La Unidad de Restitución de Tierras (URT) surgió dentro de la Ley 1448 del 2011 como mecanismo para que los campesinos despojados de su tierra por parte de actores ilegales, empresarios, políticos y hasta por parte de sectores del Estado, la reclamaran y pudieran volver a su territorio. Sin embargo, lo sistemático de algunos hechos cuestiona su labor y al tiempo invita a la sociedad civil a mantenerse en alerta frente a estas acciones.
Para iniciar, el hecho más contundente de incumplimiento se presentó en mayo del 2016 durante las audiencias de seguimiento a las Sentencias de Restitución de Tierras por parte de los Magistrados del Tribunal Superior de Restitución de Antioquia, quienes les recordaron a los funcionarios de la URT que ellos eran los abogados de los campesinos no solo en el proceso de restitución, sino también para ayudarles con sus denuncias y en los casos en que hubiere incumplimientos por parte de otras entidades del Estado como agresiones contra su vida, problemas de salud, educación, etc. A pesar de este llamado de atención por parte de los magistrados, la institución sigue sin hacerlo y sus directivas se incomodan cuando se les recuerda.
Tenemos así una Unidad de Restitución que peca de no pronunciarse cuando el Alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, en pleno Comité de Justicia Transicional el pasado 30 de enero del 2017, un día después del asesinato del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo, dice que no tiene nada que hablar con la familia de la víctima y que si los familiares entraban al espacio a denunciar lo ocurrido se retiraba del mismo.
Pero también peca de no acompañar a la familia del reclamante asesinado ni siquiera en su velorio. Y de asuntos cotidianos como no enterarse si un campesino reclamante se murió mientras espera la restitución o si está gravemente enfermo. Tras lo cual hay que decir que la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz, afirma que ya son más de cinco campesinos que se murieron esperando la restitución.
Si fuéramos a describir algunas dificultades de la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá, encontraríamos entonces una institución que presenta características de presión laboral hacia los mismos trabajadores, porque al parecer los abogados llevan más de cien casos sin ni siquiera conocer la cara del campesino reclamante tierra.
Una unidad que cambia la metodología de atención para que el reclamante de tierras nunca se entere realmente quien es el abogado que le lleva su caso y estén años sin comunicación con ellos o los pongan a esperar horas en las oficinas buscando respuesta.
Una unidad a la cual le incomoda que los campesinos presenten derechos de petición buscando saber acerca de sus casos porque hace años no los llaman a informarles.
Una unidad que no visita a los campesinos para sensibilizarlos para que se presenten en sus oficinas a reclamar la tierra.
Una unidad que no estudia ni siquiera los acuerdos de paz y no dimensiona su lugar para implementar el punto agrario y el tema de la verdad en relación con los empresarios, políticos y todos aquellos sectores legales e ilegales que contribuyeron al despojo incluidos los Notarios Públicos — ¿Será que piensan quemar los archivos como se viene denunciando con los militares?—
Una Unidad que no se pronuncia ante la manera como los funcionarios de la región (Policía, Alcaldía de Turbo, Inspección de Currulado, Personería de Turbo) se reúnen NO para cumplir las órdenes del Auto que protege a los reclamanetes sino para planificar los desalojos de las víctimas. Ni dice nada cuando ha quedado en evidencia, en esas reuniones, que los empresarios ofrecen recursos y presionan a las autoridades locales para que hagan dichos desalojos. Ver acta del 5 de diciembre de 2015 en páginas 13-14
Y frente a esta sumatoria de hechos, lo ocurrido el pasado 21 y 22 de julio en Riosucio, Chocó, es la confluencia de todas las anteriores con el agregado de que ahora los culpables van ser los mismos campesinos.
En esos dos días, el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó convocó a sus 48 consejos menores con el fin de socializar y considerar las pretensiones de la demanda que elaboró la Unidad de Restitución de Tierras para que les restituyan las 107 mil hectáreas de su territorio colectivo.
