Ganaderos despojadores de tierras en Urabá, volverán a dar la cara a la justicia transicional
Por Noticias UrabáUna de las páginas más oscuras de la guerra en el Urabá antioqueño se vivió en Tulapas, en el norte de esa subregión. Esta zona, conformada por 58 veredas repartidas entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, fue un bastión paramilitar a finales de la década de los noventa.
Tulapas fue un laboratorio del terror para sus pobladores, quienes padecieron, entre muchas formas de violencia, el despojo de más de 40.000 hectáreas de tierra, según cuentas de la Unidad de Restitución de Tierras.
La maraña para hacerse con fincas en la región e ir adquiriendo poder era parte de una red en la que confluían las amenazas de los paramilitares a los campesinos y el trabajo de personas como Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño y cabeza administrativa de esa casa paramilitar, cuya transacción final llegaba al Fondo de Ganaderos de Córdoba, que conocía -de acuerdo con varias versiones- el fraude para hacerse de las tierras.
Ese entramado ha pasado por manos de Justicia y Paz y por la Fiscalía General de la Nación, que en 2014 capturó a los exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Molina Velarde, Carlos Sotomayor Hodge, Orlando Fuentes Hessen y Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán.
Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la encargada de evaluar por qué Tulapas, entre 1997 y 2005, fue convertida en una base paramilitar deshumanizante, al servicio de la trampa convertida en ley.
El próximo martes 6 de diciembre, exdirectivos de ese fondo y otros terceros civiles aliados rendirán testimonio colectivo ante la Sala de Reconocimiento de la JEP para explicar en detalle este patrón criminal.
Entre ellos están: Molina Velarde, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba; Carmelo Esquivia Guzmán, exabogado del Fondo; Jaime García Exbrayat, exdirector de la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y del San Jorge -esa entidad actuó en connivencia con el Fondo en los despojos-; Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba, y el empresario Luis Gonzalo Gallo.
La red para el despojo
En 1997, los “paras” estaban en una guerra a muerte contra las Farc y grupos herederos del Epl. Para ganar el control territorial del Golfo de Urabá se valieron de todas las estrategias delictivas. De acuerdo con confesiones de Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz, los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil ordenaban adquisiciones forzadas de fincas en Tulapas, para obtener influencia y de a poco hacerse dueños de la región: “O vende o nos entendemos con la viuda”, era la amenaza recurrente a campesinos que no podían hacer nada para mantenerse en sus hogares.
Al tiempo, Carlos Mauricio García, Doblecero, comandante del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se movía entre el oriente antioqueño y el Urabá para combatir a la guerrilla.
La otra pieza clave en los despojos en Tulapas fue Sor Teresa Gómez. Un informe de la Superintendencia de Notariado y Registro detalla que esta mujer fue la “encargada de ejecutar centenares de despojos jurídicos, conseguidos por medio de fraudes realizados por el Fondo Ganadero de Córdoba”.
Ese tipo de trámites se fue sistematizando y normalizando en notarías antioqueñas. Buena parte de estos modos de operar fueron descritos por Fredy Rendón Herrera, el Alemán, ante el Tribunal Superior de Medellín, en septiembre de 2011. En su comparecencia, el exjefe paramilitar reconoció que centenares de campesinos eran llevados a distintas notarías a la fuerza, “allí encontraban firma de poderes con grupos comisionistas supuestamente autorizados por las familias despojadas. La transacción final era para Sor Teresa o para el Fondo de Ganaderos”.
Años más tarde esta versión fue reiterada en otra sala del tribunal: “Sor Teresa Gómez, la cuñada de los Castaño y pieza clave en el despojo de tierras en Córdoba y Urabá, fue una empleada del Fondo Ganadero, uno de los más poderosos del país (…). Los directivos de esa entidad conocían el origen espurio de las propiedades que estaban comprando”. Esta es parte de una sentencia de Justicia y Paz, del 9 de diciembre de 2014, en la que Jesús Ignacio Roldán, Monoleche, testimonió de forma detallada la connivencia entre paramilitares y directivos del Fondo Ganadero de Córdoba para ejecutar despojos a campesinos en Tulapas. Un caso que comenzó hace 25 años con la compra de la finca El Engaño, según el Grupo de Análisis de Información de la JEP.
El proceso en la JEP también ha ido avanzando. El 21 de mayo de 2021, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le otorgó libertad condicionada y transitoria a Molina Velarde, quien fue expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba y compareciente ante la justicia transicional desde 2020 como tercero civil partícipe en despojos de tierras en Tulapas entre 1994 y 1998.
