El ministro de Defensa cree que la fuga de ‘Otoniel’ era inminente

El ministro de Defensa, Diego Molano, responde por críticas a la extradición de ‘Otoniel’. Asegura que preparaba un operativo de fuga con planes que organizaba a punta de mensajes que enviaba entre su ropa. Y que lo que hizo el general Zapateiro con su airada respuesta a Petro fue, como lo permite la Constitución, salir en defensa de la moral de sus tropas.

Ministro: ¿cree que ‘Otoniel’ se iba a escapar, tarde o temprano, si no lo extraditábamos a EE. UU.? La violencia y extensión del paro armado desatado como retaliación por el ‘clan del Golfo’ no dejan dudas de su poderío…

‘Otoniel’ tenía planes para fugarse. No solo tuvimos evidencia de que miembros del clan y sus familias empezaron a comprar apartamentos cercanos a la Fiscalía para hacer observación, sino que detectamos que, a través de su ropa, mandaba mensajes a alias Siopas y a alias Chiquito Malo, para dar datos del sitio donde estaba recluido.

Las acciones jurídicas para evitar su extradición, que llegó a aceptar una sección del Consejo de Estado, que debería estar dedicada a resolver problemas laborales y pensionales, evidenciaron que la cosa iba en serio. Además de abogados, intervino también el propio ‘clan del Golfo’…

Por supuesto. Organizaban a las víctimas alrededor de este requerimiento, todas de la misma zona de Urabá donde ‘Otoniel’ tuvo gran influencia. Ejecutaban todo tipo de planes dilatorios para evitar la extradición.

El paro armado: ¿‘Otoniel’ lo dejó armado? ¿O lo sigue coordinando desde EE. UU.? ¿O lo están armando sus sucesores?

Las retaliaciones de los reductos del ‘clan del Golfo’ evidencian que la captura y la extradición de ‘Otoniel’ fueron golpes que lo han fracturado. Hay dos facciones, con alias Siopas y ‘Chiquito Malo’, que, sin el mando centralizado, ya se están disputando las rentas criminales y quieren abrirse sus propios espacios. A esa fractura ya le salió competencia, la de alias Gonzalito, que también entró en la disputa. La retaliación es para mostrar su poderío y, por supuesto, no se la vamos a permitir. Por eso, por instrucciones del presidente Duque se creó este fin de semana ese bloque de búsqueda especial contra los reductos del clan, con apoyo de Ejército y Policía.

Pero, caramba. Mirando la magnitud de la zona del país que está siendo afectada, este señor sí puede compararse en peligrosidad a Pablo Escobar, algo de lo que muchos se han burlado…

A estas alturas están concentradas esas actividades en Antioquia, Sucre, Córdoba, el bajo Cauca y el Urabá. Indudablemente, este es uno de los peores narcotraficantes y con una estructura más sofisticada en su capacidad de infiltrar a la población. No solo tenía el negocio del tráfico, sino del micro-tráfico, y manejaban extorsiones en cabeceras de municipios. Con esas cadenas de extorsión, si el comerciante no cierra, lo matan. Por eso es tan importante la tarea de este bloque de búsqueda.

Pues se fue ‘Otoniel’. Y deja por detrás una cantidad de sospechas de que lo querían silenciar, porque había empezado a hablar contra una cantidad de personas e instituciones. ¿Algún día las víctimas de ‘Otoniel’ van a poder seguir jalando esa pita de la verdad?

Claro. Lo que quedó en evidencia es que en Colombia opera la Fuerza Pública y también opera la justicia, y la extradición fue una consecuencia de los delitos internacionales que él cometió. Pero yo respondería lo siguiente, a quienes han hecho críticas a la extradición: lucharemos para que se sepa la verdad sobre todas sus actividades criminales a lo largo de estos veinte años de carrera criminal. Nadie más interesado que el propio Gobierno en saber si la Fuerza Pública fue inflitrada. Nadie más interesado en sus relaciones con el narcotráfico. En saber acerca de su capital y dónde lo tiene invertido. En las acciones que hizo para desplazar población. En la vulneración de los derechos de las niñas abusabas sexualmente. En el asesinato de líderes sociales y policías. Cuando ‘Otoniel’ pague su pena en EE. UU., tendrá que venir a responder acá.

