadores de la subversión”. Luego de entrar a la discoteca, acusaron a varios asistentes de ser guerrilleros, los acostaron boca abajo y los asesinaron a tiros.

Desde ese entonces se ha exigido justicia por los líderes sindicales que murieron debido a que, varios testigos, aseguran que dentro de las víctimas habían integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, (Sintrainagro). Incluso, se asegura que varios de los occisos fueron militantes del hoy recién revivido partido político Comunista Colombiano.

Entre las víctimas, donde hubo 15 hombres y 3 mujeres, habría sido ordenada por dos de los criminales más sanguinarios de Colombia: Carlos Castaño Gil, ex jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y José Hebert Veloza, alias ‘HH’.

Por estos hechos, actualmente, el delegado del Ministerio Público pidió que se preste suma atención a lo dicho por los comandantes militares sobre el caso y así se establezca el origen de uno de los hechos más violentos de la historia en Colombia.

“De lo dicho por el señor Hébert Veloza García “HH”, se puede colegir que la detención realizada por el ejército de algunos de los autores de la masacre no se dio en virtud de una operación militar, todo lo contrario, lo afirmado por el mencionado postulado, lleva a establecer que más que una captura (para bajar la presión) fue entrega ordenada por el jefe de los paramilitares de esa zona, Carlos Castaño, al ejército”, determinó la Procuraduría.