De acuerdo con esa sala, Molina Velarde describió “preliminarmente las redes de apoyo político local y regional del grupo armado ilegal (Accu y su transición hacia Auc) para la concreción del plan criminal y el fortalecimiento del proyecto paramilitar”.
Las familias acreditadas en este flagelo, inscritas en el macrocaso 04 (que investiga las afectaciones territoriales en el Urabá), le dieron un espaldarazo a esta decisión, en tanto el ganadero siguiera dando aportes a la verdad, a su reparación integral y al cumplimiento de garantías de no repetición.
La magistrada Nadiezhda Henríquez, togada que citó la diligencia de la JEP del próximo 6 de diciembre, dijo que esta audiencia colectiva será un ejercicio dialógico que “permitirá conocer cómo el Fondo con detalles comprendió y participó en estos hechos macrocriminales perpetrados en la región de Tulapas” y si las cifras de afectaciones que tienen desde Restitución de Tierras coinciden con bases de datos de la justicia transicional, para que eventualmente las medidas de reparación sean eficientes.
Benito Osorio Villadiego también rindió testimonio en enero de 2022, y dijo que hay nexos entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y uno de los negociadores del Gobierno con el Eln, y Salvatore Mancuso en temas de despojos en Urabá.
“Falta verdad”, dicen las víctimas
La Asociación de Víctimas y Reclamantes de Tierras y Paz es el colectivo acreditado en la JEP con mayor afectación en cuantías tras los despojos paramilitares. De acuerdo con esta organización, en sus destierros perdieron cerca de 10.000 hectáreas (el 25 % del total de despojos en Tulapas) y sus pedidos de justicia han estado acompañados de amenazas contra su integridad.
Una de sus principales lideresas es Ayineth Pérez, sobreviviente de la violencia paramilitar y armada por ser reclamante de tierras. En entrevistas no ha dejado de defender su territorio, asegurando además que vivimos en un país que pareciera congelado en el tiempo. Tenemos los mismos problemas que en 1998. Me siguen amenazando por defender a más de 500 familias despojadas, reclamo lo justo, no pido más y lo único que quiero es que haya justicia y que no me saquen nunca más de acá. Soy de acá y moriré acá”.
Además, señaló que “el señor Osorio Villadiego no mintió cuando dijo todo lo que dijo en la JEP. Falta más, porque no solo hay favores políticos en el medio de nuestros despojos. Faltan nombres y datos. Aun hoy hay notarías en Medellín y otras zonas de Antioquia que ponen trabas para cumplir con procesos de restitución. Ahora es el día que no han parado las intimidaciones en contra mía, de mi esposo y de mis hijos, cuando el 10 de noviembre de 2021 impulsé mayores diálogos con la Comisión de la Verdad para que supieran más detalles de los despojos de nuestras casas. Los señores que hablarán el martes están amenazados, hay que cuidarlos porque con ellos hay muchas verdades por contar”.
Pérez no pide restricción de identidad ante la prensa desde hace años, pero ese es un lujo que prefieren no darse otros líderes que desde San Pedro de Urabá y Necoclí no han dejado de reclamar tierras que les fueron despojadas hace más de 20 años y que por un clamor de justicia son blanco de amenazas constantes contra su vida. Algunas de estas intimidaciones están firmadas por las Agc o Clan del Golfo.
Por ejemplo, Miguel*, cultivador bananero de San Pedro que fue despojado de su finca en 2003 y en su pueblo lo ven como uno de los voceros más importantes de las ocho veredas de su municipio que forman parte de Tulapas. No cree mucho en el resarcimiento de los ganaderos que comparecerán ante la JEP, pero cree que el hecho de volver a este caso visible a nivel nacional, de nuevo, es algo que le puede salvar la vida.
“Benito Osorio tiene a sus espaldas una condena de 19 años por participar como gobernador de Córdoba en lo que nos hizo. No confío del todo en sus intenciones de contar cosas… pero ya nos dimos cuenta de que es capaz de encochinar a su gente. Me preocupa que ni él ni nadie ha hablado de los políticos que le pagaban a Carlos Mario Jiménez, Macaco, para que nos sacara de nuestras casas. La semana pasada nos contactó uno de los abogados de los ganaderos para decir que seguramente hablarán de Macaco en la JEP. Pagó condena por otros hechos, pero ahorita no puede seguir con ideas de ser gestor de paz sin darles la cara a quienes despojó con la ayuda de los ganaderos. Puntualmente me refiero a Benito Molina, uno de los lavadores de activos favoritos de los Castaño. Creo que si hablan con verdad la JEP verá que seguimos en riesgo y buscará forma de protegernos. Muchos de nosotros no nos identificamos, pero estaremos el martes pendientes de que por fin haya gestos reales de reparación”, denunció.
