“Encontré una comunidad con miedo, preocupada por la problemática de los derechos humanos”, aseguró Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo, en su visita al corregimiento San José de Apartadó, Urabá.
El defensor corroboró desde la zona lo que la Entidad ha denunciado acerca de la afectación en la población civil por acciones violentas de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Según la Defensoría “son por lo menos 6.000 habitantes los que corren riesgo por la presencia de hombres del grupo armado ilegal en esa región debido a la restricción de la movilidad, ubicación de retenes y puestos de control, así como el hallazgo de minas antipersonales”.
“El informe de riesgo incluye información según la cual se estarían vulnerando los derechos de jóvenes entre los 17 y 26 años, a quienes las AGC les ofrecen de 600.000 pesos a dos millones de pesos mensuales para reclutarlos y obligarlos a cometer delitos como tráfico de armas y drogas”.
A esta situación se suma que en las zonas donde existe mayor presencia de las AGC, las comunas 1, 2 y 3 del corregimiento, se ha verificado el aumento de casos de violencia sexual y de género.
“Me voy con una gran preocupación por lo que la comunidad me ha contado, pero con el compromiso ineludible de acompañarlos para proteger sus derechos humanos”, indicó Negret Mosquera.
En días pasados, pobladores de la zona pintaron de nuevo algunas fachadas de casas y establecimientos que habían sido rayados con grafitis alusivos a las AGC, en los que decían haber regresado para quedarse.
