El paro armado pone a la vista la dificultad del Gobierno para garantizar la seguridad en Colombia

El «paro armado« del Clan del Golfo, que tiene sometidas vastas regiones del norte y el noroeste de Colombia, pone de manifiesto la dificultad del Gobierno para garantizar la seguridad en las zonas de conflicto, a merced de las decisiones de la principal banda criminal del país.

La situación es tan delicada que el Ejército está escoltando caravanas de vehículos en nueve carreteras del país, especialmente en las regiones del Bajo Cauca y del Urabá del departamento de Antioquia, para evitar que sean incinerados o tiroteados por esa banda dedicada al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal.

Esas regiones son el mayor bastión del Clan del Golfo, tanto así que incluso su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», cuya extradición a EE.UU. fue el detonante de esta arremetida criminal, fue detenido allí en octubre pasado, y por ellas pasa la carretera que conecta a Medellín con la Costa Atlántica.

Otros departamentos que aparecen entre los más afectados por las acciones violentas son Sucre, Bolívar, Atlántico y Córdoba, donde también las Fuerzas Militares y la Policía ejecutan un plan para tratar de retomar el control.

En los llamados «paros armados» los grupos criminales suelen restringir el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército.

Sin embargo, ni siquiera los «paros armados» realizados en los últimos años por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían sido tan fuertes como el que vive hoy Colombia, ni habían afectado tantas regiones al mismo tiempo.

Tensión en Montería

Una de las situaciones más preocupantes se vive en Montería, ciudad de más de 400.000 habitantes y capital de Córdoba, donde los comercios cerraron el viernes y los colegios y las universidades tuvieron que cancelar clases por la tensión.

La preocupante situación en este municipio llevó al Deportivo Independiente Medellín (DIM) a no viajar allí para el partido contra Jaguares que estaba programado para este sábado porque «no se puede garantizar la seguridad de la delegación».

Incluso el canal Win Sports, que transmite los juegos de la liga colombiana, dijo que si el partido finalmente se disputa, no habrá transmisión de televisión porque «la situación de orden público presentada actualmente en la zona imposibilita la llegada de la unidad móvil a la sede de este compromiso y no garantiza la plena seguridad de nuestros colaboradores».

Frente a lo sucedido en esa ciudad, el ministro de Defensa, Diego Molano, publicó un video en el que se ve policías y militares armados con fusiles patrullando las calles para garantizar que los comerciantes puedan abrir sus negocios en el centro de la ciudad.

«En el centro de Montería, soldados de la Brigada 11 del Ejército y la Policía se encuentran en las calles para garantizar la reactivación del comercio y la tranquilidad de los ciudadanos como lo anunciamos ayer. No nos intimidan los criminales cobardes», expresó el ministro en Twitter.

Violencia en Antioquia

El departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, también ha sufrido el «paro armado», tanto así que en localidades como Currulao, que hace parte del municipio de Turbo, hubo un hostigamiento contra la estación de Policía.

Por su parte, la compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM) señaló que hasta el momento hay 12 municipios de Antioquia que no cuentan con el suministro de gas natural, por lo que hay 77.372 usuarios afectados en todo el departamento.

«Continuamos con afectaciones del suministro del gas en el departamento (…) por las condiciones del ‘paro armado’ que estamos viviendo y que nos lleva a esta situación por razones de seguridad», dijo Diego Montoya, vicepresidente del gas de EPM.

No obstante, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que las acciones tomadas por las autoridades están propiciando que la situación vuelva a la normalidad en los municipios de la región del Urabá y el Bajo Cauca.

Según Gaviria, están ejecutando acciones en cuatro ejes fundamentales: el reabastecimiento de los servicios de agua y de gas, así como el de alimentos y de los servicios de salud.

Crecimiento del Clan del Golfo

El año pasado, el presidente Iván Duque dijo que con la detención de Úsuga «se marca el final del Clan del Golfo», pero la situación hoy muestra lo contrario en las regiones donde opera el grupo.

En el informe «Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque», publicado el mes pasado, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señala que pese a la detención en octubre pasado de su líder, el Clan del Golfo sigue siendo el mayor grupo criminal del país, con presencia en 241 municipios de Colombia.

«Con la captura de ‘Otoniel’ el Clan del Golfo no se vio afectado de manera estructural, ya que no ha sido visible una desestabilización organizacional como consecuencia de dicho hecho», dice el documento.

El informe señala que tras la desmovilización de las antiguas FARC por la firma del acuerdo de paz de 2016, el Clan del Golfo ocupó los vacíos que dejó la guerrilla en muchos territorios.

Hoy esa banda opera «a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes (1.461 armados y 1.799 en el componente criminal focalizado)» y con este «paro armado» ratifica que su fin, por el momento, no está cerca.