Los Consejos Comunitarios son una figura administrativa reconocida por la ley 70 que permite a las comunidades negras administrar un territorio. El Consejo de La Larga Tumaradó nunca ha podido dar cumplimiento a esta ley porque la realidad es que más del 90% de su territorio está en manos de grandes despojadores denunciados por tener vínculos con grupos paramilitares y políticos nacionales y locales. Dadas estas situaciones y por motivación de la Defensoría del Pueblo y la misma Unidad de Restitución, el Juzgado Primero de Restitución de Tierras dictó el Auto Interlocutorio 181 del 12 de diciembre del 2014 para proteger el territorio evitando que se siga desplazando familias y que los grandes ocupantes terminaran con el resto de la tierra.
Bajo este contexto y gracias a la presión de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, la Unidad de Restitución de Tierras elaboró la demanda y la socializó con la comunidad. Sin embargo cuando inició su presentación algunos participantes sorprendieron al descubrir que la Unidad ni siquiera cumplía las órdenes del Auto 181 frente a la orden de realizar un censo. Lo que hizo fue informar que solo existían 75 familias desplazadas por la violencia cuando según informes de los mismos líderes son más de 1.500. Lo curioso y hasta gracioso de los hechos fue que la URT argumentara que una de las pretensiones de la demanda era solicitar un censo, es decir, pedir una orden que ya había sido exigida por la autoridad judicial hace más de dos años. Esto en conclusión significa más trabas al proceso.
Sin embargo, a la Unidad al parecer no le importa incumplirle a la comunidad y a los jueces, ya que en la mesa principal de la misma asamblea de socialización de la demanda estaba el director de la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá, funcionario público que según la orden primera del Auto 0053 del Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Quibdó del 16 de junio del 2017, tiene compulsión de copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se “investigue si la conducta desplegada en su condición de director Territorial de Apartadó de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en el marco de este proceso ha incurrido en faltas penales y disciplinarias que ameriten su reproche”. Es decir, que al parecer dicho funcionario realizaba acciones para evitar que la entidad no presentara la demanda de restitución colectiva del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.
Otro hecho de incumplimiento se presentó cuando se socializó la demanda a los campesinos y mientras ellos escuchaba y opinaban, en el sector de El Cocuelo, la Policía Nacional realizaba un desalojo ilegal sabiendo que allá mismo hay menores de edad. Lo curioso, es que la Unidad no denunciaba nada. ¿Coordinación institucional para sacar personas del territorio?
Este desalojo en el sector El Cocuelo el mismo día de la socialización de la demanda hace parte de las más de 30 agresiones en contra de campesinos de la zona, en las cuales se han documentado también el asesinato del reclamante Porfirio Jaramillo en el mes de enero, agresiones por parte de la fuerza pública contra menores de edad, vulneración a la libre circulación y capturas ilegales de campesinos. En todas estas acciones, la Unidad de Restitución de Tierras no hace nada, solo declaraciones en reuniones privadas pero ninguna acción institucional. Es decir, silencio de Estado.
A pesar de todo lo anterior, la unidad de restitución de tierras si tiene algo claro, le incomodan los ejercicios de veeduría de las organizaciones de la sociedad civil porque durante la asamblea impidió que las mismas grabaran la asamblea permitiendo documentar en video todas las irregularidades.
Su estrategia ahora para evitar el control ciudadano es presionando a las mismas comunidades empleando distintos discursos como: “que si se graba o se documenta ellos mismos paran el evento”, “que no estaba pactada la presencia de organizaciones de la sociedad civil”, etc. Hecho que se convierte en una maniobra de manipulación y presión sobre la comunidad cansada de las agresiones y esperando la restitución.
Estas excusas sin brindar ningún argumento jurídico y desviando su verdadera responsabilidad, es lo que debe preocupar a la comunidad y a las organizaciones de la sociedad civil ya que si la Unidad no cumple con realizar un censo de las comunidades, que se puede esperar con la demanda de restitución.
