Por el paro armado, los gremios de transportadores han sido los más afectados y son quienes han reportado daños a sus vehículos y carga, que alcanzan afectaciones millonarias por incineración de vehículos y pérdida de la carga.
Por ejemplo, los transportadores de carga y su logística agremiados en Colfecar reportaron, a través de un comunicado, pérdidas superiores a los $13 mil millones, a raíz del paro armado que se registró en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Atlántico.
La presidente ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández Jiménez, indicó que esa cifra es sobre la incineración de los vehículos, sin contar el valor de la carga.
“Confiamos en que aparte del cubrimiento de la póliza de terrorismo que deben tener nuestros transportadores también se refuercen las acciones de acompañamiento del ejército y la policía en las caravanas que se han programado para garantizar la movilidad por las diferentes carreteras del país”, señaló Hernández Jiménez.
La dirigente gremial lamentó también el asesinato del conductor Giovanni Grandas Torres que se movilizaba por la vía Bosconia, y el estado de salud de los conductores que están gravemente heridos, igualmente lamentó las afectaciones a la población civil.
Antioquia
Las vías del departamento de Antioquia han sido algunas de las más afectadas en el país por el paro armado, sobre todo las que conducen hacia el Urabá y la Costa Atlántica.
De acuerdo con Anderson Quiceno, director del Grupo Empresarial de Transportadores de Antioquia (GTE), las pérdidas económicas ascienden a los $500.000 millones.
“La situación en el departamento es compleja. Las pérdidas millonarias que como gremio calculamos abarcan el cierre de los comercios en muchos municipios de Antioquia, la quema de vehículos, la pérdida de la carga, y el lucro cesante y daño emergente que causan estas acciones violentas”, indicó Quiceno.
Y si bien aún no se han presentado bloqueos en las carreteras, el líder gremial afirmó que muchos conductores de carga pesada tienen temor de transitar por las vías del departamento, por lo que tienen sus vehículos en los parqueaderos hasta que se den las condiciones de seguridad para circular con normalidad.
El paro armado
El paro armado, que comenzó el jueves 5 de mayo e irá hasta este martes 10, se realiza en represalia por la extradición a EE. UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, un día antes.
Ese grupo ha restringido el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército, en varios departamentos de Colombia.
Desabastecimiento
La Asociación de Personerías del Bajo Cauca denunció este fin de semana que habitantes de seis municipios de esa región han estado confinados sin posibilidad de abastecer sus necesidades básicas.
“Al tercer día del paro armado tenemos desabastecimiento de alimentos, suspensión de los servicios públicos en salud y educación. Tenemos situaciones como la imposibilidad de transportar cadáveres, víveres. Urge que la Fuerza Pública salga a las calles a generar tranquilidad”, indicó un comunicado de la asociación.
Asimismo, según la revista Semana, la afectación se ha agudizado por la escasez de gas a razón de que las cápsulas que los distribuyen no pueden transitar por la alteración del orden público. Con base en los informes de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), son 86.000 familias distribuidas en 13 municipios las que no cuentan con el servicio. De igual manera, la compañía prevé una situación similar en siete localidades.
Rechazo gremial
El Consejo Gremial Nacional, mediante un comunicado, rechazó de categóricamente los actos de violencia ocurridos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y Magdalena durante el paro armado y envía un mensaje de solidaridad a las familias que se han visto afectados por la ola de terrorismo.
“Con la mayor preocupación y urgencia se solicita a la fuerza pública y a las autoridades la protección a productores, empresarios, trabajadores, transportadores y en general las comunidades afectadas”.
A los rechazos se unió la Andi. Bruce Mac Master, presidente del gremio que asocia al tejido industrial del país, señaló que la intimidación, las amenazas y los ataques a la población civil son totalmente inaceptables. “Las personas necesitan poder movilizarse con tranquilidad para conseguir su sustento. Este tipo de acciones afecta directamente el derecho de trabajar, y eso tiene consecuencias para las familias“.
Agregó que se han registrado afectaciones a la propiedad privada que no se pueden tolerar. Precisó: “No debemos olvidar que con estas acciones se vulneran los derechos de millones de colombianos y que estamos en un momento de atender las demandas sociales al tiempo que volvemos a muchas de las actividades laborales sin restricciones”.