Eso es bastante relativo. ‘Otoniel’ puede llegar a tener hasta 50, 60 años de cárcel en EE. UU., y nunca volver a salir de un hueco donde lo van a meter. ¿Cómo vamos a conocer la verdad?

Está aprobado, por los mecanismos de cooperación judicial, que quienes están pagando sus penas en Estados Unidos pueden participar de los procesos judiciales en Colombia. Se hizo en Justicia y Paz con los paramilitares extraditados. En cuanto a los que dicen que el Gobierno tenía afán de extraditarlo para que no hablara, pues, si así fuera, no lo hubiéramos capturado.

Por otro lado, salió ‘avanti’, con muy buenas mayorías, de la moción de censura en la Cámara de Representantes. ¿Qué lección le dejó?

La votación contundente y mayoritaria en la Cámara lo que significó fue un voto de confianza de los colombianos al papel de la Fuerza Pública. En Putumayo evidenciamos que comenzó a gestarse con las disidencias de las Farc una nueva realidad, que no es simplemente un problema de narcotráfico en un municipio pequeño, como Puerto Leguízamo, sino que estas disidencias, bajo el mando de alias Iván Márquez, buscan desde Venezuela retomarse a Colombia desde el Putumayo. Buscan subir por Caquetá, por Guaviare, para llegar a Cauca. Y la base son los Comandos de Frontera. La operación iba en contra de esa estructura criminal y narcotraficante en el Putumayo.

La oposición dijo que el debate no era contra las Fuerzas Militares, sino contra usted…

Era contra las Fuerzas Militares. Durante la administración del presidente Duque se han hecho diez mociones de censura. Siete de ellas han sido contra las Fuerzas Militares y sus operaciones. Por supuesto, es función del Congreso hacer control político, pero lo que queda en evidencia es que hay un grupo que desde la institucionalidad quiere deslegitimar a otra institucionalidad que le incomoda. Por eso, la Fuerza Pública es objeto de ese tipo de cuestionamientos permanentes por parte de un sector pequeño, pero ruidoso, para enlodar la imagen y afectar la legitimidad de la Fuerza Pública, con cualquier tipo de operación militar en donde no se entienden las realidades, o se tergiversan. Es evidente que se busca limitar la capacidad de los bombardeos. En este caso del Putumayo, tuvimos que asumir nuevas realidades: estas disidencias quieren mimetizarse mezclándose con la población civil, vestidos de civiles, pero utilizando armas.

Sí, igual a cuando se protegen con niños… Pero, en este caso concreto del Putumayo, se han denunciado supuestas bajas de civiles, desarmados e indefensos, como una señora embarazada, en avanzado estado de gestación…

Esta operación fue planeada con el propósito de desarticular las disidencias de las Farc, y no contra los civiles. En varias de las veredas, como el caso del Alto Remanso y el Bajo Remanso, presionan y constriñen a los campesinos para que cultiven. Luego, para que instalen laboratorios que produzcan pasta de coca. Después, los convocan a supuestas reuniones sociales, o, en este caso, a bazares, a los que tienen que llevar la pasta de coca. Si no la llevan, les ponen multas. Les pagan por ella, con whisky (sesenta botellas encontraron ahí) y con burdeles, que surten con trata de personas, niñas no solo de Colombia sino las que traen de los países que quedan en esa triple frontera, con Perú, Ecuador y Venezuela.

¿Cómo se hace para que los constreñidos campesinos no caigan como bajas colaterales?

Esta operación se planeó durante más de 15 días, con un grupo de inteligencia insertado en la selva para poder vigilar el punto. En el combate hubo una reacción armada contra el Ejército. Al Congreso asistimos acompañados de uno de los soldados que, herido, casi pierde un brazo, y narró: “había un civil, yo no le disparé, pero luego él sí me disparó a mí”. Aquí se aplicaron todos los principios del DIH, el principio de distensión, el principio del uso proporcional de la fuerza. Pero esta operación era necesario realizarla, para liberar al Putumayo de ese azote y de esa esclavitud.

