La Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona para verificar de primera mano las denuncias hechas por la comunidad respecto a la presencia de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
“Encontré una comunidad con miedo y preocupada por la problemática de los derechos humanos”. Esa fue la principal conclusión del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, luego de recorrer el corregimiento de San José de Apartadó (Antioquia) para corroborar lo que ya había sido advertido en un informe de riesgo sobre la presencia y acciones violentas de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
De acuerdo con Negret, cerca de 6.000 habitantes se encuentran en riesgo por cuenta de la presencia de hombres del grupo armado ilegal en la zona en la que además han impuesto restricciones a la movilidad y han ubicado retenes y puestos de contro.
El informe de riesgo de la Defensoría «incluye información según la cual se estarían vulnerando los derechos de jóvenes entre los 17 y 26 años, a quienes las AGC les ofrecen de 600.000 pesos a dos millones de pesos mensuales para reclutarlos y obligarlos a cometer delitos como tráfico de armas y drogas. A esta situación se suma que en las zonas donde existe mayor presencia de las AGC, las comunas 1, 2 y 3 del corregimiento, se ha verificado el aumento de casos de violencia sexual y de género».
El organismo alertó que entre las organizaciones expuestas al riesgo se destacan la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; la Asociación Campesina de San José de Apartadó, Acasa; el Partido Político Unión Patriótica; el Movimiento Marcha Patriótica; el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó; así como las Juntas de Acción Comunal y acompañantes humanitarios internacionales de defensoras y defensores de DD.HH.
El pasado 11 de julio cerca de 25 viviendas del corregimiento amanecieron pintadas con consignas alusivas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con una amenaza clara: «llegamos para quedarnos».
El hecho fue denunciado entonces por la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica en Antioquia que en un comunicado aseguró que a través de estas acciones los grupos ilegales buscaban controlar un territorio clave para la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc: «Los grupos herederos del paramilitarismo mantuvieron el control político y territorial de las zonas donde antes hacían presencia las AUC. Luego de la salida de las Farc-Ep el reacomodo, el avance y la consolidación de las AGC buscó llegar también a esos espacios de total abandono estatal. Lo más preocupante en este panorama, es la facilidad de maniobra generada por un permisividad latente por parte de las autoridades de Urabá».
Vía Elespectador
