La política de paz total de Petro se enfrenta a obstáculos en Urabá y Bajo Cauca

Al tiempo que en el Urabá surgen voces que piden revisar la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo, en el Bajo Cauca la situación de seguridad sigue crítica.

La volátil situación de orden público en Antioquia, resquebrajada desde el inicio del paro minero el pasado 2 de marzo, terminó convirtiéndose en una prueba de fuego para la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.

Mientras en el Bajo Cauca varios episodios de violencia ocurridos durante las protestas hicieron parte de los detonantes finales que rompieron el cese al fuego del gobierno con el Clan del Golfo (poniendo de paso en cuidados intensivos los acercamientos de paz con esa organización), en el Urabá antioqueño salieron a flote pedidos para revisar si esa decisión se puede echar atrás.

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el alcalde de Turbo Andrés Felipe Maturana González formalizó la petición de reversar esa suspensión, argumentando que durante los casi dos meses y medio que estuvo vigente la medida la situación de seguridad en el Urabá mejoró ostensiblemente.

“El cese al fuego bilateral ha tenido como resultado en los últimos meses una mejora sustancial del orden público, una reducción de los eventos violentos y la reactivación de la economía regional”, escribió el mandatario local en su misiva.

“Considero que la experiencia de los últimos meses en la región de Urabá indica una voluntad de paz por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Es por ello que rogamos reconsidere su decisión”, añadió el mandatario local.

El pedido de Maturana, que aún no ha sido contestado, ilustra las contradicciones que denotan los complejos acercamientos de paz que la Nación está tejiendo con los actores armados con mayor influencia en el departamento, especialmente el Clan del Golfo o AGC.

Y es que mientras por un lado el cese de hostilidades les permitió a varios territorios experimentar una fugaz normalidad, en otros desnudaron la incapacidad de las instituciones públicas para monitorear y hacer sentir su presencia en el territorio.

Óscar Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz, organización que monitorea las dinámicas del conflicto en Antioquia, advierte que si se pone la vista en los acercamientos de paz con las AGC la primera variable de la que hay que partir es que esta agrupación tiene copado casi una tercera parte del territorio nacional, en gran medida correspondiente al departamento.

“Las AGC están en cerca de 340 municipios de Colombia, lo que equivale a entre un 30 y 35% del país”, señala Zapata, recordando que ese poderío evidencia la necesidad de tenerlos en cuenta a la hora de pensar en un escenario de paz.

Sin embargo, tal como el mismo Gobierno lo ha admitido, el analista recuerda que esa presencia contrasta con la dificultad del Estado para llegar a los territorios más apartados, en los que, además de la Fuerza Pública, entidades como la Fiscalía y la Procuraduría aún mantienen una reducida infraestructura para confrontarlos.

A su juicio, si bien los acercamientos de paz del Gobierno son importantes, la deuda de fondo que sigue revelando tanto la situación en el Urabá antioqueño como en el Bajo Cauca es la ausencia de la institucionalidad, que a largo plazo es la única garantía para que, incluso de concretarse algún tipo de acuerdo o sometimiento, las estructuras armadas no muten y la guerra no termine reciclándose, como ya ocurrió con las deficiencias de las extintas Farc que no se sumaron al acuerdo de paz y hoy hacen parte de los grupos que se disputan el territorio.

“Hay una expectativa en que el escenario de la paz se dé, pero la pregunta es cómo se puede impedir que otras estructuras, terminen consolidándose y controlando el territorio. El escenario de la paz es posible, pero lo que vendría después de esto es cómo el Estado ejerce su soberanía territorial”, apuntó Zapata.