Siguen las amenazas contra los reclamantes de tierras de Urabá

Líderes de Antioquia y Chocó viajaron a Bogotá para exigirle al gobierno nacional que los proteja y agilice los procesos de restitución. Denunciaron que la Unidad Nacional de Protección les ha ido retirando progresivamente los esquemas de seguridad que les había adjudicado de tiempo atrás.

Con los pocos recursos que tenían a mano, ocho líderes de víctimas del Urabá antioqueño y chocoano llegaron este lunes a la capital de la República para denunciar que su vida y la de sus comunidades están en riesgo. Provenientes de los municipios de Turbo (Antioquia), Carmen del Darién y Riosucio (Chocó), arribaron cargados de documentos y testimonios con los cuales pretenden solicitarle a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior que eviten una tragedia en la región.

Uno de los conflictos más agudos, según denuncian los dirigentes, ocurre en el consejo comunitario La Larga – Tumaradó, que abarca tierras de Turbo y Riosucio. Allí, solo en la vereda Bella Rosa, cerca de 30 familias que alegan haber sido desplazadas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) reclaman 440 hectáreas. De acuerdo con sus testimonios, las parcelas que antes eran suyas están a nombre del terrateniente, ganadero y empresario del banano Adriano Palacios, capturado en 2014 por concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Y aunque está detenido, los reclamantes aseguran que sus vidas están en riesgo. (La mala hora de Macondo)

El curtido campesino Juan Valeta es el fiscal del consejo de La Larga y reclama seis hectáreas en Bella Rosa. Él retornó a su finca a finales de 2014, cuando un juez de Chocó emitió medidas cautelares para garantizar la vida de los campesinos y la protección de los terrenos objeto de reclamación en ese consejo comunitario. Según cuenta, desde julio pasado trabajadores al servicio de Palacios lo han hostigado para expulsarlo de la zona, dice que cortaron los alambres con los que cercó su finca, destruyeron sus sembrados de ahuyama y arroz, y le robaron 18 vacas. El labriego alega que “esa gente nos vive atacando, amenazando y prohibiendo que trabajemos las fincas”.

Glen González es otra de las líderes de la vereda Bella Rosa y lleva años impulsando la organización de los campesinos de La Larga. Ella asegura que, aún preso, Palacios sigue moviendo los hilos de poder en Urabá para impedir que los reclamantes accedan a sus tierras. De acuerdo con su testimonio, “está moviendo gente que fue propietaria de nuestros terrenos mucho antes del desplazamiento para que se presenten como reclamantes y, una vez salgan beneficiados por un juez, le traspasen las fincas a él”. Denuncia, además, que el empresario “les pidió permiso a los paramilitares para sacar a ‘todos los campesinos ladrones’” de la región.

Lo mismo asegura Álex Londoño, líder de la comunidad El Cedro, quien hace parte del consejo La Larga. Según él, “la última propuesta de los empresarios al brazo armado que opera en la región es que se retire momentáneamente para poder ingresar unos hombres armados y sacarnos a las malas”. Con “brazo armado”, Londoño se refiere a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el grupo armado ilegal que surgió justamente en Urabá a mediados de 2006 tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que la policía llama ‘Clan del Golfo’.

En El Cedro, seis familias exigen la devolución de 900 hectáreas que, según los parceleros, están en poder del ganadero Jorge Andrés Hernández de la Cuesta y sus hermanos, dueños del 50% del periódico El Colombiano, de Medellín, y accionistas del diario económico La República. En abril de 2015, el nombre de este empresario se hizo visible ante la opinión pública luego que dos reporteros del diario antioqueño declararán que recibieron presiones y amenazas cuando investigaban varias historias sobre despojo de tierras en Urabá. (Leer más: Por investigar despojo de tierras amenazaron a periodistas de El Colombiano)

De acuerdo con el reclamante Álex Londoño, en febrero de 2016 Hernández de la Cuesta consiguió que la inspección de policía del corregimiento Currulao, de Turbo, desalojara a varias familias de desplazados que vivían de facto en El Cedro. Según él, “en esa oportunidad las autoridades le ocasionaron daños psicológicos y físicos a la comunidad. Se llevaron herramientas de trabajo costosas y, desde entonces, los empresarios insisten en que a las buenas o a las malas nos tenemos que salir de ahí”. Dice, además, que la comunidad ha sido víctima de amenazas y sentencia que, “así como vamos, estamos en riesgo de perder la vida”.

Sin protección

Las denuncias no son menos graves en los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano. Dawinson Valoyes, concejal de Carmen del Darién y asesor del consejo de Curvaradó alega que la UNP ha ido retirando progresivamente los esquemas de protección que le había adjudicado a los líderes de la región. La zona fue arrasada a mediados de los años noventa por las Accu y se convirtió en escenario de múltiples maniobras fraudulentas con las que empresarios aliados con paramilitares se apropiaron de tierras de comunidades afro y de colonos mestizos para poner en marcha un enorme proyecto agroindustrial de palma aceitera.

A finales de 2014, una juez de Medellín condenó a 16 empresarios por concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, luego de que la Fiscalía probara las alianzas criminales que tuvieron lugar en el Bajo Atrato. Una situación que desde finales de los noventa venían denunciando los líderes de la región con el apoyo de la Diócesis de Quibdó y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según el concejal Valoyes, “en Curvaradó varios líderes tienen medidas de protección, pero se han ido desmontado. Mientras tanto, los empresarios con los que esos líderes se enfrentaron por la recuperación de los territorios siguen activos: a pesar de que están presos, tienen allí a los trabajadores que trajeron de otras regiones y que siguen trabajando algunas parcelas”. El concejal también denuncia que las lanchas rápidas que la UNP dispuso para el transporte de los líderes de la zona, donde la movilidad es vía fluvial, están en mal estado por falta de mantenimiento, lo que afecta “la salvaguarda de la vida y el trabajo de restitución de tierras”.

La situación es más compleja aún si se tiene en cuenta que la región es centro de disputas entre la guerrilla del Eln y las Agc. En mayo pasado, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado alertando por la grave situación de derechos humanos que se vive en las cuencas de los ríos Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano.

En esa oportunidad, la entidad llamó la atención sobre las comunidades que habitan esos territorios, “víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos desde el año 2015, con la incursión de las Autodefensas Gaitanistas y el Eln, y la configuración de un escenario de confrontación y disputa territorial que ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersona”.

Esta agencia del Ministerio Público también advirtió que en aquellos territorios de la margen oriental del río Atrato “como La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó, donde se adelantan procesos de restitución de tierras y de retornos de población desplazada, se continúa presentando ataques, destrucción de cultivos y caminos comunitarios y amenazas”.

Para alertar sobre el tema a las autoridades nacionales, la Defensoría del Pueblo aseguró que “ha enviado numerosos informes y cerca de 27 oficios en donde advierte que el municipio de Riosucio se mantiene el riesgo de desplazamiento forzado y otras posibles afectaciones a la población. Entre enero y marzo del presente año se han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento”.

Es por todo eso que los líderes de los tres consejos comunitarios le exigen al gobierno nacional que los proteja. Su reclamo también se dirige a la Unidad de Restitución de Tierras y a los jueces especializados, que se han tomado más tiempo del que dispone la ley para tomar decisiones de fondo, lo que, indirectamente, atiza los graves conflictos por la tierra que históricamente ha vivido el Urabá antioqueño y chocoano.

Vía VerdadAbierta