Pero, digamos, no se ha liberado aún, porque esa estructura es muy grande. Fue apenas un golpe…

Pero el Estado no puede dejar de darlo. Tres meses llevaba el Putumayo, con más de 23 eventos de masacres y homicidios. En los consejos de seguridad se le ha dicho al Ejército que tiene que actuar. Las alertas tempranas de la Defensoría lo advierten: tiene que actuar.

¿Hay algo que justifique que una mujer en avanzado estado de embarazo muera en un ataque del Ejército?

Nadie en Colombia debería morir por ninguna acción de violencia, mucho menos cuando son estos grupos los que usan e instrumentalizan a los civiles. La operación se hizo contra la estructura de las disidencias.

¿Y la mujer era de la estructura?

Sobre los once muertos en desarrollo de las operaciones, será la Fiscalía la que determine si tienen una relación directa, si era una red de apoyo de la estructura, si hubo algún daño incidental.

(Además: El reto al país del clan que mueve el 60 % de la droga que sale al exterior)

¿Es cierto, como lo aseguran algunos medios, que existe un malestar en Ejército y Policía por la posibilidad de que el elegido en Colombia como Presidente sea Gustavo Petro?

Lo que puedo decir como ministro de Defensa, y bajo las instrucciones del presidente Iván Duque, es que la Fuerza Pública, como manda la Constitución, no es deliberante. La instrucción es proteger a todos los colombianos, en su vida, honra y bienes.

Es decir, ¿usted, como ministro de Defensa Civil, nos garantiza que nuestras Fuerzas Militares respetarán el fallo de las urnas, sea el que sea, y que no se van a presentar lo que llaman “golpes secos”, si gana Petro?

Esa ha sido la tradición, así han sido formados, así obran, y ese es el espíritu: garantizar las instituciones en la democracia.

Venimos del enfrentamiento Zapateiro-Petro. Es claro que el General no aguantó tantos ataques y contestó. Pero, obviamente, no podía hacer eso. Salirse de chiros. O del uniforme, perdón. ¿Qué consecuencias va a tener?

Zapateiro es un soldado que hoy tiene el rango de General. Y como General, tiene una misión, además de las que se le asignan: garantizar la moral de la tropa, que es fundamental para las fuerzas. Ella se garantiza con legitimidad. Lo que no puede seguir sucediendo en Colombia es que, de forma permanente, se ataque o se busque deslegitimar a la Fuerza Pública haciéndole señalamientos a los que no respalda ningún procedimiento judicial, y que no se dé un debido proceso. De hecho, el artículo 219 de la Constitución dice claramente: la Fuerza Pública no puede ser deliberante, excepto en aquellas situaciones para defender la moralidad de sus propias tropas. Y eso fue lo que hizo el general Zapateiro. Ir más allá de eso, no lo puede hacer. La reflexión de fondo es que la Fuerza Pública no debe ser objeto de ataque permanente por parte de algunos sectores políticos, buscando minar y erosionar su legitimidad. Que acudan a los medios judiciales, en lugar de dedicarse a lanzar alusiones o falacias públicas, que erosionan su legitimidad.

O sea, el general Zapateiro encontró respaldo en el Gobierno, porque él, según usted, está en una de las causales en las que la Constitución le permite romper la no deliberancia política, por defender la moral de las tropas…

Exactamente.

Ministro, quiero terminar con una pregunta un poquito ‘light’. Yo estoy viendo una serie que me ha encantado en Netflix, que se llama ‘Chicago P. D.’. En ella todos los malos vienen de Colombia. ¿Qué siente cuando ve eso, que todos los narcos, los asesinos, los sicarios, vienen de Colombia?

Los orígenes de esta violencia los generan el narcotráfico, y por eso lo combatimos todos los días. No he visto la serie, pero estoy seguro de que me la veré, pensando en que en Colombia somos muchos más los buenos.